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La reciente elevación de la calificación de riesgos sobre Paraguay, de BB a BB+, por Standard & Poor’s (S&P Global Ratings), fue catalogada por el viceministro de Economía y Planificación, Javier Charotti, como una muestra de la manera en la cual el país “es un destino más seguro y hasta transparente para realizar inversiones”.

“La visión que las calificadoras de riesgo tienen sobre Paraguay es muy positiva, analizando la política fiscal, monetaria y comercial que se están implementando, entre otras más. Consideran que estamos en el camino adecuado, tomando las políticas correctas”, expresó para “Cuenta final”, por Universo 970 AM y GEN/Nación Media.

Charotti explicó que la reciente denominación constituye en una calificación crediticia de los bonos del Tesoro. Así, en los datos recopilados se observa que las tasas de interés pagadas en el mercado brindan los beneficios de ser grado de inversión por Moody’s.

“Esta calificación, si sumamos desde agosto, sería la tercera mejora que tenemos. Desde el punto de vista soberano, vemos los resultados positivos de esta decisión y la imagen que tiene el país con las naciones de afuera”, señaló.

Charotti se refirió a la serie de trabajos a desarrollarse, a partir del nivel alcanzado en torno a la calificación de riesgo, con el objetivo de seguir consolidando la imagen ante las calificadoras, así como también ante los inversionistas extranjeros.

“Así, en unos meses más se estará presentando una propuesta de reforma sobre la Caja Fiscal; también tenemos el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo; la nueva estrategia de inclusión financiera; la reglamentación del proyecto de ley de alianzas público-privadas”, mencionó algunas de las reformas por impulsarse.

Remarcó que esto se alenearía al cumplimiento a la convergencia fiscal y la inflación en meta, aspectos fundamentales para la estabilidad macroeconómica, donde se sustenta todo lo ocurrido. “Hay que seguir con los procesos de reforma”, puntualizó.

En su última revisión anual de calificación correspondiente a 2024, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) cambió la perspectiva de estable a positiva, confirmando la calificación soberana de Paraguay en BB+. Esto implica un reconocimiento de la agencia a los avances económicos que logró el país en los últimos años y que han impulsado la diversificación con mayores inversiones. “Reconoce también nuestra prudencia macroeconómica, pero te dice: cuidado, que tus ingresos todavía siguen siendo bajos y necesitas consolidarlos. También te dice: cuidado con la deuda. La deuda está bien, pero si sigue aumentando, no vas a poder pagarla. Es lo que leí en el informe, que bien reconoce los logros y que ese reconocimiento nos va a abrir puertas para atraer a más inversores que necesitamos para diversificar nuestro crecimiento”, analizó la economista Martha Coronel, en conversación con La Nación/Nación Media.

Indicó que es importante celebrar este logro, pero no desconocer que aún existen desafíos por enfrentar y trabajar en reformas que permitan sostener esta calificación, para llegar al grado de inversión con las tres calificadoras (Moody’s, Fitch Ratings y S&P). Enfatizó que con este cambio de perspectiva es probable que lleguen más inversiones extranjeras directas para diversificar la economía y no depender de factores externos volátiles e incontrolables, como el clima y los precios internacionales.

“Si bien nuestro crecimiento ha llegado en los últimos años, no soy de los que piensan que no llegó al nivel micro en absoluto. Llegó muy poco. Entonces es muy poco lo que hay que aumentar. El PIB per cápita es un buen indicador, pero no es completo. Oculta algunas deficiencias y carencias que todavía está teniendo nuestra gente. Entonces, este informe nos abre la puerta a atraer a más inversores”, dijo.

Señaló la importancia de mantener un buen clima de negocios en todos los aspectos, tanto institucional, económico y en las capacidades. Sostuvo que los inversionistas saben que apostar su capital extranjero en nuestro país es viable, pero Paraguay debe fortalecer su seguridad jurídica y trabajar en dar la mano de obra que ellos necesitan

El tribunal de sentencia de feria, integrado por Juan Pablo Mendoza, Olga Ruiz y Cristian González, ratificó la prohibición de salida del país de Paraguayo “Payo” Cubas, excandidato presidencial acusado por varios delitos, entre ellos perturbación de la paz pública, tentativa de impedimento de los comicios, entre otros. Estos delitos se observaron de los disturbios ocurridos en inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023.

La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en una de las salas de juicios orales ubicada en el sexto piso de la torre norte de la sede judicial de Sajonia.

Cubas pidió al colegiado poder salir del país para visitar las sedes del partido Cruzada Nacional que están en EE.UU., España, Argentina y Chile. El abogado Ernesto Yampey asistió al excandidato presidencial. Igualmente, los jueces de sentencia modificaron una de las medidas que tiene el procesado que consiste en la comparecencia para la firma del acta de forma mensual y con la modificación, Payo tendrá que acudir a Palacio de Justicia cada tres meses para la firma del acta de comparecencia.

El juicio oral y público de Payo Cubas está previsto para el 26 de marzo del 2025 a las 11:30.

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La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del TREP.

Alegan que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral, y otras evidencias incautadas.

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