Organizaciones de derechos humanos de Ecuador refirieron el viernes que la activista polaca Monika Silva fue asesinada y descartaron la hipótesis de un supuesto suicidio, tras recibir el informe forense. Silva falleció hace una semana en el poblado costero de Montañita, en la provincia de Santa Elena (suroeste). Su cuerpo fue hallado dentro de su vivienda.

Apenas se conoció del deceso, el ministro de Interior, John Reimberg, dijo que había sido un suicidio e incluso mencionó que la activista anticorrupción había enviado un mensaje de despedida a su pareja. “Hoy con los informes periciales tenemos la certeza que estamos frente a una muerte violenta. Por lo tanto, se desmorona esta pretendida alusión de que había de por medio un suicidio”, dijo en una rueda de prensa virtual la abogada Lita Martínez, directora del CEPAM, una organización por los derechos de las mujeres.

El CEPAM junto al Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) llevan el caso y acompañan a la familia de Silva, madre de dos niñas. La activista polaca denunciaba casos de corrupción, tráfico de tierras y afectaciones al medioambiente en los que estaban supuestamente implicados personas ligadas a la política local. Meses antes de su muerte había denunciado amenazas.

“A ella la asesinaron. Ese crimen no es único, hay que entenderlo como un contexto de, digamos, deterioro de las libertades”, señaló Billy Navarrete, del CDH. Los defensores de derechos humanos en Ecuador están “en condición de desamparo”, agregó.

Martínez señaló que la Fiscalía debe tomar en cuenta en su investigación el rol de activista anticorrupción de Silva y que además fue “víctima de violencia” de género.

“Los hechos que llevaron a la muerte de Mónica sin duda alguna están marcados por la intencionalidad, por la saña. Y creo que eso demuestra también que no fue un hecho aislado, sino premeditado”, dijo la directora del CEPAM. Dos peritos forenses argentinos participan como veedores en la investigación, por pedido del gobierno ecuatoriano.

Fuente: AFP.

El presidente boliviano, el conservador Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de excepción y ordenó el envío de policías y militares a despejar las barricadas de los manifestantes antigubernamentales que han paralizado el país desde hace más de seis semanas. Desde principios de mayo, una amplia coalición de sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos de vías.

Las principales ciudades del país, principalmente La Paz y su vecina El Alto, han sufrido una grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos, y la economía ha perdido miles de millones de dólares debido a estas protestas que el primer presidente no socialista en dos décadas calificó el sábado de “intento de golpe de Estado” del “narcoterrorismo”.

Paz dio un discurso nocturno en la televisión estatal para advertir a los manifestantes que se enfrentarían a “todo el peso de la ley”, en un intento de poner fin a los disturbios generalizados y a la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

El estado de emergencia de 90 días restringe el derecho a manifestar y permite a Paz desplegar al ejército.

A primera hora del sábado, periodistas de la AFP en la ciudad de El Alto vieron cómo la policía antimotines y las excavadoras intervenían para despejar una barricada de piedras, troncos y escombros.

Algunos residentes aplaudieron a los escuadrones de agentes armados que llegaron a bordo de camionetas.

Carla Butrón, comerciante de 39 años, observaba contenta el despliegue de los uniformados.

“Mucha felicidad, mucha felicidad, mucha paz como alteña, porque todos estos casi cincuenta días que han pasado, ha sido todo coartado aquí en el Alto, tanto el trabajo, la libre circulación”, dijo a la AFP.

Dos tanquetas militares se sumaron al convoy policial para avanzar en una ruta que conecta con el sur del país y el norte chileno e ir limpiando escombros, piedras y troncos dejados por los manifestantes.

En La Paz, un puñado de policías militares y personal de la Armada custodiaban el palacio presidencial, mientras que unidades de la policía se encontraban apostadas en varios puntos de la ciudad.

“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, declaró Paz más tarde en una publicación en las redes sociales.

“Este estado de emergencia no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, señaló.

Los manifestantes reclaman que Paz deje de lado las reformas económicas liberales y dimita.

El mandatario, de 58 años, llegó a un acuerdo el viernes en la noche con uno de los principales sindicatos del país, la Central de Trabajadores de Bolivia, para poner fin a la crisis con la promesa de no privatizar las empresas estatales y mantener nuevas conversaciones.

Sin embargo, algunos grupos indígenas mantienen las protestas con más de 30 bloqueos en las principales carreteras del país. El Poder Ejecutivo espera que exista un descenso gradual de cortes de rutas.

“Queremos que se vaya. No queremos que sea él quien gobierne”, declaró recientemente a la AFP Lidia Callisaya, una líder aimara de 42 años.

Paz acusa a los “narcoterroristas” de estar detrás de las protestas e incluye entre ellos al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Morales, líder indígena y antiguo cultivador de coca, vive desde hace dos años en la clandestinidad, acusado de presunto tráfico de menores, cargo que él niega.

