Mediante el escáner que se encuentra en la entrada de la penitenciaría de Tacumbú, esta tarde los guardias lograron detectar un arma de fuego que pretendía ser ingresada al recinto carcelario, según informaron desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Justicia.
Los agentes de revisión incautaron en el transcurso de la tarde una pistola Colts 45, que pretendía ser ingresada a través del sistema de encomiendas.
Lea también: Médico irresponsable: más de 60 personas de tres departamento están en cuarentena
Al respecto de lo ocurrido, el Ministerio de Justicia indicó que continúa con la política de tolerancia cero a la tenencia al ingreso de objetos prohibidos dentro de las penitenciarías. El hallazgo del arma será comunicado al Ministerio Público a fin de abrir una investigación para identificar a la persona que dejó la encomienda, según informaron.
La Ministra de Justicia, Cecilia Pérez, resaltó el desempeño de los agentes penitenciarios que estuvieron involucrados en la revisión y manifestó que los controles de las encomiendas son realizados con rigurosidad.
Sobre el tema: Fiscalía investiga a médico que asistió a su guardia pese a sospecha de COVID-19
Dejanos tu comentario
Lima: prorrogan estado de emergencia por crimen organizado
El gobierno de Perú anunció este sábado que extendió por 30 días el estado de emergencia en Lima para que los militares sigan apoyando a la Policía en la lucha contra el crimen organizado, cuyas extorsiones se han disparado en el último año.
La medida rige desde el 17 de marzo para la capital de 10 millones de habitantes y el puerto vecino de Callao. La presidenta Dina Boluarte, una de las más impopulares del mundo con un escaso apoyo del 2 % en las encuestas, dispuso mediante decreto prorrogar la medida por un mes, según informó el Ministerio del Interior en una nota de prensa.
Bajo el estado de emergencia, la Policía “mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, señaló la cartera. Asimismo, las autoridades podrán restringir o suspender determinadas libertades públicas como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
Podés leer: Trigo: si el clima ayuda, producción podría llegar a un millón de toneladas
El estado de emergencia regirá por 30 días más para casi un tercio de los 34 millones de peruanos, residentes en Lima y Callao. De acuerdo con el Ministerio del Interior, desde que entró en vigor la medida de excepción se han “asestado importantes golpes a la criminalidad organizada”.
“Se ha logrado la desarticulación de bandas dedicadas a la extorsión y al tráfico ilícito de drogas, así como la captura de sus principales operadores”, añadió en el comunicado. Miles de peruanos se han movilizado este año contra la extorsión en una serie de protestas que han debilitado la imagen del gobierno de Boluarte.
Te puede interesar: Brasil suspende exportación de pollo a China, UE y Argentina por gripe aviar
Sólo en Lima, en lo corrido del año han sido asesinados 16 conductores por grupos criminales que los extorsionaban, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. Las bandas del crimen organizado exigen el pago de hasta 50.000 soles (13.500 dólares) mensuales a las empresas de transporte. Cuando se rehúsan, atacan a tiros a los vehículos, incluso con pasajeros dentro.
Según la policía, en los primeros cuatro meses de 2025, se han registrado 9.097 denuncias por extorsión en el país. La cifra supera las 7.632 denuncias del mismo período en 2024, y las 6.321 de 2023.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Detectan droga camuflada en artículos deportivos con destino a Arabia Saudita
Durante el proceso de control que realizan de manera conjunta los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), de la Dirección de Ingresos Tributarios (Denit) y la Dirección de Aeronáutica Civil, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, se logró la detección de un paquete de encomienda de contenido sospechoso.
El paquete tenía como punto de origen la ciudad de Asunción y el destino final sería Arabia Saudita. La apertura del mismo se llevó a cabo en la oficina del Palacio de Justicia con la presencia de la jueza Lici Teresita Sánchez.
