• La Paz, Bolivia. AFP.

Bolivia, con falta de divisas extranjeras y en medio de una profunda crisis económica que ha generado violentas protestas sociales, corre el riesgo de caer en cesación de pagos si no obtiene nuevo financiamiento, advirtió el presidente Luis Arce durante una entrevista con la AFP. “Estamos procurando no entrar en ‘default’. Tenemos toda la intención de pagar nuestra deuda, ¿pero si no tenemos los recursos?”, señaló el mandatario izquierdista, entrevistado el miércoles en la sede de gobierno.

Arce, en el poder desde 2020, no logra que el Parlamento apruebe los préstamos internacionales que solicitó a entidades multilaterales. Según él, la oposición de derecha y los congresistas afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) se han unido para bloquear sus pedidos de financiamiento.

El actual mandatario, quien declinó presentarse a la reelección en las presidenciales del 17 de agosto, enfrenta el descontento popular por la elevada inflación, que se disparó en mayo a más del 18% interanual, el dato más alto registrado en los últimos 17 años, así como por una marcada escasez de carburantes y dólares.

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La carestía ha motivado protestas sociales y cortes de vías que duraron dos semanas este mes, impulsados por Morales, exaliado de Arce. El gobierno informó el domingo que los choques entre policías y manifestantes dejaron seis muertos, cuatro de ellos uniformados, y más de 200 heridos.

Actualmente hay 1.800 millones de dólares en solicitudes de fondos internacionales que hasta ahora no han sido discutidas por los legisladores. El país necesita hasta diciembre 2.600 millones de dólares para la importación de carburantes y el pago de la deuda externa.

“Estamos haciendo el peor negocio como país. Porque cuando uno tiene deuda externa, paga capital e intereses” al acreedor, y esa salida de dólares “se compensa con el ingreso de los nuevos desembolsos” provenientes de nuevas deudas, lo que no ocurre ahora, señaló Arce.

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La deuda externa de Bolivia representa el 37,2% de sus ingresos nacionales brutos, según el Banco Mundial (BM). Sus principales acreedores son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el BM y China.

Bolivia casi ha agotado sus reservas internacionales líquidas para solventar su política de subsidios a los combustibles, que importa a precio internacional y vende subvencionados internamente. La última vez que Bolivia dejó de pagar su deuda externa fue en 1984, durante el gobierno del izquierdista Hernán Siles Zuazo.

Arce, que arrolló en las urnas con un 55% de los votos, asumió la Presidencia apoyado por Morales. Pero la crisis económica fue haciendo mella en su imagen. Hoy es uno de los mandatarios más impopulares de Sudamérica. Solo un 9% de los bolivianos aprueba su gestión, según la encuesta Latinobarómetro de 2024.

Responsabiliza de ello a Morales, quien anunció en 2023 sus intenciones de buscar un cuarto mandato a pesar de estar legalmente inhabilitado. Su oposición ha sido feroz desde el parlamento y las calles. Arce aseguró que que su exaliado golpeó en los últimos años “con toda su artillería hacia el gobierno nacional”, en momentos en que su administración “estaba comenzando a despegar”.

A las puertas de una nueva elección presidencial, Bolivia podría ver un viraje en su modelo económico, después de casi dos décadas de la izquierda en el poder. La derecha lidera ahora las encuestas de intención de voto para los comicios, con el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga.

“Si estamos dando paso a la derecha para que entre en las próximas elecciones (...), es el pueblo boliviano el que va a sufrir, no va a ser Evo Morales”, dijo Arce. El presidente aún cree que el candidato oficialista, el exministro Eduardo del Castillo, podría ser la gran sorpresa en las urnas, aunque en las encuestas está por debajo del 3% de la intención de voto.

• La Paz, Bolivia. AFP.

En medio de una carestía que no cesa en Bolivia, Sonia, una madre soltera de 40 años, se quedó de nuevo sin poder comprar aceite en un almacén estatal del centro de La Paz con mejores precios, donde hacía fila desde la madrugada. “Tengo que trabajar para mis seis hijos. Y venir a hacer esta cola encima, no me da. Ya no duermo bien”, dice enojada. Se va con las manos vacías, muy abrigada por el intenso frío y pide que no se publique su apellido.

La crisis económica en Bolivia, causada por la escasez de dólares y un excesivo gasto público, empobrece desde el año pasado a la población. Uno de sus efectos más visibles es la inflación, que en mayo fue de 18,4 % interanual, la más alta en por lo menos 17 años. Los clientes irritados increpan a los empleados de la agencia estatal por la falta de productos y golpean las puertas metálicas como protesta. Gisela Vargas, de 30 años, lamenta: “No hay arroz, azúcar, huevo, ya no hay nada”.

La crisis se ha agravado más en los últimos días, con los bloqueos de carreteras impulsados por los partidarios del expresidente Evo Morales, impedido de ser candidato presidencial en las elecciones de agosto. Los manifestantes exigen la renuncia del actual mandatario Luis Arce. Obstruyen el paso de cargamentos de comida y otros productos de primera necesidad por rutas neurálgicas de Bolivia. Sus choques con la policía han dejado cuatro efectivos y un civil muertos.

En la casa de Rocío Pérez, una jubilada de 65 años que vive con sus hijos y nietos, ya han empezado a racionalizar sus compras. “Nunca pensamos que esta situación podía llegar a este límite, donde tengamos que hacer cola por alimentos o papel higiénico. Estamos al borde del precipicio”, dice a la AFP mientras espera su turno en otra tienda del gobierno.

