El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

En el marco del Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama y la campaña Octubre Rosa 2026, bajo el lema “Hagamos de la prevención una tradición”, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) recuerda que la detección temprana es la herramienta más eficaz para salvar vidas. Las autoridades sanitarias enfatizan que el cuidado de la salud no debe limitarse a una sola época del año, sino consolidarse como un compromiso permanente mediante consultas y controles periódicos.

Para ampliar el diagnóstico precoz, la red de salud pública dispone actualmente de 56 equipos de mamografía operativos distribuidos estratégicamente en diferentes establecimientos del país. Esta infraestructura busca derribar las barreras de acceso y garantizar que las pacientes puedan realizarse los estudios fundamentales para detectar alteraciones que todavía no son perceptibles a simple vista o mediante la palpación.

Los registros oficiales reflejan un incremento sostenido en la utilización de este servicio a nivel nacional. Durante el año 2024 se realizaron 46.023 mamografías en los centros asistenciales, cifra que ascendió notablemente a 68.882 estudios al cierre de 2025, evidenciando una mayor receptividad y participación de la ciudadanía en las campañas preventivas.

En lo que va del año 2026, las estadísticas del MSPBS contabilizan un total de 39.169 mamografías efectuadas, de las cuales 390 arrojaron resultados anormales que ya cuentan con el seguimiento médico correspondiente. Desde la cartera sanitaria recuerdan que un diagnóstico alterado no constituye por sí solo un caso de cáncer, sino la pauta necesaria para iniciar estudios complementarios.

Las recomendaciones oficiales establecen que las mujeres de 40 años en adelante deben realizarse una mamografía anual de forma obligatoria, accediendo al estudio en los servicios públicos sin necesidad de presentar una orden médica previa. Asimismo, aquellas con antecedentes familiares directos o que detecten cambios inusuales en sus mamas deben acudir de inmediato a una valoración profesional.

Como respaldo legal e institucional para facilitar estos cuidados, la Ley N.º 6211/18 otorga a las trabajadoras dos días de licencia remunerada al año destinados exclusivamente a la realización de la mamografía y el Papanicolaou. El Ministerio de Salud recuerda que las interesadas pueden verificar el listado de hospitales con equipos operativos ingresando al portal oficial mspbs.gov.py/octubre-rosa.html.

El Ministerio de Salud Pública activó un abordaje multidisciplinario e interinstitucional para brindar asistencia integral a las familias afectadas por las inundaciones. La iniciativa busca reforzar la atención territorial y prevenir eventuales brotes de enfermedades en las comunidades damnificadas.

En el marco de este plan, la cartera sanitaria intensificó la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de un incremento de casos de dengue, leptospirosis y gastroenteritis. Las acciones contemplan rigurosos controles de seguridad y bioseguridad para proteger tanto a los pacientes y sus familias como al personal médico desplegado.

Por su parte, el ministro de Salud, Isaías Fretes, explicó que la respuesta abarca el monitoreo de la calidad del agua, la cobertura de las Unidades de Salud de la Familia y la logística de transporte. Estas tareas se ejecutan en forma coordinada con diversos organismos del Estado para garantizar una atención continua y eficiente.

Profundizar la articulación interinstitucional

Las medidas se definieron durante una sesión del Gabinete Social encabezada por el presidente Santiago Peña, quien instruyó profundizar la articulación entre las instituciones públicas y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En el encuentro se confirmó además que ya se ha ejecutado el 51 % de las acciones territoriales programadas.

La SEN informó la instalación de un Centro de Operaciones de Emergencia en Ciudad del Este para coordinar la ayuda a más de 150 familias afectadas por la crecida del río Acaray. A la par, el Ministerio de Desarrollo Social reportó la conformación de 14 Mesas de Protección Social en los distritos priorizados según el mapa de pobreza.

El director de Redes y Servicios de Salud, Gustavo Ortiz, enfatizó que la protección social, la contención sanitaria y la asistencia directa a los sectores más desfavorecidos seguirán siendo las prioridades centrales durante los próximos meses.

“Fue una reunión muy útil y rica”, indicó el senador liberal Dionisio Amarilla, quien ejerce la presidencia de la Comisión Especial que investiga hechos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), tras concretarse este jueves una mesa de trabajo con los directores de las distintas dependencias de la Contraloría General de la República (CGR).

“En el encuentro hemos podido abordar los reportes y hallazgos que ellos ya han informado oficialmente en diferentes instancias y que ahora queda en manos de nuestros técnicos hacer una primera revisión, pero de tal manera para la próxima semana voy a pedir repetir esta reunión para desglosar un poco quiénes son los grandes deudores del IPS”, comentó a los medios de comunicación.

El legislador mencionó también que en materia de deudas del Estado la cifra orilla los G. 5 billones y la deuda del sector privado, los G. 6 billones. “Nosotros pedimos que nos informen quiénes son esos actores privados que adeudan al IPS, de qué fecha datan esas deudas, cómo se acumuló entre otras cuestiones”, sostuvo.

Amarilla comentó que durante el encuentro se trajeron a colación casos referentes a sobrefacturaciones mediante procesos licitatorios. Como ejemplo colocó un llamado para el servicio de lavado de sábanas que superaba los G. 30 mil millones.

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Otro de los puntos críticos abordados fue el inventario de equipos y bienes, que totaliza unos 20.000 ítems y requiere urgentemente un acompañamiento tecnológico para un seguimiento efectivo de su ubicación y uso. A esto se suma el grave problema de la trazabilidad en la recepción y distribución de medicamentos, donde el propio IPS cuantificó cerca de G. 700.000 millones en fármacos a los que no se les puede dar seguimiento.

“La reunión fue bastante interesante, muy importante ya que es la primera vez que el Congreso pide informes de un quinquenio, buscamos ver un mapa un poco más extendido de lo que constantemente nos suelen proveer y eso trae consigo, cuanto menos anomalías y debilidades”, puntualizó.

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