La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, celebró que todas las denuncias impulsadas por su organización contra la gestión del intendente Miguel Prieto fueron confirmadas tanto por la Contraloría General de la República como por el interventor Ramón Ramírez, quien recientemente ratificó la existencia de múltiples irregularidades en la administración municipal.

Montiel refirió que la Contraloría General es la máxima autoridad en materia de control de las instituciones públicas y consideró que las conclusiones del interventor no hacen más que reafirmar las denuncias presentadas desde el inicio de la gestión de Prieto. “Por fin va a haber un poco de Justicia con Ciudad del Este, porque son los contribuyentes los que están perdiendo en este momento”, concluyó.

Montiel apuntó directamente a la gestión de Prieto, a quien acusó de haber montado un esquema en la comuna esteña para evadir los sistemas de Contrataciones Públicas y el control ciudadano. Según denunció, la municipalidad publica solo los montos de las obras, pero omite datos clave como la ubicación geográfica y otros detalles que permitirían una fiscalización efectiva.

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“Estamos tranquilos, todas las denuncias que hemos hecho se han confirmado, desde un principio estaba segura de que iba a ser así”, expresó Montiel en contacto con La Nación/Nación Media, quien destacó el trabajo que viene realizando el interventor y quien trajo consigo a técnicos que validaron los cuestionamientos realizados previamente por el ente contralor.

A su vez, aseguró que existe un desmoronamiento en la popularidad de Prieto, de lo cual ya hubo indicios en las últimas elecciones generales, cuando el candidato respaldado por el jefe comunal perdió la contienda por la gobernación del Alto Paraná. “Muchos de los que le defendían hoy nos dan la razón, él tiene muchos aduladores y chupasangres que también se benefician de su administración y son ellos los que le dan la falsa expectativa de que sigue siendo querido”, manifestó.

“El intendente es un mentiroso compulsivo, mostró su verdadera cara cuando asumió la intendencia y cometió todas estas irregularidades y actos de corrupción”, arremetió Montiel, señalando además que las críticas de Prieto hacia la Contraloría Ciudadana siempre buscaron desprestigiar al equipo que ella representa.

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En la mañana de este viernes, una comitiva policial y fiscal encabezada por la representante del Ministerio Público, Laury Vázquez, quien lleva adelante las investigaciones en torno al caso de homicidio de Melania Moserrat, se presentó en la vivienda del adolescente, constatando que no se encontraba en el lugar.

En conversación con el programa “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el comisario Arnaldo Vega, subjefe de investigación de Yuty, confirmó que al llegar al sitio y preguntar por el joven, la madre manifestó que no sabía dónde estaba y que habría pasado la noche fuera.

“Volvimos a hablar con la madre del menor y comentó que su hijo se quedó en la ciudad de Caazapá para un estudio neurológico y que, posterior a eso, se estaría presentando el joven al juzgado. Según la madre, el chico se quedó con su abogado defensor”, manifestó el comisario Vega.

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Explicó que los efectivos policiales igualmente realizaron la inspección de la vivienda y de toda propiedad para corroborar que el joven no se encontraba ahí. Especifico que el joven es de interés en el caso, ya que existen testimonios de que el mismo habría sido visto en la zona donde se dio el hallazgo del cuerpo de la menor, pero que estas declaraciones aún deben ser corroboradas por los investigadores.

El día de ayer ya la comunidad yegreña habría alertado a las autoridades de la posible fuga del menor y existe la información de que el mismo habría sido visto en la noche de ayer en la terminal de ómnibus de la ciudad.

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A través de una carta, el grupo ciudadano denominado “Yegreños unidos” se comunicó el día de ayer con la fiscal Laury Velázquez, encargada del caso de la niña asesinada Melania Monserrath, con el objetivo de informar sobre la presunta intención de uno de los sospechosos fugarse de la ciudad.

En el escrito se explica que integrantes de este grupo habían recibido la información de que el adolescente de 17 años, que es hermano del único imputado en torno a este caso y que ahora surgía como sospechoso de ser cómplice del hecho, tendría intenciones de fugarse en la noche de este jueves de la zona donde reside junto con su madre.

“Según datos que se habrían filtrado, su abogada le habría aconsejado a su defendido que se ausentara de su domicilio por al menos dos semanas; más aún, según la información que me llegó, existiría la intención de fugarse durante la noche de hoy. Por tratarse de un dato delicado y de potencial riesgo procesal, me siento en la obligación de informarlo”, reza parte de la carta firmada por el representante del grupo ciudadano, José Luis Rodríguez Serafini.

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El joven habría sido convocado el día de ayer por los representantes del Ministerio Público para una inspección médica y recolección de muestras, a la cual el joven se negó una vez que se iba a dar inicio a esta diligencia y fue apoyado por su madre, que manifestó que no lo obligaría a cumplir con esta solicitud.

El mismo habría surgido como sospechoso luego de haberse realizado el segundo allanamiento a la vivienda que comparte con su madre y su hermano Marcelo Giménez, quien ya fue imputado y fue sometido a la inspección médica. Cabe destacar que durante los procedimientos se recolectaron varias prendas y otros indicios que lo vincularían al lugar del crimen, por lo que hasta el momento se mantiene a su hermano adolescente como sospechoso de ser su cómplice.

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“Hay una abierta inconsistencia entre su discurso, su gestión y sus obras”, dijo el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, tras acusar al intendente Miguel Prieto de impulsar junto con sus aliados políticos una "campaña de desobediencia" en la localidad, principalmente en obstaculizar el proceso de recaudación de la comuna.

“Alentamos a la ciudadanía que no se deje amedrentar y que se acerque a la institución para cumplir con sus obligaciones (pago de impuestos). Vamos a intensificar los procedimientos en el área de las recaudaciones. Sabemos que existe una campaña en contra y esto incluso puede calificarse como una campaña de desobediencia a las normas vigentes“, expresó el economista en una entrevista con la radio Tribuna.

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Ramírez mencionó que, ante dicha situación, finalmente serán los funcionarios de la municipalidad y la población en general los más afectados, teniendo en cuenta que ante la falta de ingresos será difícil zanjar las deudas con proveedoras, el pago del salario y la continuidad de los servicios.

“Esta es la situación que enfrentamos y la tenemos que administrar. Me espanta la desprolijidad administrativa de una ciudad, una capital tan grande como es Ciudad del Este. Hay una discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. A la ciudadanía que ellos dicen defender les boicotean exigiendo, incluso a sus adeptos, a no cumplir con sus obligaciones“, lamentó.

En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, Prieto envío la semana pasada a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en su gestión.

“Estamos haciendo un trabajo técnico y profesional. Queremos seguir con nuestro cronograma y completar profesionalmente esta intervención. Estamos trabajando sin estar en contra ni a favor de nadie. Los informes se establecerán con pruebas concretas“, puntualizó Ramírez.

Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

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