El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ha denunciado algo que puede resul­tar preocupante desde el punto de vista humano y jurídico: que la mayoría de los trabajadores sufren diversos proble­mas de incumplimiento de normas labo­rales por parte de los empleadores. Este hecho ha obligado a la aplicación de multas a los patrones por más de 7.000 millones de guaraníes, debido a transgresiones varias relacionadas a las jornadas laborales exten­didas.

Lo que parecería ser una información de tono exagerado de alguna publicación de tinte sen­sacionalista es una realidad que se observa de manera cotidiana de acuerdo con la versión del organismo estatal encargado del cumpli­miento de las leyes laborales en el país. Y no es que esta situación sea solo de ahora, sino que es la realidad habitual que viene de hace décadas y que recién en la actualidad se está denunciando oficialmente y que se está cas­tigando de acuerdo a las disposiciones lega­les mediante el accionar de las autoridades actuales.

Este diario ha publicado que, según fuentes del ministerio mencionado, ocho de cada diez trabajadores de las empresas inspecciona­das últimamente tienen algún tipo de con­travención legal relacionada con la cantidad de horas trabajadas y el no pago del tiempo extra laborado. Las informaciones recabadas en las fiscalizaciones realizadas en los últi­mos meses indican que la infracción más fre­cuente de las empresas es el incumplimiento mencionado, que ocasiona a los trabajadores un gran perjuicio en sus ingresos y el respeto a sus derechos. De acuerdo con la publicación, “si bien existen empresas que cumplen con todas las obligaciones, pago al Instituto de Previsión Social (IPS), bonificaciones fami­liares y provisión de equipos de protección, la mayoría presenta problemas para respe­tar la cantidad máxima de horas semanales y, sobre todo, para pagar el tiempo adicional trabajado”.

La ministra indicó que la ley no prohíbe tra­bajar horas extras, siempre que haya motivos, y que se debe abonar por el tiempo adicional laborado. Lo que se ha podido comprobar en una gran cantidad de situaciones fiscalizadas es que las horas adicionales trabajadas no se pagan, lo que constituye una falta grave.

En lo que va de la gestión de este gobierno, el ministerio del ramo ha descubierto que más de 17.500 trabajadores se encontra­ban en situación irregular a causa de la transgresión de los patrones. Esto ha oca­sionado la aplicación de las multas corres­pondientes a las empresas que cometieron la infracción.

La ministra resaltó que se está comba­tiendo de manera frontal el incumpli­miento de las leyes laborales que se detectó en las inspecciones realizadas. Y resaltó que no cumplir las leyes laborales existen­tes es atentar contra los derechos de los trabajadores, además de representar una competencia desleal con las empresas que cumplen sus obligaciones legales.

Así como, en materia fiscal, existe un altí­simo porcentaje de entidades y personas físicas que están fuera de la ley, sin obser­var las diferentes normas impositivas y constituyen la economía subterránea, de ese modo es elevada la cantidad de patro­nes que no cumplen las disposiciones de defensa del trabajador y sus derechos. Lo que encontró el Ministerio de Trabajo con­firma la presunción de que existe un alto porcentaje de incumplimiento de las leyes que amparan a los que trabajan.

Esto significa que la mencionada secre­taría estatal y sus funcionarios están haciendo bien su trabajo. Y que lo mucho que falta todavía por realizar es un compro­miso muy importante que merece todo el esfuerzo necesario. Las entidades empre­sariales deben articular con los patrones en infracción una campaña de cumplimiento estricto de las leyes, en tanto que la ciuda­danía debe acompañar denunciando las irregularidades existentes para mejorar el cumplimiento de las disposiciones de pro­tección a los que trabajan.

Como ha señalado la ministra Recalde, cumplir las leyes laborales no es una opción, es una obligación. Por lo demás, los infractores están representando de forma directa una “competencia desleal para aquellos que están en regla, cumpliendo sus compromisos como corresponde y que constituyen la imagen del país que crece y se desarrolla con responsabilidad social”.

Si queremos edificar un país mejor para todos, no hay otra opción: se deben obede­cer y hacer cumplir las leyes de protección y amparo a los trabajadores, que son las per­sonas que con su esfuerzo diario constru­yen el crecimiento económico de la nación.