La líder criminal epepista Carmen Villalba, tía de las dos menores de edad abatidas en Yby Yaú, aseguró que ambas no son beligerantes, sino más bien estuvieron en el campamento del EPP de visita.
El abogado Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, manifestó a 800 AM que las niñas abatidas son argentinas y vivían en la localidad llamada Puerto Rico, de Misiones. “Son primas entre ellas y nosotros las conocemos desde hace mucho. Lilian es hija de Miriam Villalba, y María del Carmen es hija de Laura Villalba. Las dos madres son hermanas de Carmen Villalba. Vivían con la abuela e incluso estudiaban en esa localidad. (¿Por qué estaban en campamento?) Según lo relatado por la abuela, las nenas querían ir a ver a sus padres. Estas niñas nada tenían que ver con el conflicto”, aseguró.
El entrevistado no pudo precisar en qué momento llegaron a Paraguay, pero aseguró que ambas contaban con permiso para ingreso al país. Agregó que ahora peleará en el ámbito jurídico para que las niñas sean repatriadas a Argentina.
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El letrado argentino además dio a conocer un audio que le envió por Whatsapp la condenada Carmen Villalba, quien respondió quiénes son las niñas abatidas en el Norte. En el material difundido por dicho medio de prensa, la líder criminal epepista lamentó el deceso de sus sobrinas.
“Cuando cae un hijo del pueblo, siempre duele. Estas niñas son Lilian y María del Carmen. Tienen tan solo 11 años y no son beligerantes. A ambas las fuerzas de seguridad las hostigaban. Estas dos niñitas fueron ejecutadas, todas las balas llegaron por atrás. Fueron vilmente ejecutadas y luego les pusieron el uniforme”, se la oye en el audio.
“Estas niñas no son parte de la confrontación de clases. Quisieron ir a festejar sus cumpleaños e ir a ver a sus padres luego de años. Llevo un profundo dolor, pero eso no significa que tengamos que claudicar. Así como asesinaron a mi hijo de 12 añitos, le asesinaron a ambas”, concluyó.
¿Sobre quién o quiénes recae la responsabilidad? ¿Menores de edad, en zona de conflicto y en plena clandestinidad?
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FTC impidió que grupos criminales logren sus objetivos estratégicos
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tuvo un trabajo fundamental para evitar que grupos criminales, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), alcancen sus objetivos estratégicos, puntualizaron el ministro de Defensa Nacional, el general Óscar González, y el ministro secretario del Consejo de Defensa Nacional (Codena), el almirante Cibar Benítez, en la entrevista emitida ayer sábado por la Vocería de Gobierno, a cargo de Paula Carro.
“Llegó un momento que la Fuerza de Tarea Conjunta fue incomprendida, casi a lo largo de toda su existencia, incluso llegaron a criminalizar a la FTC y parecía que los otros eran los buenos, pero se han logrado muchísimas cosas con la presencia de la FTC, una de ellas es la creación del Batallón de Inteligencia Militar”, dijo el almirante Cibar Benítez.
Indicó que, desde el punto de vista estratégico, el mayor logro de la FTC que tuvo desde su creación fue llegar a lo que se veía en los manuales y documentos que contaban estos grupos criminales.
“En 10 años ellos tendrían por lo menos 60 hombres en 10 departamentos de nuestro país, ese era uno de los objetivos estratégicos que tenían, y otra cosa era internalizar con la población estas doctrinas comunistas, marxistas. Está comprobado, hay documentos que hacen eso, todo eso se evitó, se evitaron muchas cosas”, indicó Benítez.
Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, también destacó el trabajo realizado en todos estos años, en la zona de influencia de los grupos armados. “Hablando de los objetivos estratégicos y que siguen teniendo, mientras no le apresemos a todos, tenemos que siempre levantar lo que se llama en técnica de planeamiento militar a peor hipótesis, siempre tenemos que considerar que ellos están en condiciones de hacer daño”, comentó.
Añadió que los objetivos estratégicos que el EPP diseñó estaban la toma del poder, por la fuerza obviamente, segundo la urbanización de sus actividades terroristas, y la instalación de células en todos los departamentos del país. “Ninguno de esos objetivos fueron cumplidos gracias a la firme actuación de la entonces Fuerza de Tarea Conjunta”, enfatizó.
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FTC impidió que grupos criminales logren sus objetivos estratégicos, dicen autoridades
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tuvo un trabajo fundamental para evitar que grupos criminales, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) alcancen sus objetivos estratégicos, puntualizaron el ministro de Defensa Nacional, el general Óscar González, y el ministro secretario del Consejo de Defensa Nacional (Codena), el almirante Cibar Benítez, en la entrevista emitida este sábado por la Vocería de Gobierno, a cargo de Paula Carro.
“Llegó un momento que la Fuerza de Tarea Conjunta fue incomprendida, casi a lo largo de toda su existencia, llegó incluso a criminalizarse a la FTC y parecía que los otros eran los buenos, pero se han logrado muchísimas cosas con la presencia de la FTC, una de ellos es la creación de Batallón de Inteligencia Militar”, dijo el almirante Cibar Benítez. Indicó que, desde el punto de vista estratégico, el mayor logro de la FTC que tuvo desde su creación fue llegar a lo que se veía en los manuales y documentos que contaban estos grupos criminales.
“En 10 años ellos tendrían por lo menos 60 hombres en 10 departamentos de nuestro país, ese era uno de los objetivos estratégicos que tenían, y otra cosa era internalizar con la población estas doctrinas comunistas, marxistas. Está comprobado, hay documentos que hacen eso, todo eso se evitó, se evitaron muchas cosas”, indicó Benítez.
