En julio de este año, el futbolista brasileño Vinicius Júnior celebró sus 25 años en una finca de Río de Janeiro con conciertos, fuegos artificiales, atracciones de parque de diversiones y cerca de 500 invitados. Ahora, un vecino del lugar lo denunció por causar “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” debido al ruido y los gritos, informó el Diario Deportivo Olé.
“La denuncia dice que la música y los gritos de la fiesta fueron tan fuertes que la policía tuvo que intervenir varias veces. Los agentes pidieron bajar el volumen, y eso se hizo por un momento. Pero cuando la policía se fue, el ruido volvió a subir”, detalló el citado medio.
Por su parte, la ley brasileña dice que quien moleste a los vecinos con ruido o altere la tranquilidad puede recibir entre 15 días y 3 meses de cárcel, o pagar una multa. Ahora, Vinicius, actual jugador del Real Madrid, deberá presentarse ante la Justicia; la primera audiencia será el 6 de noviembre.
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Giuzzio aprovecha escenario de dolor para ocupar papel de víctima y lanzar ataques
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio se refirió a la muerte de Daniel Alberto Farías Kronawetter, exasesor de Inteligencia durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Ambos están bajo investigación, el primero por sospechas de vínculos con el narcotráfico y el fallecido afrontaba un proceso por presunta filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Lo recordó como un colaborador en cuanto a provisión datos ya desde el Ministerio de Hacienda donde se desempeñó como analista y luego desde el Ministerio del Interior, donde ocupó el cargo de asesor.
Dijo que siempre se mostró con “un perfil bajo” de analista vinculado principalmente al ámbito de la inteligencia financiera.
Sin embargo, Giuzzio atacó que fue un “invento procesal penal” de la Fiscalía la acusación y expresó que el funcionario había sido trasladado al Congreso Nacional donde estaba en Recursos Humanos.
Una vez más Giuzzio se puso en posición de víctima y aprovechó el trágico suceso para cuestionar al “cartismo”.
“Me imagino que estarán muy contentos y bailando en una pata”, sostuvo el exparlamentario y exfiscal a la 1080 AM, dejando entrever que la pérdida humana puede ser motivo de alegría para algunos sectores políticos.
“El cartismo es amargura, es sangre, es revanchismo, es venganza. La muerte probablemente sea una de las expresiones más injustas porque mueren los que no tienen que morir y no mueren los que tienen que morir”, arguyó.
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Hallan sin vida al empresario Luis Augusto Montanaro
El empresario y procesado por varios delitos, Luis Augusto Montanaro, de 41 años de edad, fue encontrado sin vida en el complejo Altamira de Surubi´i, de Mariano Roque Alonso. El suceso se registró a las 15:50 en la Torre 3, piso 12, departamento 4, del citado complejo.
De acuerdo al reporte policial, se tuvo conocimiento del hecho a través de la llamada vía frecuencia radial, acudiendo el personal de Mariano Roque Alonso. Una vez en el lugar fueron recibidos por Chiara Lucía Vera Velázquez.
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La mujer manifestó que este martes, siendo las 15:30, aproximadamente, llegó al lugar encontrando a quien en vida fue Luis Augusto Montanaro. Estaba tendido sobre el piso en el balcón en posición de cubito ventral y a su costado un arma de fuego. Montanaro guardaba arresto domiciliario en el lugar con tobillera electrónica en el marco de la causa Nº caratulada “Luis Augusto Montanaro Bedoya sobre Lesión del derecho a la comunicación y a la imagen”. La misma ingresó a la propiedad siendo su secretaria y a raíz de que no contestaba las llamadas se constituyó al lugar.
Debido al suceso se comunicó a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 4, Fiscalía de Mariano Roque Alonso, Blanca Zaracho. Se convocó a personal del Departamento de Criminalística.
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Citan a Miguel Prieto en segundo proceso penal
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, citó por segunda vez al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el proceso penal conocido como Tía Chela, en el que se tiene un perjuicio patrimonial de G. 2.949.650.000. Prieto tendrá que comparecer los días 7, 8 y 9 de octubre, a las 8:00. Igualmente, Prieto ya fue citado para los primeros días de octubre por el caso conocido como Tajy.
En la diligencia judicial se definirá si Miguel Prieto y otros procesados van a un juicio oral y público, así como lo ha solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
COMPRAS IRREGULARES EN PANDEMIA
El proceso penal contra Prieto tiene relación con un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la comuna esteña.
La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del covid-19.
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Operativo Dakovo: confirman prisión preventiva de imputado
El Tribunal de Apelación confirmó la prisión preventiva de Paulo César Fines, procesado por conformar un esquema de tráfico de armas en el marco del operativo Dakovo. La jueza Lici Sánchez ya había ratificado la prisión del imputado.
Los camaritas señalaron en su resolución judicial que “se constata en el caso la gravedad del perjuicio causado, y los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del hecho punible, sostenidas por el titular de la acción pública, en los cuales expresa que existen hechos suficientes e ineludibles para suponer la existencia del peligro procesal de fuga”, indica la resolución del tribunal de alzada.
Fines Ventura está acusado por delitos relacionados con tráfico ilícito de armas de fuego, asociación criminal y alteraciones de datos relevantes, entre otros.
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La defensa alegó que la prisión preventiva es desproporcionada, considerando que el imputado ya habría cumplido el tiempo mínimo estipulado para el tipo de delito imputado. El abogado defensor también sostuvo que no existen indicios claros de peligro de fuga ni obstrucción a la investigación, presentando documentación que acredita el arraigo familiar de su representado.
La cámara de apelación determinó que la decisión inicial del juzgado penal de garantías se ajustó a derecho, señalando que persisten los presupuestos legales que justifican la medida de prisión preventiva.
El Ministerio Público argumentó que el riesgo de fuga sigue siendo alto, especialmente considerando la gravedad de los hechos imputados y la solicitud de extradición vigente. La liberación del procesado, según los fiscales, podría comprometer tanto el curso del proceso penal nacional como las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
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