El jefe comunal de Loma Plata, Walter Stockel, justificó el operativo contra el vendedor de frutas y sostuvo que la municipalidad solo hizo un “control de rutina”. Reconoció que su yerno también se dedica al mismo rubro y que el retenido compite con el comercio local.
Stockel explicó que la municipalidad tiene atribuciones de solicitar los documentos a los que circulen por la ciudad. La habilitación, el registro y la patente de vendedor ambulante son los papeles que le pidieron al hombre que tiró sus mercaderías y se viralizó en las redes sociales.
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Esto, supuestamente tras negarse a detener la marcha y mostrar sus papeles. Recién con la intervención de la Policía Nacional decidió parar, tras lo cual reaccionó arrojando todas sus mercaderías. En este contexto, Stockel reconoció que tiene parientes en el mismo rubro.
“Tengo un yerno que provee verduras a la cooperativa Chortitzer desde el Abasto”, respondió Stockel en comunicación con la 730 AM, pero desmintió que este haya sido el motivo del procedimiento.
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Consideró que se hizo lo correspondiente, pues el señor se negó a detener la marcha y además no tenía los documentos al día, según pudieron verificar rápidamente en el sistema informático. “Él está haciendo una competencia en el ámbito de lo que es el negocio, él compite con el comercio local”, opinó Stockel.
Ciudadanos que observaron la pérdida se solidarizaron con el comerciante y terminaron comprándole todos sus productos.
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Pese a aclaratoria oficial de Itaipú, oposición persiste en campaña de desprestigio, señalan
El superintendente de Comunicaciones de la Itaipú Binacional, José Luis Rodríguez Tornaco, explicó acerca de la postura oficial de la Margen Derecha de la Itaipú Binacional acerca de recientes publicaciones de medios de prensa y ciertos voceros de la oposición que cuestionan los alcances del acuerdo establecido entre las Altas Partes para la definición de la tarifa 2024 - 2026, basados en una serie de mentiras.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que en principio había pensado que estos sectores que cuestionan podrían estar hablando desde la desinformación, pero luego de que la Itaipú emitiera una primera aclaratoria basada en documentaciones, persistieron en el error.
Más aún, cuando luego de esto se concretó una reunión que estuvo encabezada por un extitular de la ANDE, que había sido incluso candidato a legislador por la oposición; y a esa reunión se sumaron otros referentes de la oposición que siempre han tenido un discurso crítico hacia el gobierno colorado y algunas figuras de la disidencia colorada; señaló que la única conclusión que puede sacar es que esto es una agenda política.
“En todo este tiempo hemos sido testigos de una campaña de desinformación, no nos queda de otra, que tratar de manera institucional, mostrar las resoluciones y documentos de la Itaipú; y a pesar de todo persisten en la necedad de insistir en la desinformación, por tanto deducimos que es una campaña de una agenda política de desprestigio”, enfatizó.
Respecto a las cuestionables posturas que están teniendo estos referentes contrarios al gobierno, señaló que están basados en creativas ideas que solo ellos sabrán de dónde las han sacado.
Como ejemplo, señaló que estos sectores afirman que se ha establecido a partir de análisis antojadizos que el aumento de la tarifa de la Itaipú, anunciado por el Gobierno del Paraguay, dicen que no ocurrió, lo cual es totalmente falso, enfatizó Rodríguez Tornaco.
En el comunicado de la Itaipú que en la fecha dieron a conocer, se han adjuntado fragmento de la Resolución del Consejo Administrativo Nro. 016/2024 del 09/05/2024 que establece en su Art. 2°: “Aprobar el valor nominal del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (tarifa) de UDS 19,28 / kW por mes (...) para los Ejercicios 2024, 2025 y 2026.”
“Ya en la primera aclaratoria se les explicó que esto no era así, posteriormente siguieron con esta campaña argumentando que la tarifa real era UDS 15, y que no fue UDS 19,28. Decían que Paraguay recibió menos dinero que en la época de Marito, que el país perdió plata por colocar sus recursos en reales. Dijeron que era mentira que Paraguay va a recibir 1.950 millones de dólares, en gastos sociales y comenzaron a instalar esto con mucha fuerza en medios aliados”, indicó.