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“En términos de poder adquisitivo, los salarios se están deteriorando muy fuertemente” con la inflación, explica José Luis Evia, economista y ex miembro del directorio del Banco Central de Bolivia, donde el boliviano, la moneda local, cada vez vale menos. En los últimos años, la caída en las exportaciones de gas ha generado un menor ingreso de dólares a Bolivia. El gobierno los necesita para importar combustibles a precio internacional y venderlos subsidiados en el mercado interno. Ya casi ha agotado sus reservas internacionales líquidas.

En la Garita de Lima, una concurrida zona comercial paceña, un camión descarga pollos en un puesto mayorista. Cientos de bolivianos se forman en largas filas, impacientes y crispados. Meses atrás, el kilo de pollo costaba el equivalente a 2,6 dólares. Hoy está a 5. Francisca Flores, vendedora ambulante de 69 años, dice que ya no le alcanza para comprar esta proteína como antes. Ahora come tortillas y otras comidas a base de huevo.

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“Me siento impotente (...). Con mi platita salgo (...) y si no puedo” comprar los alimentos “nada, pues me voy, me aguanto”, dice. Una encuesta nacional de marzo de la consultora Panterra indicó que el 89 % de los bolivianos deseaba una “dirección muy distinta” a la llevada por el gobierno de Arce. Su principal preocupación era el incremento del costo de vida. “Yo quisiera que este gobierno se vaya de una vez, que piense en la gente”, opina Flores.

Para Evia, el malestar social puede ser un factor determinante para que la izquierda, que gobernó por casi dos décadas, pierda el poder en las próximas elecciones presidenciales. “La gente está viendo que el país no puede seguir este rumbo y cada vez hay mayor consenso para un cambio”, comenta. Los productos importados también están entre los que más han subido de precio por el encarecimiento del dólar en el mercado paralelo.

La madre diabética de Griselda Ventura, de 27 años, tuvo que internarse en un hospital de La Paz porque en Chulumani, un poblado 115 kilómetros al este donde vivía, ya no encontraban los medicamentos importados que necesita. Y aunque está asegurada y debería recibir su tratamiento sin costo del seguro público de salud, ahora tiene que recurrir a farmacias privadas, donde algunas de sus pastillas han duplicado su precio. El hospital está desabastecido. “No hay ni una jeringa” ahí, dice Ventura, en las afueras del centro de salud.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, reafirmó el compromiso del gremio a favor de la vacunación contra la fiebre aftosa, remarcando que no hay un mercado que actualmente les pague mejor por dejar de vacunar.

“Seguir vacunando es más barato y más seguro”, afirmó, agregando que aún hay riesgo del ingreso ilegal de animales sin control sanitario. Asimismo, señaló que gracias al modelo de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa) Paraguay alcanzó el 99 % de vacunación del ganado, lo cual nos abrió mercados como EE. UU., Canadá o Singapur.

También comentó que la creación del Instituto Paraguayo de la Carne debe ser el siguiente paso. “Necesitamos trazabilidad completa y defensa técnica del producto como lo hace Uruguay. El mundo quiere saber de dónde viene lo que consume. Si queremos más mercados y mejor precio, necesitamos trazabilidad, profesionalismo y unidad”, dijo a la 800 AM.

Sobre el IPC, dijo que esta será una alianza público privada con gestión técnica y eficiente, orientada a fortalecer la trazabilidad y la reputación del producto paraguayo en el mundo. “Uruguay lo hizo, y hoy lidera en precios por tonelada gracias a su trazabilidad total y al trabajo de su instituto”, dijo.

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Según Prieto se necesita de esa herramienta, ya que no es un impuesto ni un ministerio nuevo pues ”es un órgano técnico, ágil, administrado por el sector privado, como Fundassa”, aclaró.

A nivel personal recordó que el brote de fiebre aftosa había golpeado a Paraguay en el año 2011. “Ese episodio dejó huellas profundas. Como productores todavía lo recordamos con angustia. Fue un golpe durísimo, muchos pequeños productores se vieron obligados a cerrar y al país le costó años recuperar la confianza internacional”, manifestó el titular de la ARP.

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• Montevideo, Uruguay. AFP.

Cuarto presos murieron y tres guardias resultaron intoxicados ayer lunes en una cárcel de Uruguay, a causa de un incendio provocado por una riña entre reclusos que tomó una de las celdas del centro penitenciario, informaron fuentes oficiales. A la hora 13:00 (16:00 GMT) un incendio afectó una celda de la cárcel de Santiago Vázquez, a 22 kilómetros del centro de Montevideo, “con el resultado de cuatro personas privadas de libertad fallecidas”, informó el Ministerio de Interior en un comunicado.

“La situación se produjo a raíz de un enfrentamiento entre grupos de reclusos que estaban alojados en celdas contiguas“, agregó la misiva que divulgó la identidad de los hombres fallecidos, de 23, 27, 34 y 47 años. Tres funcionarios del llamado centro penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez, que concentra la mayor población carcelaria del país, resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono y fueron atendidos por los servicios médicos.

El ministerio agregó que la situación “se encuentra actualmente bajo control” y que autoridades trabajan en el lugar junto a personal técnico y judicial para obtener más detalles de lo acontecido. Al cierre del 2024, en Uruguay había más de 16.000 personas encarceladas, según datos del Ministerio del Interior, lo que coloca al país de 3,4 millones de habitantes entre los 15 de mayor población carcelaria per cápita del mundo, de acuerdo al relevamiento realizado por el World Prison Brief.

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