Su lugar de refugio es la región del Chapare, en el centro de Bolivia, donde cuenta con la protección de miles de simpatizantes indígenas que, hasta el momento, han impedido que la policía lo detenga. Morales declaró recientemente a la AFP que los bolivianos se estaban rebelando contra un gobierno conservador que es “totalmente sumiso” a Estados Unidos.

Fuente: AFP.

El líder de una banda criminal que opera en Ecuador fue asesinado a tiros el miércoles en el aeropuerto de Guayaquil, informó el ministro de Interior, John Reimberg, que identificó al fallecido como Carlos Suástegui, cabecilla de la banda de Las Águilas, brazo armado del temido grupo criminal Los Choneros.

El crimen ocurrió un día después de que el presidente Daniel Noboa decretara un estado de excepción por el incremento sostenido de la violencia en 10 de las 24 provincias del país. La medida incluye a Guayas, de la que Guayaquil (suroeste) es capital.

“¡Ayuda, ayuden a mi papá!”, se escucha gritar a un joven que abraza a una persona, según videos difundidos en redes sociales. También se observa otro cuerpo tendido en uno de los accesos del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El ministerio de Interior no ha entregado un balance de heridos por el ataque ocurrido hacia las 18:00 locales (23:00 GMT).

Suástegui era considerado un delincuente de “alto riesgo” y un “objetivo criminal priorizado” por las autoridades e investigado por asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas, señaló el ministro en su cuenta de X.

Policías y guardias del aeropuerto detuvieron a dos adolescentes, de 15 y 16 años. “En el lugar se incautaron dos armas de fuego”, informó Reimberg.

“Al escuchar los estruendos de bala, que fueron unos ocho o 10, nos asustamos; los policías nos sacaron”, dijo al canal TC Televisión un hombre que debía tomar un vuelo a Quito.

En las afueras del aeropuerto decenas de pasajeros buscaban información sobre los vuelos que debían abordar. Otros esperaban noticias de amigos y familiares que llegaban al principal aeropuerto del país.

De acuerdo con las autoridades de Guayaquil, la terminal aérea está operativa. Sin embargo, “el acceso y la salida de las instalaciones permanecerán restringidos de manera temporal”. Guayaquil es foco de la violencia del crimen organizado que siembra el terror en Ecuador, considerado uno de los más peligrosos de Latinoamérica. El país cerró 2025 con una tasa récord de homicidios de 50,9 por cada 100.000.

Fuente: AFP.

Ecuador estima que el impacto de El Niño de 2026-27 será “moderado” en su territorio, donde el fenómeno climático ha dejado cientos de muertos y millonarias pérdidas en años anteriores, dijo el lunes a la AFP la secretaria de Gestión de Riesgos. El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios globales en los vientos y las lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

El evento más fuerte desde 1950 en el país sudamericano fue el de 1997-98, que dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y unos 20.000 damnificados, según cifras oficiales. “Se habla de una situación de moderado”, manifestó a la AFP Carolina Lozano, secretaria (ministra) ecuatoriana de Gestión de Riesgos.

Agregó que, en el caso de su nación, El Niño “se estaría configurando para el último mes de este año” y su mayor impacto se registraría durante el primer trimestre de 2027. La cartera de Lozano declaró en mayo la alerta amarilla en determinadas zonas de hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar, de 17 de las 24 provincias de Ecuador, donde hay mayor susceptibilidad ante posibles impactos asociados a El Niño.

La funcionaria indicó que las provincias costeras de Los Ríos, Guayas y El Oro (en el suroeste) son donde “históricamente” hay “mayores afectaciones” por el fenómeno climático, que se desarrolla cuando la nación sudamericana enfrenta una época lluviosa desde enero que deja 20 muertos, además de 129.000 personas y 36.000 casas afectadas.

Estamos “trabajando en un eje de prevención. La idea es minimizar el impacto. No podemos evitar que ocurra el evento”, añadió.

Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos consideran que hay un 63 % de probabilidades de que se produzca “un episodio de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero (próximos), situándose entre los eventos de mayor magnitud registrados desde 1950”.

“El Niño ya está aquí y podría ser un evento para los libros de historia”, señaló la meteoróloga Haley Thiem en un video explicativo de NOAA.

Con alrededor de una decena de volcanes activos, algunos en proceso de erupción, Ecuador registra 67 tipos de riesgos para la población como sismos, inundaciones y derrumbes.

El país está sobre el denominado cinturón de fuego que en América va desde Alaska hasta Chile y donde las placas marinas y las terrestres convergen y friccionan generando constantes movimientos telúricos. En abril de 2016, un terremoto de 7,8 de magnitud devastó poblados de las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, causando la muerte de casi 700 personas.

Fuente: AFP.