La Secretaría Nacional de Inteligencia computa a la fecha más de ocho mil paraguayos que regresaron desde distintas partes del mundo en vuelos humanitarios.
Los mismos, ante la creciente crisis generada por el coronavirus, optaron por volver al país y reunirse con sus familiares, ante la imposibilidad de seguir con sus vidas normales en el extranjero, donde fueron para buscar nuevas oportunidades que acá no encontraban.
En cien días de gestión del Centro de Coordinación Interinstitucional, esta institución logró la repatriación de 8.834 personas y se registraron 12 vuelos especiales.
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Las personas que regresaron estuvieron distribuidas en los 70 albergues habilitados o en alguno de los 40 hoteles salud que también reciben a los connacionales que llegan del extranjero. Los hospedajes para los llegados del extranjero se lograron gracias a la gestión de la Secretaría Nacional de Turismo.
Esta semana se dio la vuelta de más de setecientas personas procedentes de Sudamérica y Europa y se aguarda la llegada de otro contingente importante en la semana próxima.
Asimismo, se espera que unos 25.000 a 30.000 paraguayos retornen al país durante todo el tiempo crítico de la pandemia. La llegada de los compatriotas se dará en la medida que se obtengan los albergues donde deben guardar el aislamiento obligatorio.
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Fuente: Hoy
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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Juez brasileño sancionado por EE. UU. dice que ignorará “presiones” en juicio a Bolsonaro
El Supremo Tribunal Federal de Brasil no cederá a las presiones externas cuando emita su veredicto en el juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro, dijo este martes uno de sus magistrados sancionado por Estados Unidos, en vísperas del final de este proceso histórico.
La fiscalía acusa al líder ultraderechista, de 70 años, de haber liderado una “organización criminal armada” que conspiró para tratar de aferrarse al poder, tras su derrota frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
El exmandatario debe conocer su sentencia el 12 de setiembre, junto a la de siete coacusados, entre ellos exministros y altos mandos militares.
Bolsonaro, en arresto domiciliario desde el mes pasado, no estaba presente en la sala este martes en Brasilia y tampoco tiene previsto acudir al resto de las sesiones, según su defensa.
El exmandatario “no está bien”, dijo su abogado Celso Vilardi a periodistas. Cuestión de “salud”, agregó, sin más detalles.
El juez Alexandre de Moraes aseguró que Bolsonaro y sus aliados buscaron instalar una “dictadura”, al referirse a la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, que la fiscalía considera como un último intento de seguir en el poder.
“Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (...) pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura”, dijo De Moraes.
El líder de la derecha brasileña clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”, cuando falta poco más de un año para las presidenciales.
Su juicio abrió una crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos. Invocando una “caza de brujas” contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles de 50 % sobre una parte de las exportaciones brasileñas.
El supremo ignorará “presiones internas o externas” al dictar su sentencia en el caso, dijo De Moraes, sancionado por Estados Unidos como represalia por el proceso al expresidente. El tribunal será “absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional”, agregó.
- Fuente: AFP
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Bolivia va a las urnas en medio de escasez de pan, gasolina y dólares
En una esquina del centro de La Paz, a días de las elecciones generales del 17 de agosto, Wilson Paz recorre más de una decena de puestos, pero no encuentra pan fresco: la crisis económica dejó de nuevo sin harina a los panaderos. “Estamos esperando con muchas ansias que lleguen de una buena vez las elecciones para cambiar este modelo que nos ha empobrecido bastante”, afirma este trabajador independiente de 39 años, con una familia de siete miembros.
La escasez de alimentos, de combustibles y de dólares exacerban el malestar en Bolivia antes de los comicios presidenciales y legislativos. Por primera vez en 20 años, la izquierda no figura en las encuestas como alternativa de poder. Dos candidatos de derecha, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), dominan las preferencias electorales.
El gobierno del presidente Luis Arce, que no buscará la reelección, casi ha agotado sus reservas internacionales de dólares para sostener su política de subsidios. Importa gasolina y diésel y algunos insumos como el trigo, para hacer la harina panadera, y los vende a menor precio en el mercado interno.
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Pero sin divisas para estas compras internacionales, la disponibilidad de estos bienes se ha vuelto inconstante y se generan largas filas. Ligia Maldonado, un ama de casa de 70 años, se va sin marraqueta, el pan favorito y subsidiado de los paceños. “Con este gobierno no hay esperanza. Tiene que irse y entrar uno que sepa cómo viven los pobres”, dice.
