Un presunto hecho de homicidio doloso perpetrado con arma blanca es investigado por agentes del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios, tras la muerte de un hombre de 30 años ocurrida en el barrio Santa Ana de Asunción. La víctima fue identificada como Ángel Adrián Sánchez Quintana falleció a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

En el marco de las averiguaciones, los investigadores identificaron a dos presuntos autores del hecho. Se trata de Alexis Ramón Saldivar Ríos, mayor de edad, quien registra antecedente por hurto seguido de violencia, y Julio César Saldivar Ríos, de 34 años, sobre quien pesa una orden de detención por violencia familiar y además cuenta con antecedente por robo agravado.

De acuerdo con los datos recabados por los intervinientes, el hecho se registró sobre la calle Paraguarí del barrio Santa Ana, en la capital del país. Tras tomar conocimiento del caso, agentes de la Oficina Central del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

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La víctima, Ángel Adrián Sánchez Quintana, registraba antecedentes por hurto agravado y coacción grave, según consta en los registros policiales.

En el procedimiento intervino la asistente fiscal de la Unidad Penal N.° 1, Sector 1, de Asunción. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrió el crimen e individualizar a los responsables para ponerlos a disposición de la Justicia.

Una jornada que debía ser deportiva terminó en un episodio de violencia desmedida en la ciudad de Luque. Al finalizar un partido de la categoría reserva, disputado este domingo 21 de junio, se registró una batalla campal que dejó como saldo un agente de la Policía Nacional con una herida de gravedad y a un árbitro víctima de agresión física.

Según el informe preliminar de las autoridades, el incidente tuvo su génesis alrededor de las 13:00, cuando integrantes de ambos equipos iniciaron una pelea que rápidamente escaló de intensidad, involucrando a los simpatizantes presentes en las gradas.

El jefe policial interviniente detalló que, pese a los esfuerzos iniciales por controlar la situación mediante técnicas de persuasión, los efectivos fueron superados en número por la cantidad de personas involucradas.

En medio del tumulto, un uniformado resultó con una lesión en la cabeza que requirió ocho puntos de sutura, mientras que uno de los jueces del encuentro confirmó haber sido blanco de agresiones físicas durante el desorden.

A pesar de la magnitud de los disturbios, el procedimiento policial no arrojó personas aprehendidas. Los responsables del operativo señalaron que la escasez de personal frente a la multitud impidió realizar detenciones en flagrancia.

La víctima de la agresión ya ha formalizado la denuncia correspondiente.

Por su parte, la Policía Nacional adelantó que los antecedentes del caso serán remitidos al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones pertinentes y la identificación de los responsables de este nuevo episodio de intolerancia en el fútbol regional.

• Gonzalo Cáceres
• Periodista
• Fotos: AFP / Gentileza

El mundo se topa con viejos fantasmas. Los incendiarios discursos autoritarios resurgen con fuerza en distintos puntos del globo, amplificados por las redes sociales, al apelar a la frustración generalizada y prometiendo soluciones mágicas a problemas complejos. Como en los capítulos más oscuros del siglo XX, actualmente pululan los nacionalismos que dividen, populismos que polarizan y las campañas que proyectan enemigos internos y externos.

La democracia enfrenta un dilema: ¿hasta dónde se puede tolerar la intolerancia? En este contexto, el filósofo, politólogo y docente austriaco –nacionalizado británico– Karl Popper abordó la cuestión en su obra “La sociedad abierta y sus enemigos (1945)”.

“La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son intolerantes… entonces los tolerantes serán destruidos y la tolerancia con ellos”, escribió.

La frase plantea lo siguiente: ¿cómo defender la democracia sin caer en la ingenuidad de tolerar a quienes intentan destruirla? Popper, quien vivió en carne propia el ascenso y descenso del nazismo y del comunismo, afirmó que la “sociedad abierta” debía entenderse como un espacio donde las ideas “pudieran discutirse libremente”, sin que “ninguna doctrina fuera intocable”.

La clave de semejante nivel de comprensión está en la crítica racional: las personas merecen respeto por su dignidad, pero “las ideas deben estar siempre bajo examen”, lo que desvirtúa la confusión de crítica con agresión. Sí, se puede rechazar una ideología intolerante sin deshumanizar a quienes la sostienen.

Y aquí aparece la paradoja: si damos espacio “sin límites” a quienes promueven odio, polarización y exclusión, corremos el riesgo de que la tolerancia misma desaparezca. La historia lo demuestra.

Hoy, en pleno siglo XXI, toman fuerza los partidos políticos que ondean la bandera de la xenofobia, el negacionismo climático y científico o atacan a las minorías. Si se les da “espacio”, pueden erosionar las instituciones democráticas desde dentro.

