Este viernes, se suspendieron las clases en la escuela Agustín Pío Barrios en la localidad de Puerto Indio, Alto Paraná, luego de que un padre amenazó al director de la institución por pedir colaboración económica para desarrollar actividades. La denuncia fue realizada ante la Policía Nacional y algunos padres se molestaron por la suspensión.

Según consta en la denuncia realizada por el director de la escuela, Ricardo Argüello, tomó esta determinación para salvaguardar la integridad de los niños y niñas, ya que un padre amenazó con atentar contra la institución.

La amenaza se dio porque el hombre identificado como Julio César Aiva Cardozo, de 37 años, estaba cansado por los constantes pedidos de colaboración por parte de la dirección, para las actividades dentro de la escuela. Se comunicó a la comunidad educativa sobre la suspensión por tiempo indefinido.

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“Se suspenden las clases hasta nuevos aviso. Es para resguardar la integridad de los que acudimos a la institución hasta que haya solución al problema. Es por disposición de mis superiores”, comunicó Argüello.

El hombre envió varios audios al docente y se presume que estaba en estado etílico. En los mensajes decía que estaba cansado por los pedidos frecuentes de dinero a modo de colaboración, que no tenía miedo de atentar contra la institución. El acusado ya cuenta con antecedentes penales por violencia.

Los padres de la institución solicitan apoyo de la Policía Nacional, porque esta persona recorre la zona con un arma de fuego y temen por la integridad de los estudiantes. Además, para que los alumnos puedan seguir dando clases, ya que incluso se encuentra en plena etapa de exámenes.

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Tras la media sanción del Senado al pro­yecto que propone el aumento de penas para ado­lescentes que cometan delitos graves, el titular del Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, instó a la sociedad a mirar más allá del castigo y apostar por un modelo educativo sólido que actúe desde la prevención.

“Estamos en la etapa puni­tiva, en donde pensamos que la punición es una medida efi­caz, y en algunos casos lo es, pero desprovista del modelo educativo, del desarrollo social, de generar comunidad y contención, no será sufi­ciente”, advirtió Ramírez, subrayando que el aumento de penas no puede ser visto como la única solución.

El ministro valoró el avance legislativo como un paso den­tro de un camino más amplio, pero insistió en que es funda­mental trabajar en la preven­ción desde las escuelas y los hogares. “El arte, la música, el deporte influyen en los chi­cos en una dimensión dis­tinta, les ofrece una salida y el cobijo de un sistema que no los margina”, explicó.

Ramírez también hizo hin­capié en el papel clave de la familia, alertando sobre una creciente descomposición del tejido social básico, que no solo afecta a la clase vulnerable. “La ausencia de los padres a veces se intenta compensar con dinero o comodidades, cuando lo que realmente falta es la parte humana”, señaló a la 1020 AM.

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutié­rrez, también opinó sobre el tema y dijo que aguarda que en Diputados sea modi­ficado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves.

“Este es un tema bastante polé­mico, pero que tiene que ser tra­tado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restau­rativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará”, indicó.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir traba­jando con más fuerza en la política pública y preven­ción, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero plan­teamos hacer un incremento más leve”, dijo.

Se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar.

El diputado Hugo Meza señaló que ante los últimos casos que conmocionaron a la sociedad por hechos delic­tivos cometidos por meno­res de edad, debe haber un abordaje mucho más profundo que solo aumentar las penas. El legislador se refirió al proyecto de ley que aumenta las penas pri­vativas a menores, que ya cuenta con media sanción del Senado.

“En principio me gustaría analizar, estudiar los alcan­ces del proyecto de ley que tiene media sanción, estoy convencido de que la sola penalización de los delitos de los menores de edad o de lo que comenten los menores de edad no va a solucionar el problema de fondo. Noso­tros tenemos un problema raíz que significa que el tejido social está descom­puesto”, manifestó en con­versación con la 1020 AM.

Refirió que existe un grave problema en la sociedad, se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar y eso se está tras­ladando hacia las autori­dades. “Nosotros tenemos una generación de cristal con pocos valores, entonces yo creo que tiene que haber un abordaje completo para poder recuperar devuelta el tejido social, no creo que 15, 20 o 30 años, o una cadena perpetua que me parece mucho más extremo aún, sea la solución que necesita nuestro país. Es uno de los factores que puede ayudar a disuadir, claro que sí, pero no es todo”, cuestionó.