En el interior del paquete fueron hallados diversos artículos deportivos, como camisetas y termos, en cuyo interior se encontraban un total de 1.616 gramos de cocaína, cuyo precio en el mercado de destino sería de aproximadamente 150.000 dólares, según informaron los intervinientes.
Podes leer: Areguá: en violento asalto roban su motocicleta a una mujer
Desde la Senad destacaron que este procedimiento confirma nuevamente la intención de redes criminales, de utilizar artículos cotidianos y temáticas deportivas como fachada para el tráfico internacional de drogas.
Remarcaron que, debido a esta tendencia de crear una ruta de envíos desde nuestro país hacia otros puntos del mundo, se han intensificado los controles, tanto de encomiendas como de equipajes, ya que las temáticas de envío varían constantemente para que no sean detectadas por los controles.
El aporte de los canes antidrogas en el proceso de verificación se ha vuelto también fundamental, puesto que, debido a la forma en que son camufladas las sustancias, en ciertos casos son difíciles de detectar en otros procesos de control.
Lea también: Hallan muerto a un tornero en su taller en Cuatro Mojones
Dejanos tu comentario
Hallaron droga en encomienda enviada desde EE. UU.
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En una audiencia de anticipo jurisdiccional de pruebas, confirmaron que encomiendas enviadas desde los Estado Unidos de América contenían drogas. Fueron hallados 523 gramos de hachís o resina de marihuana en las plantillas de calzados.
El procedimiento judicial fue el viernes 9 de mayo, en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de drogas. La diligencia fue solicitada por el fiscal antidrogas, Elvio Aguilera Vázquez, con el objetivo de realizar la apertura, el examen y análisis de dos encomiendas retenidas previamente.
Los paquetes fueron enviados desde Miami, EE.UU. y estaban dirigidos a un destinatario identificado como Jhonatan Hernández, según la investigación fiscal y policial. La pesquisa se inició tras una alerta de autoridades aduaneras estadounidenses, quienes detectaron marihuana, tipo hachís, en un paquete similar enviado al mismo destinatario en Paraguay.
Como consecuencia, el 1 de abril de. 2025, una comitiva de la Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se constituyó en el depósito de la empresa SASPY S.A., ubicada en el microcentro de Ciudad del Este.
En ese lugar, procedieron a la retención de dos encomiendas sospechosas, una caja de cartón con inscripción “The UPS Store” y una bolsa plástica blanca, ambas remitidas supuestamente por Marco Antonio desde Norteamérica.
Durante la audiencia del pasado viernes, en el Juzgado Penal de Garantías, de Presidente Franco, fueron abiertas dichas cajas. Hallaron juguetes, calzados y aparatos electrónicos, incluyendo un par de botas. En las plantillas de los calzados hallaron dos paquetes envueltos en cinta transparente con un total de 523 gramos de hachís o resina de marihuana.
El anticipo jurisdiccional fue encabezado por la jueza Carina Frutos Recalde, con la presencia del fiscal Elvio Aguilera, el defensor público Rodrigo Cuevas y agentes de la Senad. La sustancia fue sometida a un análisis primario en el lugar, arrojando resultado positivo a marihuana.
Posteriormente, se extrajeron muestras para su análisis laboratorial oficial en el laboratorio de la Senad, a cargo de un perito. Finalmente, en cumplimiento de la Ley 1340/88, se procedió a la incineración de la droga en presencia de las partes, en un inmueble ubicado en el distrito de Minga Guazú.
Puede interesarle: Extraditaron a sicario considerado como uno de los más buscados
Dejanos tu comentario
Diputados piden informes al Ministerio Público y la CGR sobre fiscalización de los municipios
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.
El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.
Le puede interesar: Santiago Peña celebra el anuncio del nuevo papa León XIV
Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.
Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.
Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.
Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.
Pedido a la Contraloría
Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.
El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.
Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.
También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.
El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.
Siga informado con: Analizan proyecto que incorpora test de drogas en controles viales