El Gobierno argentino aumentó el peaje de la hidrovía Para­guay-Paraná en 22,5 % sin con­sultar a los países afectados y en contra de las disposiciones que rigen para las naciones que utilizan ese tramo fluvial. El incremento entró en vigencia el primer día de setiembre y afectará fuerte­mente al comercio exterior de Paraguay, que en un 80 % se realiza por esa vía. La medida unilateral resulta inaceptable desde todo punto de vista, tanto para el Gobierno como para el sector privado, que tendrá un sobrecosto que perjudicará fuertemente a su actividad.

Lo más preocupante es que como resul­tado de esta injusta medida, los costos en nuestro país de los productos importados tendrán necesariamente un alza en sus valores teniendo en cuenta el incremento de la tarifa. Y entre ellos los combustibles derivados del petróleo que llegan aquí a través de los mencionados ríos, que cons­tituyen una de las principales vías de la actividad económica nacional. El alza del 22,5 % en la tasa fluvial necesariamente tendrá sus consecuencias en los costos de las importaciones, ya que es un por­centaje muy alto para cubrir con algunas medidas paliativas.

El gremio que aglutina a todas las orga­nizaciones empresariales del país, la Feprinco salió a cuestionar la medida argentina y a solicitar que el Gobierno nacional intervenga para ver una solución a través de la activación de un arbitraje internacional.

Considera que los aumentos que rigen desde el 1 de setiembre por la decisión argentina constituyen “una violación fla­grante de los tratados internacionales que regulan la navegación de la hidrovía” y pide que el Gobierno de nuestro país ini­cie de manera inmediata un proceso de arbitraje internacional para desactivar la medida que afecta a Paraguay y a los paí­ses que utilizan los ríos para el comercio internacional.

Apenas se inició la aplicación de la medida en el puerto argentino, reacciona­ron las empresas que operan en la nación, pues consideran que no se trata de un ajuste administrativo, sino una dispo­sición de alcance político y económico que rompe el principio de cooperación que se prevé en los acuerdos multilatera­les vigentes. Señalaron que la Argentina no ha demostrado la realización de obras de mejora en el paso fluvial ni la crea­ción de servicios que puedan justificar el alza tarifaria que se está aplicando. Por lo tanto, consideran que el peaje resulta un impuesto arbitrario y no una tasa que tenga que ver con los servicios que se presta.

Según el pronunciamiento de la Feprinco, el alza de la tasa es una medida ilegal, pues vulnera los tratados internacionales vigentes, que exigen el consenso entre los países firmantes de las normas, además de la ausencia de obras que puedan dar una justificación técnica al incremento de la tarifa.

Aparte de la ilegalidad de la medida argentina, se ha señalado que el incre­mento aplicado significará un aumento en los costos de entre 40 millones de dólares a 50 millones de dicha moneda en forma anual para los negocios de nuestro país. En momentos en que se busca disminuir los valores de los costos de la economía no se puede aceptar un aumento injusti­ficado que constituye un castigo econó­mico que no se podrá absorber sin sentir el golpe que implica.

Sectores empresariales han señalado que teniendo en cuenta que el diálogo bila­teral con la Argentina no ha funcionado, la única opción que se tiene es recurrir a un arbitraje supranacional para no acep­tar las irregularidades. Esto porque el país vecino ha violado los compromisos asumidos en los acuerdos y tratados de la hidrovía. Se estima que por ello lo único que corresponde es recurrir a un tribunal jurídico internacional para restablecer el equilibrio en el corredor fluvial afectado.

Cuando hay naciones que en su accionar no aceptan la vigencia plena de los acuerdos con otros países y el diálogo no prospera, el único recurso existente es someter la situa­ción ante el arbitraje de una instancia legal supranacional. Según el sector empresa­rio paraguayo, el país se encuentra ahora en esa encrucijada y tiene que recurrir a los organismos competentes en las instancias jurídicas que corresponden para alcanzar una solución. Las normas vigentes favore­cen la libre navegación de los ríos para que el comercio internacional no tenga obstá­culos. Por lo que el Paraguay tiene que liti­gar para garantizar el libre comercio.