Resaltó que en este segundo comunicado aclaratorio de la Itaipú, el cual se puede leer en el siguiente enlace: Postura oficial de la Margen Derecha de ITAIPU, desarticula punto por punto con base a documentos, las falsedades que ellos mencionan.
No aceptan las explicaciones
Rodríguez Tornaco indicó que otra de las falsedades que señala este grupo minoritario, es que no quiere reconocer que no solo se logró el aumento de la tarifa, sino que además generó los ingresos adicionales que se necesitaban.
“Después dijeron que la plata que Paraguay no utilizó perdió. Sin embargo se les explicó que este año por primera vez se logró un presupuesto trianual, a raíz del acuerdo de las Altas Partes, y que el dinero que no se usaba se juntaba para el año siguiente. Esta gente comenzó a decir que esto era mentira, que no hay documento que avalen esto. Por eso, ahora se publicaron los puntos 2 y 3 de las resoluciones del Consejo de Administración en los que efectivamente se aprueba el presupuesto por tres años”, señaló.
Finalmente, destacó que desde la Itaipú trabajarán en lo que corresponda en materia de transparencia y comunicación para la ciudadanía, ya que la instrucción final que tienen es que cada guaraní que se obtuvo de la histórica negociación con el Brasil, llegue a cada uno de los paraguayos.
“Hoy ya se ven esos recursos en las maquinarias para las gobernaciones, en las patrulleras y motocicletas de la Policía, próximamente en las ambulancias, en la histórica compra de los mobiliarios escolares, en la culminación de las oficinas de Gobierno. En fin, en todo lo que implica la utilización correcta y transparente de los gastos socio ambientales. Además, recordemos que la Itaipú está auditada y calificada por las calificadoras de prestigio más importantes del mundo”, concluyó.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Unión Europea establece multas millonarias a Apple y Meta
La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, anunció este miércoles la imposición de cuantiosas multas por valor de centenas de millones de euros a Apple y Meta, una iniciativa susceptible de desatar la furia del gobierno estadounidense.
Apple recibió una multa de 500 millones de euros (unos 570 millones de dólares) y Meta (matriz de Facebook e Instagram) una sanción por 200 millones de euros (casi USD 230 millones), por vulneración de las normas vigentes sobre competencia.
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Se trata de las primeras multas aplicadas por la Comisión bajo la ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés), que entró en vigor al año pasado y que exige a los gigantes del sector adaptarse a las normas europeas sobre competencia.
La Comisión advirtió que las multas podría aumentar en caso de que Apple y Meta no inicien su adaptación en un plazo de 60 días. Desde que Donald Trump retornó a la Casa Blanca, la DMA y la ley que la acompaña, sobre Servicios Digitales (DSA), se convirtieron en blanco de duras críticas por parte del gobierno estadounidense.
Las autoridades en Washington sostienen que la normativa constituye una “barrera no arancelaria” que afecta de forma desproporcionada a las empresas estadounidenses.
“Un mensaje fuerte y claro”
En el comunicado en que anunció las multas, la comisaria europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, afirmó que las sanciones son “un mensaje fuerte y claro”, aunque apuntó que las medidas son “firmes pero equilibradas”.
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En este caso específico, Apple es acusada de limitar la capacidad de operación de desarrolladores de aplicaciones alternativas, quienes no pueden ofrecer precios menores. En tanto, Meta fue multada por el modelo de privacidad impuesto a sus usuarios, que deben autorizar el uso de la información que proporcionan o deben pagar una tarifa, un sistema que la Comisión consideró que “no se ajusta a la DMA”.
En un comunicado, Apple adelantó que apelará la multa. Por su parte, Meta acusó a la UE de buscar “perjudicar a las empresas estadounidenses exitosas, aunque permite a las empresas chinas y europeas operar bajo diferentes estándares”.
Fuente: AFP