“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

La gestión de Mario Abdo Benítez vuelve al centro del debate por el funesto legado en las finanzas del Estado y en la credibilidad institucional. Con el paso del tiempo, los datos permiten reconstruir un patrón: abundancia de recursos en momentos clave, pero resultados que hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Diversas investigaciones periodísticas documentaron irregularidades en la ejecución de esos fondos: compras fallidas de insumos médicos, procesos licitatorios observados y cuestionamientos por sobrecostos.

La Cámara de Senadores rechazó este lunes, en su sesión extraordinaria, la solicitud de permiso por tiempo indefinido realizada por Javier “Chaqueñito” Vera tras la difusión de audios que le fueron atribuidos y lo involucrarían en delitos como abuso sexual en menores.

La decisión fue tomada de manera unánime por el pleno, con un total de 29 votos. “Los representantes de bancadas están trabajando en la redacción del libelo acusatorio contra Vera que se tendrá hoy antes del mediodía. Una vez que se tenga esto, se procederá a convocar a otra extraordinaria y se le notificará de la situación”, afirmó antes de la sesión el presidente de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, a los medios de comunicación.

La Cámara de Senadores trata hoy el proyecto de ley que elimina las bonificaciones por este año para los cargos de conducción política en los tres poderes.

La sesión extraordinaria de la Cámara Alta se desarrolla en reemplazo de la ordinaria que debía realizarse el miércoles. En el punto tres del orden del día aparece el proyecto de ley que suprime, durante todo el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a los funcionarios que ocupan cargos de conducción política de mayor jerarquía

Si bien Gustavo Alfaro adelantó que va a esperar más para determinar el once que va a arrancar ante Marruecos, el seleccionar de Paraguay aclaró que la idea es no modificar demasiado la base del equipo que paró ante Grecia, el viernes último en Atenas.

Y así como están las cosas, de no surgir algún inconveniente físico, el “Cazador de Utopías” solamente meterá 4 cambios para el duelo con los africanos. A los que ya mencionó; Orlando Gill, Juan José Cáceres y Gabriel Ávalos, se sumaría el ingreso de Braian Ojeda en el medio sector.

“Yo creo que el Paraguay tiene una deuda con la ciudad de Luque, que posee el sentimiento de identidad más marcado, fue de hecho capital de nuestro país y ha crecido muchísimo urbanísticamente", manifestó este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, al encabezar la verificación de la ampliación y mejoramiento de la ruta General Elizardo Aquino, conocida como Tape Tuja.

“Luque hoy es la ciudad del Paraguay que recibe el mayor número de inversión inmobiliaria y esto no es al azar, esto no es suerte, esto es gestión y la toma de decisiones en los momentos difíciles. Esta obra tiene un enorme impacto social con un retorno económico muy importante”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.

“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.

“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Las afirmaciones de Rojas surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes pasado por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, que exigieron la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad al programa de asistencia y su renuncia, pese a que la ley 7322/24 fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuestaria.

“Les recibimos en la sala de reuniones, entraron 35 representantes más o menos, les escuchamos, pero sale la cabeza del grupo y plantea cuatro cosas clave, que cobren la totalidad de las personas de 65 años de edad sin discriminación de forma inmediata, que se aumente la pensión al 50 % del salario mínimo y hoy el monto es de 25 %, que se eliminen las cuentas que se bloquean por falta de movimiento y por último algo que me llamó la atención pidieron que vuelvan a las municipalidades la administración del programa“, remarcó.

Ante dichos requerimientos, Rojas les detalló que el ministerio solo es un órgano de aplicación de la ley y que es el Congreso Nacional la institución encargada de plantear modificaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Señaló también que es necesario contar con un dictamen técnico/financiero para evaluar la sostenibilidad del programa.

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Igualmente, el ministro les explicó que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales y que sus requerimientos demandarían un monto de USD 630 millones anuales a las arcas del Estado.

“Les expliqué y brindé respuestas a todos sus requerimientos y en cuanto a que el programa sea administrado por las municipalidades, es un retroceso. No es que yo piense que las municipalidades no puedan manejarlo, sino que realmente ahí vamos a volver a entrar en un famoso censo de datos con altos costos para el Estado, vamos a volver a entrar en este es mi amigo y este no es mi amigo“, dijo.

El secretario Estado acotó: “Cuando yo les dije todas las dificultades, reaccionaron incluso agrediendo. Yo tuve que pedir permiso y retirarme de la reunión, luego ellos salieron a las calles a pedir mi renuncia. Yo les dije que mi renuncia la tiene el presidente de la República, Santiago Peña, desde el primer minuto en que firmó el decreto de mi nombramiento, es él quien puede disponer del cargo“.

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El viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, Raúl Ramírez, manifestó que la meta del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, con relación a la pensión universal para adultos mayores es la inclusión de 45.000 nuevos beneficiarios este año. Detalló que de enero a marzo ya se logró la incorporación de otras 24.000 personas dentro del programa.

“Estamos avanzando bastante rápido. Nosotros tenemos una planificación bien estructura y la estamos aplicando efectivamente como establece la ley 7322/24 de mayor a menor edad, según la disponibilidad presupuestaria. En este 2026 la meta es llegar a 45.000 nuevos adjudicados como mínimo y a esta altura desde enero a marzo ya hemos incluido a prácticamente 24.000 adultos“, dijo en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

El programa ya alcanzó 360.283 adjudicados, abarcando actualmente la franja a partir de los 69 años. Con la vigencia de la ley de pensión universal impulsada desde octubre del 2024, el gobierno de Peña ya incorporó a 58.000 nuevos beneficiarios.

