Las autoridades colombianas apuntaron este miércoles a la disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez como posible autor intelectual del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, hospitalizado en cuidados intensivos desde hace casi dos meses.

La Segunda Marquetalia es una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC formada por combatientes que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz del 2016 y que según inteligencia militar tiene más de 2.000 miembros.

“Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetelia forma parte de este entramado en términos de los determinadores (del atentado) pero eso está en investigación”, dijo Carlos Fernando Triana, director de la policía, en una rueda de prensa.

Uribe, un senador opositor de 39 años, fue baleado durante un mitin en un barrio popular de Bogotá el 7 de junio. Desde entonces, permanece conectado a un respirador artificial y su diagnóstico es reservado.

En las últimas semanas, sus familiares celebraron su entrada en un proceso de neurorehabilitación. Su hermana, María Carolina Hoyos, aseguró recientemente que su recuperación es un “milagro”.

Hasta el momento hay seis detenidos por el caso incluido el atacante, un menor de 15 años. A principios de julio la policía detuvo a Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño”, cerebro logístico del ataque y pieza clave para llegar a los autores intelectuales.

El ataque a Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro inició diálogos de paz con la Segunda Marquetalia a mediados de 2024 en Venezuela, pero actualmente están suspendidos ante la falta de avances.

Las autoridades sospechan que Márquez y el segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque esas versiones no han sido confirmadas. La investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Laura Bonilla, no descarta la hipótesis de la policía.

La Segunda Marquetalia podría tener intereses en un atentado como este para desestabilizar al país y así “consolidar control territorial”, poner a este gobierno o el próximo “contra las cuerdas” o “parecer más grandes de lo que son”, señaló en declaraciones a Blu Radio.

Fuente: AFP

Los aranceles del 50 % que golpean importaciones brasileñas a Estados Unidos tan importantes como el café y la carne entraron en vigor este miércoles, en un pulso del presidente estadounidense, Donald Trump, que tensa la relación con la primera economía latinoamericana. Estados Unidos exporta más a Brasil de lo que importa, pero el presidente republicano retó al mandatario izquierdista brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que considera una “caza de brujas” contra su predecesor ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

Además, la Casa Blanca califica la política brasileña de “amenaza inusual y extraordinaria”. Por todo ello sube del 10 % al 50 % las tarifas aduaneras a muchos productos brasileños a partir de este miércoles. Otorgó un plazo adicional a los productos cargados en barcos antes del 7 de agosto y que lleguen a Estados Unidos antes del 5 de octubre.

Trump ha excluido de los nuevos gravámenes bienes esenciales para Brasil como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros. Pero incluyó el café y la carne. Según Brasilia, el 36 % de las exportaciones del país a Estados Unidos se verán afectadas por impuestos suplementarios, una situación que exaspera a Lula.

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“Creo que nosotros los brasileños estamos a prueba”, declaró Lula el martes en el palacio Itamaraty, sede de la cancillería. “Nuestra democracia está siendo cuestionada, nuestra soberanía está siendo atacada, nuestra economía está siendo agredida (...) En ningún tarifazo aplicado a otros países hubo intento de injerencia sobre la independencia de los poderes del país”, añadió.

El dirigente izquierdista que prevé presentarse a las elecciones en 2026 arremetió, sin mencionarlo, contra Eduardo Bolsonaro. El diputado e hijo del exmandatario brasileño mantiene vínculos estrechos con líderes trumpistas y encabeza desde Estados Unidos una campaña en defensa de su padre.

“Esta interferencia en temas internos contó con el apoyo de verdaderos traidores a la patria”, dijo Lula, quien descarta llamar a Trump “porque él no quiere hablar”. El enojo de Trump, plasmado en julio en dos cartas, una contra el Brasil de Lula y otra en solidaridad con Bolsonaro, ha crispado la relación entre los dos países.

Atrás queda la cordialidad escenificada por Lula y el expresidente demócrata estadounidense Joe Biden en una visita del brasileño a la Casa Blanca en 2023, cuando ambos se erigieron en guardianes de los valores democráticos. Trump ha golpeado asimismo el sistema judicial, con sanciones al juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro, por “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”. Una presión creciente que no ha impedido a Moraes asignar a Bolsonaro a arresto domiciliario por violar una prohibición de uso de redes sociales en el marco de su juicio.

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Brasil adelanta por unas horas a decenas de socios de Estados Unidos sujetos a aumentos de tarifas aduaneras. En abril Trump ya impuso un mínimo universal de +10 % de aranceles, que es lo que seguirán pagando los productos de muchos de sus socios, incluidos la mayoría de los latinoamericanos.

Pero a partir del jueves otros muchos tendrán que abonar recargos de hasta el 41 %. La mayoría pagarán un 15 % adicional, como Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Nicaragua, un 18 %.

México tiene un plazo de 90 días para negociar las subidas arancelarias, aunque ya enfrenta aranceles adicionales del 25 % a los productos que no estén protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte con Estados Unidos y Canadá. Además, Trump impuso recargos específicos a sectores como el 50 % al acero, al aluminio y al cobre. Y el 25 % a automóviles y componentes que no entren en el T-MEC.

Fuente: AFP.