Mientras tanto, indicó que hay que mirar y bus­car otras alternativas que dé una solución en la que la sociedad también esté invo­lucrada, teniendo en cuenta que el sistema penitencia­rio también debe ser mejo­rado, y no puede ser conside­rado como una de las únicas opciones.

“Tenemos un sistema carce­lario que no significa abso­lutamente una reinserción social. Nosotros necesita­mos una reforma profunda del sistema penitenciario, de la educación misma de nues­tros niños y de nuestros jóve­nes, y tener devuelta esa con­tención social, de los tejidos sociales que están perdidos en nuestro país”, mencionó.

Tras la media sanción del Senado al proyecto que propone el aumento de penas para adolescentes que cometan delitos graves, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, instó a la sociedad a mirar más allá del castigo y apostar por un modelo educativo sólido que actúe desde la prevención.

El secretario de Estado expresó que como sociedad “todavía recurrimos como primera instancia a recrudecer penas” ante situaciones de alto impacto social, una reacción que, si bien puede tener efectos inmediatos, resulta insuficiente sin el acompañamiento de políticas educativas y sociales integrales.

“Estamos en la etapa punitiva, en donde pensamos que la punición es una medida eficaz, y en algunos casos lo es, pero desprovista del modelo educativo, del desarrollo social, de generar comunidad y contención, no será suficiente”, advirtió Ramírez, subrayando que el aumento de penas no puede ser visto como la única solución.

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El ministro valoró el avance legislativo como un paso dentro de un camino más amplio, pero insistió en que es fundamental trabajar en la prevención desde las escuelas y los hogares. “El arte, la música, el deporte influyen en los chicos en una dimensión distinta, les ofrece una salida y el cobijo de un sistema que no los margina”, explicó.

Ramírez también hizo hincapié en el papel clave de la familia, alertando sobre una creciente descomposición del tejido social básico, que no solo afecta a la clase vulnerable. “La ausencia de los padres a veces se intenta compensar con dinero o comodidades, cuando lo que realmente falta es la parte humana”, señaló a la 1020 AM.

El ministro de Educación hizo un llamado para fortalecer el sistema educativo como herramienta de transformación social y prevención. En palabras de Ramírez: “Debemos dar un salto como sociedad y trabajar más en la prevención. Esto no se soluciona con una sola medida, sino con un conjunto de acciones coordinadas que generen oportunidades reales para nuestros jóvenes”.

Hay que señalar que el tema es discutido en las últimas semanas tras el caso de María Fernanda Benítez, una joven de 17 años asesinada en Coronel Oviedo por un adolescente de también 17 años.

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“Dignidad para nuestros niños, niñas y adolescentes”. Con este mensaje, el presidente de la República, Santiago Peña, informó a través de sus redes sociales que firmó la promulgación de la Ley conocida como “Letrina Cero” en todas las escuelas y colegios públicos del país.

En compañía de uno de los proyectistas, el senador colorado Silvio Ovelar, el jefe de Estado dio una última revisión a la Ley sancionada por el Congreso que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025 (PGN 2025), correspondiente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La presente legislación dispone una ampliación del presupuesto del MEC, por un valor total de G. 48.000.000.000 (recursos del tesoro nacional). Con ello, se llevará adelante la construcción de sanitarios modelos y sexados en todas las instituciones educativas públicas.

Esta normativa busca erradicar definitivamente el uso de letrinas en centros educativos, garantizando condiciones dignas de saneamiento para los estudiantes, apostando de esa forma a su bienestar y un futuro mejor.

La ley promulgada establece además, que el Ministerio de Educación y Ciencias, será el responsable de ejecutar dichos recursos, destinados a la construcción de baños en diferentes instituciones educativas del sector público, dependientes del MEC, dentro del marco de la implementación de “Ley Letrina cero en las escuelas”.

La propuesta legislativa, que ahora ya es una ley vigente, surgió a partir de un censo de la infraestructura escolar que reveló la falta de agua potable y baños en varias escuelas, afectando a miles de estudiantes.

Cabe señalar que de acuerdo a los registros, unos 350 locales escolares cuentan con letrinas como servicio sanitario, actualmente. En estas escuelas reciben educación alrededor de 15 mil estudiantes.

La ejecución de este proyecto va a abarcar a los 17 departamentos del país, comenzando por los departamentos de Presidente Hayes, Canindeyú, Caazapá y Boquerón, que va entre 40 a 78 el número de escuelas públicas que tienen letrina hoy en día. Mientras que en el resto del país, oscilan entre 5 a 20 aproximadamente baños precarios en los diferentes departamentos.

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