“Al bajar el rango de 70 años para abajo hay más cantidad de adultos que ya están con edad para ingresar dentro del sistema, desde los 68 años hasta los 65 años. Tenemos corroborado con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística aproximadamente 97.000 personas fuera del sistema que deben ingresar”, remarcó.

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Ramírez ratificó que el gobierno apunta a llegar al 100 % de la cobertura en el primer semestre del 2028. “La ley establece la inclusión como mínimo de 30.000 por año. Lastimosamente muchos adultos mayores fallecen, entonces y eso genera algunas vacancias por mes entre 1.000 a 1.200, que en el año se tiene prácticamente entre 15.000 a 16.000 vacancias", mencionó.

Desde el ministerio detallaron que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales. La ley elimina el censo previo y garantiza una pensión mensual a mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad.

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La deuda del Estado con dos sectores, vialeras y farmacéuticas, ya ascienden a más de USD 1.000 millones, gran parte de estas deudas se vienen arrastrando desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, la mayor parte por intereses generados por los retrasos.

En el programa Fuego Cruzado del canal GEN, representantes de las cámaras de ambos sectores dieron detalles sobre el estado de estas deudas por parte del Gobierno.

Gustavo Masi, miembro de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), explicó que la deuda con la industria de la construcción parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Cerramos el 2025 con 250 millones de dólares de deudas en certificados y 110 millones de dólares en deudas en intereses atrasados, lo que totalizó la deuda en 360 millones de dólares”, mencionó.

Mencionó además que “la deuda se genera a partir del no pago de los certificados, es importante aclarar que a principios del 2025 se dio un fenómeno atípico, lo que estábamos acostumbrados a recibir del plan de caja mensualmente a partir de febrero del 2025 sufrió un declive importante”.

Con respecto a los montos que corresponden a los intereses, argumentó que es un reclamo legítimo que tiene la industria, atendiendo a que está establecido en todos los contratos, “que en el caso del no pago de parte del Gobierno se establecen una tasa de interés como en cualquier situación se requiere”.

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Explicó que “se hizo una salvedad, cuando ingresó el nuevo Gobierno existía una deuda muy fuerte con la industria de la construcción, ellos a principio del 2024 salieron a emitir bonos y honraron una parte importante de esa deuda y una vez que se paga el capital se está habilitado a facturar los intereses, porque hasta ese momento siguen corriendo los intereses porque hasta la fecha efectiva del pago”.

Agregó que con eso “se totalizó una deuda de 110 millones que nosotros venimos reclamando desde el principio del 2024, los intereses, y en la actualidad, una vez que honren los 250 millones de dólares se estará hablando de una nueva cifra de intereses por el retraso que se está generando, son 50 millones de dólares aproximadamente más, 160 millones de dólares en intereses, más los 250 millones, que llegarían a los 450 millones aproximadamente”.

Eso solamente para el Ministerio de Obras Públicas, “eso es muy bueno aclarar, estamos cerrando la deuda total, pero estamos hablando de una deuda en torno entre los 500 a 600 millones de dólares con el sector de la construcción de parte de todas las entidades contratantes, llámese Essap, EBY, Ande, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud que también llevó adelante cierto tipo de construcciones que hasta hoy día no fueron honrados”, de acuerdo a las explicaciones de Masi.

En el MOPC existe una deuda de 350 millones de dólares y entre los otros entes del Estado, aproximadamente 200 millones de dólares más.

Por su parte, la representante de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Rocío Figueroa, indicó que el Ministerio de Salud Pública no solo adeuda por medicamentos, sino también por otras contrataciones de servicios en todo lo que es equipamientos, análisis clínicos, laboratoriales, el mantenimiento de esos equipamientos para los equipos de diagnósticos.

“Si vamos a hablar de la deuda global, porque todos los gremios ya estamos trabajando juntos para poder cobrar, está en más de 1.000 millones, hoy vamos a tener el número real porque en la última reunión que tuvimos con el ministro Carlos Fernández Valdovinos nos ha pedido que podamos elaborar un documento por objeto de gastos y de todo lo que sería por ejecutar, que son las facturas ingresadas ya al Ministerio de Salud en espera de cobro y las facturas que en teoría van a ejecutarse durante todo el año 2026”, detalló.

Indicó que actualmente, con el corte de marzo de este año la deuda estaba en USD 1.027 millones, sin embargo, se está compilando todos los datos que nos mandaron los presidentes de todas las otras cámaras. “Finalmente creo que va ser un poco más y eso queremos presentar mañana en la mesa de trabajo que se conformó en la Cámara de Senadores con la Comisión de Salud para que ellos también puedan ayudarnos a legar a una solución”, agregó.

Coincidió que estas deudas, “hay una parte heredada, porque hay expedientes que ingresan para ser cobrados en el Ministerio de Salud y los contratos por ejecutarse, es decir, si hay un contrato de 100, se ejecuta 50 queda 50 para que vayan saliendo las ordenes de compra de acuerdo a la necesidad y el consumo, eso no se tuvo en la administración anterior”.

Asimismo, explicó que “cuando el gobierno de Santiago Peña asume, el ministro Fernández Valdovinos pide el corte administrativo para poder hacer la emisión de bonos no se le tuvo en cuenta a los contratos que estaban terminando de ejecutarse y quedó un saldo de 260 millones de dólares, se pagó 300 millones de dólares, quedó un saldo de 260 millones que se pasó para el presupuesto del 2024, se pagó por el presupuesto de salud del 2024, quedó otro monto y así sucesivamente se fue arrastrando y terminamos con más de 800 millones de dólares”.

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