Un tribunal de Bogotá negó ayer lunes un pedido del expresidente colombiano Álvaro Uribe para recuperar su libertad mientras apela la histórica sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por cargos de soborno y fraude procesal. Uribe, máxima figura de la derecha colombiana, fue condenado la semana pasada en una corte de primera instancia por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.

Desde el viernes, cuando dictaron su sentencia, cumple prisión domiciliaria en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 km de Medellín. La jueza dispuso su arresto por considerar que existe riesgo de fuga. Pero sus abogados defienden que esto no tiene sustento y pidieron el lunes al Tribunal Superior de Bogotá “el restablecimiento inmediato de la libertad” del expresidente.

El mismo día, un juez de esa corte decidió “no decretar la medida provisional” solicitada por la defensa del exmandatario, al considerar que el recurso de libertad “no cumple los estándares de urgencia” requeridos por la ley colombiana, según la resolución del juzgado.

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Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de la libertad tras ser hallado culpable por obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.

Uribe denuncia que el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder. Su partido, Centro Democrático, convocó a marchas en todo el país el 7 de agosto para defender al político, muy popular en Colombia por su lucha y política de mano de hierro contra la guerrilla. Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar por escrito los argumentos de su apelación.

Luego, el caso pasará a otra sala del tribunal de segunda instancia de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado. Esta condena abre la puerta a otras investigaciones contra Uribe que lo vinculan con los paramilitares y sus graves violaciones a los derechos humanos en los peores años del conflicto armado.

Fuente: AFP

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El cerco judicial se estrechó bruscamente ayer lunes contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ordenado a arresto domiciliario por violar una prohibición de uso de redes sociales en el marco del juicio por presunta intentona golpista. El exjefe de Estado (2019-2022), líder indiscutido de la derecha y la ultraderecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, está siendo juzgado en el Tribunal Supremo acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Investigado por una presunta obstrucción de su juicio, desde mediados de julio Bolsonaro está obligado a llevar una tobillera electrónica, permanecer en casa por las noches y los fines de semana, y le está prohibido expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros. El lunes, el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo del proceso contra Bolsonaro ante la corte suprema, confinó al expresidente a su residencia en Brasilia, alegando un “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas”, en especial la prohibición de usar redes sociales.

Con excepción de sus abogados, toda visita a su domicilio quedó proscrita, salvo previa autorización, dispuso en un documento judicial consultado por la AFP. “La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”, subrayó el juez.

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Moraes achaca a Bolsonaro intervenciones divulgadas por su entorno cercano en redes sociales, el domingo, durante la jornada de manifestaciones en su apoyo en varias ciudades del país. El excapitán del Ejército, de 70 años, fue el gran ausente en esas movilizaciones. Pero sus partidarios compartieron en redes sociales imágenes de una llamada entre él y su hijo mayor, Flavio, durante un acto de solidaridad en Rio.

El lunes Moraes también le impidió a Bolsonaro el uso de celulares, tanto propios como ajenos. En una operación el lunes en la casa del exmandatario en Brasilia varios aparatos fueron requisados, informó la Policía Federal. Con la bandera brasileña en la mano o sobre los hombros, decenas de seguidores de Bolsonaro se concentraron la noche del lunes en Brasilia, acompañados de un concierto de bocinas de otros simpatizantes. La seguridad frente a la sede del Supremo Tribunal Federal fue reforzada, constató la AFP.

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Las nuevas medidas del influyente Moraes ocurren cuando la situación judicial de Bolsonaro está en el centro de un huracán diplomático entre Brasil y Estados Unidos. El respaldo de Trump a Bolsonaro ha tenido grandes repercusiones en la mayor economía latinoamericana. El 30 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso a Moraes sanciones financieras personales, luego de que se le revocara la visa de ingreso al país.

El mismo día, Trump autorizó aranceles de 50% a importantes sectores exportadores brasileños, que deben entrar en vigor el miércoles 6. Washington condenó la prisión domiciliaria contra el expresidente: “Dejen a Bolsonaro hablar”, indicó la noche del lunes en X la oficina para el hemisferio occidental de la diplomacia estadounidense.

Los funcionarios estadounidenses añadieron que “responsabilizarán a todos aquellos que colaboren con o faciliten conductas sancionadas”. Instigador de las medidas estadounidenses, un hijo del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, denunció en X un “abuso de poder para silenciar el líder de la oposición brasileña” y llamó a Moraes un “psicópata descontrolado”.

Según Moraes, la prohibición de usar las redes sociales -criticada por confusa por figuras bolsonaristas, pero también por especialistas y por la prensa- ya había sido violada una primera vez tras la imposición de la tobillera electrónica. Moraes advirtió entonces que no toleraría una repetición. “La justicia es igual para todos. El acusado que incumple deliberadamente las medidas cautelares -por segunda vez- debe sufrir las consecuencias legales”, dijo el lunes el magistrado.

Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030 por sus ataques sin pruebas contra el sistema de votación, y posiblemente enfrentado a unos 40 años de cárcel por el juicio en curso, Bolsonaro insiste en que espera ser candidato en las elecciones presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, afirma de su lado su voluntad de disputar un cuarto mandato si está “100% de salud”. El mandatario izquierdista estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019 por corrupción. La corte suprema anuló luego la condena, bajo el argumento de que el juez a cargo había sido parcial.

Fuente: AFP