El suboficial Isidro Casco, quien acabó con la vida de sus hijos, suegros y cuñada esta madrugada, ya desde hace alrededor de un mes presentaba una actitud extraña y se lo notaba algo “anormal”, según reveló su pareja que actualmente vive en España.
La fiscala Carolina Martínez manifestó Universo 970 AM que logró ponerse en contacto con Beatriz Romero, la pareja del agente policial que mató a toda una familia esta madrugada en el barrio San Miguel de Capiatá.
Según le comentó durante la conversación que mantuvieron, Casco la había amenazado con que si es que no volvía de España iba a matar a sus hijos y sus suegros, advertencia que realizó en reiteradas ocasiones.
“Le reclamaba que volviesen al país, pero por las circunstancias no podía hacerlo, tenían un vuelo humanitario para ser repatriadas para este 15 de julio”, refirió.
Igualmente, la mujer comentó a la agente fiscal que desde hace un mes aproximadamente el autor del crimen empezó a tener una actitud rara y era muy insistente en que ella vuelva al país, exigiéndole que ya esté nuevamente en el país.
Romero le habría sugerido a Casco que siga un tratamiento psicológico porque “le notaba anormal”, afirmó la representante del Ministerio Público.
Los testigos y familiares manifestaron que el uniformado tenía actitudes bastante raras, además de que consumía alcohol y estupefacientes. Según Martínez, estos aditivos podrían haberlo llevado a cometer el horrendo crimen.
La Fiscalía ya remitió algunos oficios para analizar en qué estado se encuentra el sumario al cual había sido sometido Casco por parte de la Policía Nacional así como los antecedentes que guardan relación con su perfil psicológico y psiquiátrico.
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Encarnación: investigan el caso del crimen durante supuesta transacción de compraventa de oro
Avanza la investigación del violento robo agravado ocurrido en el barrio Santa María de Encarnación, donde dos personas fueron asesinadas cuando intentaban comprar supuestamente oro y una de las víctimas sobrevivió.
El comisario Javier Flores, director nacional de Investigaciones, brindó detalles del avance de las pesquisas.
Mencionó que los nuevos investigados en el caso son tres ciudadanos extranjeros. “Estamos hablando de dos femeninas y un masculino, quienes también están siendo indagados en su situación migratoria dentro del país. Creo que dos de ellas son pareja y uno, hijo de una de ellas”, expresó el jefe policial en declaraciones a C9N.
Los demás sospechosos de estar involucrados en el crimen ya están privados de su libertad a disposición de la Justicia y “tienen muchos elementos que comprometen su actuar”, expresó el comisario Flores.
La hipótesis más fuerte que manejan es que emboscaron a las víctimas bajo una supuesta venta de oro para robarles el dinero.
“Nunca fue intención de llevar adelante una transacción comercial, sino echarlos en una emboscada y acabar con la vida de los mismos. Según manifestó esta persona que sobrevivió son G. 370 millones”, refirió.
Sin embargo, aún no encontraron la mochila con dicha suma ni las armas utilizadas en el atraco.
Por otra parte, se refirió a evidencias incautadas. “Prendas de vestir que nosotros creemos eran las utilizadas en el momento de cometer el homicidio y alzar a sus víctimas como al ser trasladas al lugar donde fueron ejecutadas”, indicó.
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También se levantaron elementos técnicos como elementos de comunicación. “Hay que tener en cuenta que el ciudadano español, al percatarse de que estaba siendo perseguido por la Policía, intentó despojarse de su elemento de comunicación, procedió a destruirlo prácticamente, pero será analizado nuevamente. Creemos que vamos a tener más información referente a los lugares donde ha recorrido”, apuntó.
El hombre que sobrevivió al ataque mencionó a los intervinientes que llegó a ellos el ofrecimiento para realizar una transacción comercial supuestamente para adquirir oro.
“Ellos se organizaron, son tres parientes, la persona que sobrevivió perdió a un hermano y a un primo. Ellos se organizaron y se trasladaron hasta esta parte del país para realizar esta operación, en donde ellos tendrían un pequeño margen de ganancia. Ellos traían una fuerte suma de dinero”, refirió.
Añadió que los supuestos autores habrían actuado con alevosía. “Nosotros creemos que desde un primer momento lo que querían estos dos extranjeros era embaucarlos y apoderarse del dinero y lastimosamente procedieron a ejecutar a sus víctimas”, expresó.
Utilizaban videos de supuestos lingotes para embaucar a sus eventuales víctimas. “El material hallado guarda similitud, pero no tiene ningún tipo de valor. Ellos utilizaban esto justamente para embaucar a sus eventuales víctimas”, precisó el uniformado.
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Crimen de Roselín: Fiscalía imputó a tres personas por homicidio doloso
Los fiscales Carlos Germán Ramírez y Laury Rosana Vázquez presentaron imputación contra dos adolescentes y un joven de 21 años por el homicidio de Roselin Florentín Gómez, la adolescente de 14 años asesinada el 31 de julio en un tajamar de Caazapá y posteriormente desmembrada y enterrada.
Ahora se deberá admitir la imputación y citar a los investigados para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los sospechosos estarán privados de libertad así como pidió el Ministerio Público en su acta de imputación. Para los fiscales, existen suficientes elementos recolectados para tomar esta decisión.
Roselín Florentín Gómez pidió permiso a sus padres para ir a un encuentro que se realizaría en su colegio. Con esta licencia, la adolescente salió de su casa caminando el viernes 31 de julio a las 13:30. La joven llegó hasta un punto en el que se encontró con otra adolescente que la recogió en una motocicleta. Las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad captaron ese momento, pero no la continuación, por lo que se desconoce a dónde fueron en ese momento.
Se investigó quién la llevó en la moto y se identificó a una compañera de colegio. La Policía llegó hasta el domicilio de la adolescente, quien dio varias versiones y cayó en contradicciones. Inicialmente, aseguró que llevó a Roselín hasta un punto que no coincidía con las imágenes obtenidas. Ante la insistencia, dio los nombres de otras personas que también estuvieron con la víctima. Con esto se procedió a realizar otros allanamientos.
El joven de 21 años, Danilo Germán Rodríguez, inicialmente dijo que la adolescente se ahogó en un tajamar y dio indicaciones de buscar su cuerpo allí. Sin embargo, finalmente confesó dónde enterró los restos.
“Dijeron que se cayó al tajamar y se murió ahí, pero que después le llevaron a ese lugar (casa de la abuela del joven de 21) para enterrarle, contaron que les asustó que se haya ahogado y que no midieron los hechos posteriores”, señalaron los investigadores.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Manifestantes chocan con policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada
Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.
La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.
Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.
Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.
Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.
“La patria no se vende”
La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.
“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.
El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.
El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.
El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.
Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.
Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.
Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.
Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.
- Fuente: AFP
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