Por su parte, las redes sociales se convirtieron en plataformas donde estos discursos circulan sin ningún tipo de moderación, produciendo la radicalización de sus receptores. Entonces, ¿debe permitirse que alguien difunda mensajes de odio en nombre de la libertad?

Popper explicaba que “la discusión racional es bienvenida”, pero “cuando la intolerancia recurre a la agresión (en cualquiera de sus formas)” o “busca suprimir el debate”, la sociedad está en su derecho de poner límites.

No se trata de censura indiscriminada, sino de responsabilidad para con el bienestar general. La libertad de expresión es vital, pero “no puede ser utilizada como arma para destruir la propia libertad”.

En América Latina, y particularmente en Paraguay, esta cuestión aparece en debates sobre educación, diversidad y política. Cuando se intenta censurar contenidos sobre diversidad sexual en las escuelas en nombre de “proteger valores”, se está negando derechos básicos a una parte de la población.

Cuando sectores políticos buscan restringir derechos de mujeres o minorías apelando a la tradición, en realidad promueven intolerancia. Y cuando programas de televisión difunden mensajes discriminatorios ponen a prueba el equilibrio entre libertad de prensa y protección contra el odio.

La paradoja, sin embargo, también puede ser manipulada. Líderes autoritarios tienden a justificar la censura diciendo que “los intolerantes” son sus opositores. Por eso, aplicar el argumento de Popper requiere criterios sólidos: solo se limita aquello que amenaza directamente la convivencia democrática, la crítica racional debe seguir siendo posible y las personas no deben ser perseguidas por sus creencias, aunque sus ideas sean rechazadas.

La postura de Popper es comparable con la de otros filósofos. John Rawls defendía tolerar a los intolerantes “mientras no representen una amenaza concreta”. Michael Walzer reconocía que incluso grupos intolerantes pueden “beneficiarse de la tolerancia en sociedades pluralistas”. Popper, en cambio, era más tajante: advertía que “la tolerancia ilimitada es suicida”. Su enfoque es preventivo: no esperar a que la intolerancia destruya la democracia, sino contenerla, regularla y/o combatirla “antes de que sea demasiado tarde”.

Con el auge de movimientos radicales, se evidencia la polarización política que divide a las sociedades en “ellos contra nosotros”. La desinformación propaga y legitima la intolerancia, y la globalización exige un compromiso firme con la diversidad cultural. En este contexto, el supuesto de Popper da certeza de que “la tolerancia no puede ser ingenua”.

Ser tolerante no significa aceptar todo sin cuestionar; sino defender la convivencia incluso poniendo límites. La paradoja de la tolerancia no es sinónimo de censura indiscriminada, sino de responsabilidad.

Popper sostenía que “la democracia necesita defenderse: respetar a las personas, debatir las ideas y frenar a los intolerantes cuando amenazan con acabar con la libertad”. Y tiene mucha razón.

El líder de una banda criminal que opera en Ecuador fue asesinado a tiros el miércoles en el aeropuerto de Guayaquil, informó el ministro de Interior, John Reimberg, que identificó al fallecido como Carlos Suástegui, cabecilla de la banda de Las Águilas, brazo armado del temido grupo criminal Los Choneros.

El crimen ocurrió un día después de que el presidente Daniel Noboa decretara un estado de excepción por el incremento sostenido de la violencia en 10 de las 24 provincias del país. La medida incluye a Guayas, de la que Guayaquil (suroeste) es capital.

“¡Ayuda, ayuden a mi papá!”, se escucha gritar a un joven que abraza a una persona, según videos difundidos en redes sociales. También se observa otro cuerpo tendido en uno de los accesos del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El ministerio de Interior no ha entregado un balance de heridos por el ataque ocurrido hacia las 18:00 locales (23:00 GMT).

Suástegui era considerado un delincuente de “alto riesgo” y un “objetivo criminal priorizado” por las autoridades e investigado por asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas, señaló el ministro en su cuenta de X.

Policías y guardias del aeropuerto detuvieron a dos adolescentes, de 15 y 16 años. “En el lugar se incautaron dos armas de fuego”, informó Reimberg.

“Al escuchar los estruendos de bala, que fueron unos ocho o 10, nos asustamos; los policías nos sacaron”, dijo al canal TC Televisión un hombre que debía tomar un vuelo a Quito.

En las afueras del aeropuerto decenas de pasajeros buscaban información sobre los vuelos que debían abordar. Otros esperaban noticias de amigos y familiares que llegaban al principal aeropuerto del país.

De acuerdo con las autoridades de Guayaquil, la terminal aérea está operativa. Sin embargo, “el acceso y la salida de las instalaciones permanecerán restringidos de manera temporal”. Guayaquil es foco de la violencia del crimen organizado que siembra el terror en Ecuador, considerado uno de los más peligrosos de Latinoamérica. El país cerró 2025 con una tasa récord de homicidios de 50,9 por cada 100.000.

Fuente: AFP.