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“El trabajo de la FTC es un gran trabajo, y yo pediría el apoyo de la población a la FTC es fundamental, a nivel global ninguna guerra se ha ganado sin el apoyo a la población, en un microclima nuestro, del EPP, si no hay ese apoyo de la población se tiene algo muy en contra también”, sentenció el almirante.
Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, también destacó el trabajo realizado en todos estos años, en la zona de influencia de los grupos armados. “Hablando de los objetivos estratégicos y que siguen teniendo, mientras no le apresemos a todos, tenemos que siempre levantar lo que se llama en técnica de planeamiento militar a peor hipótesis, siempre tenemos que considerar que ellos están en condiciones de hacer daño”, comentó.
Señaló también que “los objetivos estratégicos que ellos diseñaron, entre otros, voy a citar: la toma del poder, por la fuerza obviamente, segundo la urbanización de sus actividades terroristas, y la instalación de células en todos los departamentos del país, ninguno de esos objetivos fueron cumplidos gracias a la firme actuación de la entonces Fuerza de Tarea Conjunta”.
Calificó que se lograron resultados auspiciosos en la lucha en contra de los grupos criminales en la zona norte del país. “El resultado de las actividades, de las operaciones, del Comando de Operaciones de Defensa Interna, el resultado es sumamente auspicioso”, puntualizó.
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La extitular de Petropar, primera condenada del entorno de Abdo
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
SUPUESTA COIMA DE NARCO
Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Benítez es el exsenador y exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
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La FTC puede enfrentar con éxito al crimen organizado
El Gobierno ha tomado una importantísima decisión para que la ciudadanía se sienta más segura y pueda recuperar la tranquilidad en las zonas atacadas por las bandas del crimen organizado. Desde el fin de semana último un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se instaló en el departamento de Canindeyú para enfrentar a los bandidos que convirtieron esa zona en un virtual campo de batalla entre bandoleros del narcotráfico. Las fuerzas especiales brindarán protección a los habitantes de la zona que últimamente viven en zozobra por la sucesión de hechos criminales que ponen en peligro sus vidas y la seguridad de mucha gente.
Con la militarización de esos puntos azotados por la inseguridad creciente, donde el crimen organizado ha tenido un fuerte crecimiento, el Gobierno espera dar respuesta a los requerimientos de la gente.
La experiencia de la gran eficacia de la FTC para contrarrestar a los malhechores hace que se tengan muchas esperanzas de que con la intervención de los uniformados pueda mejorar la situación en la zona fronteriza con el Brasil. Aunque hubo voces que cuestionaron la decisión del Gobierno, porque afirman que esa no es tarea de los militares sino de la policía, los hechos demuestran que los resultados positivos obtenidos por el cuerpo militar hablan por sí solos.
De acuerdo con el diagnóstico realizado por gente especializada, los controles precarios que se ejercen en la zona, además de la corrupción de algunos grupos que actúan como cómplices de los traficantes de la frontera han facilitado la ruta del crimen organizado en esa región. Eso ha hecho que el departamento de Canindeyú, con Salto del Guairá a la cabeza, constituya la zona más delicada donde operan los exponentes del crimen organizado.
Uno de los fiscales que conoce la zona explicó que los pobladores de esa región viven en zozobra por el aumento de los hechos criminales de la guerra entre los grupos de delincuentes. Eso porque las confrontaciones por el control del mercado de las drogas podrían ocasionar el asesinato de personas inocentes.
De acuerdo con los planes de las autoridades, los militares y policías que componen la FTC operarán en el departamento de Canindeyú utilizando las informaciones de otras entidades públicas especializadas. Coordinarán sus tareas con otras instituciones que se dedican a la defensa y la seguridad del país, además de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía.
El Gobierno considera que en el mencionado departamento existen muchos riesgos de seguridad que hacen necesaria la intervención de las fuerzas especializadas. Hasta ahora en ese departamento no había fuerzas militares que estuvieran enfrentando con posibilidades de éxito a los exponentes del crimen organizado y los narcotraficantes que operan en la zona.
Eso ha hecho que el presidente de la República, Santiago Peña, haya decidido la intervención de los militares en la zona. “¡Trabajamos por la seguridad de todo el país! El Gobierno del Paraguay ha enviado un importante contingente de efectivos militares, equipos tácticos y vehículos blindados a la nueva Subárea de Pacificación del Departamento de Canindeyú. Dicho procedimiento está siendo acompañado por el comandante de las Fuerzas Militares, comandantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, ICE, 3a DC, CODI y las FTC”, fue el anuncio que realizó en su cuenta comunicacional.
Como ha señalado el ministro del Interior, la colaboración entre las fuerzas públicas es fundamental para poder enfrentar cualquier tipo de amenaza a la seguridad del país. Y lo más llamativo es que en la experiencia reciente de tarea conjunta se han tenido excelentes resultados para combatir el crimen y la inseguridad.
Con base en los logros obtenidos hasta ahora se puede asegurar que la extensión de la intervención de la FTC a otros departamentos será también muy útil para ir combatiendo con más posibilidades de éxito a la criminalidad creciente en los más diversos puntos del país. Zonas que anteriormente eran reconocidas por su seguridad actualmente están siendo escenarios de hechos violentos que requieren una intervención estatal más eficiente con fuerzas de seguridad de mayor capacidad y rigor.
El paso que dio el Gobierno en Canindeyú ayudará a mejorar la seguridad, porque es un ultimátum necesario para los grupos criminales. Una experiencia que hay que extender luego a otras regiones.