Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó el diálogo que se está dando con los representantes del sindicato médico con el objetivo de llegar a un acuerdo en cuanto al reajuste salarial. El legislador se reunión ayer jueves con representantes de Sinamed, para analizar el estado en que se encontraban las negociaciones con el Ministerio de Salud.

“Siempre soy de la postura dialoguista, de la apertura, de la escucha activa, nosotros estamos teniendo una nutrida conversación con los gremios médicos, con los colegas diputados quienes asumieron una posición institucional de buscar generar una mediación y una solución a este impasse que existe”, indicó a los medios de comunicación.

Así también, mencionó que el presidente de la República, Santiago Peña, también se mantiene abierto al diálogo para llegar a un acuerdo y destrabar la movilización del sindicato médico anunciado para los días 21 y 22 de setiembre. “También estoy conversando reiteradamente con el presidente de la República, a quien veo con sinceridad, predispuesto a encontrar una solución a este problema”, apuntó.

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Agregó que Peña “valora mucho el trabajo de los médicos y quiere buscar una alternativa para que ellos sean reivindicados y que mejoren sus condiciones laborales, y por supuesto, sus condiciones salarial”. Por otra parte, se refirió a la salud pública como uno de los principales desafíos actualmente y planteó la necesidad de avanzar hacia una transformación estructural del sistema.

“Yo creo que nosotros tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, empezar de cero, ir con una reforma del sistema de salud, para que todos los paraguayos puedan acceder de manera oportuna a la salud para ampliar la cartera de servicio, ampliar la cartera de medicamentos, ser más eficientes en nuestro provisión de servicio de salud, disminuir el gasto directo de bolsillo”, mencionó.

Finalmente, expresó que “hay mucho que hacer en materia de salud pública y es un problema de salud que hay que enfrentarlo con esta óptica, empezar de cero, romper la fragmentación y que la salud finamente llegue a todos los paraguayos”.

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Este lunes prosiguió el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio con una sesión corta en que se alistaron pruebas documentales y concluyó, a los diez minutos, debido a una indisposición de salud de la abogada Gilvi Quiñonez, representante legal del exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El proceso continuará el próximo lunes 14 de setiembre.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, por haber recibido presuntamente favores del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marquéz de Padua, detenido en Brasil por narcotráfico; mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hasta su destitución en febrero de 2022, a causa del escándalo vinculado por dicho relacionamiento.

El proceso judicial en contra del exministro se encuentra en su etapa final, de acuerdo a la presentación de la acusación por parte de la fiscalía, Giuzzio tuvo pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

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En el marco del juicio oral, la fiscalía expuso la hipótesis que trabajaron en el caso conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius.

Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrada por los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, realizó la acusación por cohecho pasivo agravado el 16 de agosto del 2023.

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La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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