En medio de una inflación interanual de 24,8 % en julio, la más alta desde 2008, la marraqueta es uno de los pocos productos que no se encareció debido al control de precios del gobierno. Otros panes, sin subsidio, asoman en los mostradores. Pero como muchos productos, su precio se disparó y no están al alcance de todos. La escasez de marraqueta es un padecimiento crónico en el mercado, de la misma manera que el aceite o el arroz.
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“Cualquiera es mejor”
En las gasolineras, los conductores se resignan a perder horas de trabajo en filas extensas que serpentean entre las calles. “Esta mañana he venido a las 6 de la mañana y a las 11 recién estoy entrando a cargar” gasolina, dice Manuel Osinaga, un taxista de La Paz. La exportación de gas natural, antes el principal motor de la economía boliviana que mantenía un importante ingreso de divisas para el país, viene en caída libre desde 2017.
Según el gobierno, el año pasado las ventas de este hidrocarburo solo representaron 1.600 millones de dólares, mientras que los desembolsos que la administración hizo al exterior, por deuda externa e importaciones, alcanzaron los 5.000 millones. El valor de la divisa estadounidense se duplicó en el mercado paralelo y disparó el precio de varios productos básicos.
Carlos Tavera, un socialista jubilado de 65 años, asegura que apoyará al mejor ubicado de la oposición, aún si es de derecha. “Cualquiera es mejor que esto”, asegura. “Ahora no tenemos dólares. Hay filas para la gasolina, para el pan, para todo. En los hospitales no hay medicamentos”, agrega.
“Sangre, sudor y lágrimas”
El economista Napoleón Pacheco, profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, indica que los bolivianos ahora son más pobres en general. “Lo poco que se había ganado en los años anteriores se ha ido perdiendo porque la economía se ha contraído”, ha crecido la informalidad laboral y la inflación, señala.
Un estudio de la boliviana Fundación Jubileo advierte que la pobreza actual sería de 44 % si se toma en cuenta la subida del costo de vida, una cifra mucho mayor a la que reporta el gobierno (36 %). “Yo diría que estamos al borde de iniciar un proceso hiperinflacionario”, dice Pacheco, pues el gobierno busca estabilizar la economía a través de la emisión de moneda local. Entre 2023 y 2024, la masa de dinero circulante creció en 20 %.
Según el especialista, para contener la crisis son necesarias medidas de shock, como un cambio en la política de subvenciones y el cierre de empresas públicas deficitarias. “Yo creo que viene un período, parafraseando a Churchill, de sangre, sudor y lágrimas. Hay que abrocharnos los cinturones”, concluye.
“No me voy a escapar”
“No me voy a escapar”: el expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia, dijo en entrevista con la AFP que seguirá dando “batalla en las calles y caminos” de Bolivia, ante la probable victoria de sus opositores de derecha en las elecciones del domingo. El líder indígena, que gobernó entre 2006 y 2019, pretendía buscar un cuarto mandato en estos comicios, pero quedó inhabilitado por un fallo del tribunal constitucional que señaló que nadie puede gobernar el país más de dos períodos.
Desde el año pasado se refugia en Lauca Eñe, un pequeño poblado del Trópico de Cochabamba, para evadir una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor cuando era presidente, cargo que él niega. Según Morales, no saldrá de Bolivia si gana la derecha tras 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo, que lideró hasta antes de abandonar sus filas este año por su disputa con el presidente Luis Arce.
“Me voy a defender, no me voy a ir. Dicen: ‘Se va a escapar a Cuba’. No me voy a escapar”, señaló el dirigente cocalero. Las encuestas anticipan un duelo reñido entre el millonario Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), quienes se verían en una segunda vuelta el 19 de octubre.
Ambos son enconados adversarios de Morales. “Estoy con mi pueblo, no voy a abandonar al pueblo boliviano”, remarcó el expresidente, que en el 2019 se exilió por un año tras verse forzado a renunciar en medio de protestas, después de que fue acusado de cometer un fraude en las elecciones de ese año.
En ese sentido, dio a entender que no dará tregua al próximo gobierno y que estará de vuelta en la “batalla en las calles y en los caminos”. Morales encabezó violentas protestas y bloqueos de vías contra Arce, a quien acusó de excluirlo de la carrera electoral en complot con los jueces.
Fuente: AFP.