Con los sorprendentes descubri­mientos de la operación Dakovo se ha tenido la evidencia del impresionante sistema de con­trabando y tráfico de armas de fuego que tiene a nuestro país como centro de opera­ciones. Los detalles de todo lo encontrado hasta ahora lo hacen aún más impactan­tes, pues se hallan involucradas personas que ejercían altas responsabilidades en la función pública y con importante papel en la conducción de las Fuerzas Armadas. Todo ello no solo ensucia el nombre del país, sino que habla con elocuencia de la necesidad de perseguir con más decisión y fuerza a los criminales y todos sus ten­táculos.

El reto que se viene es hacer que el Para­guay ya no sea la cueva de los bandidos ni el soporte para los que aprovechando las ventajas que se ofrecen aquí incursionen en el mundo del crimen para perpetrar sus delitos en forma impune. Y menos con la actuación de altas autoridades que en lugar de servir a los intereses del país estaban colaborando con la delincuencia yendo contra la seguridad nacional y las leyes.

El operativo policial que se desarrolló al mismo tiempo en Paraguay, Brasil y los Estados Unidos para desnudar el tráfico internacional de armas arrojó resulta­dos asombrosos. Encontró que una firma comercial constituida legalmente en nuestro país era la principal importadora de armas de varios países de Europa que luego eran enviadas al Brasil para algu­nos de los principales grupos criminales de esa nación. Con lo cual los más terri­bles exponentes de la delincuencia bra­sileña se surtían de los elementos para armarse desde los negocios paraguayos que, a pesar de su rostro legal e inocente, intervenían en el tráfico a favor de los cri­minales.

Pero eso no es todo: lo peor es que insti­tuciones estatales de importancia capital en el funcionamiento del Gobierno esta­ban involucradas, a través de sus jefes y altos funcionarios, en la actividad del cri­men organizado. En ese sentido se puede decir que, en la administración anterior, el Estado paraguayo estaba colaborando con los terribles elementos de la delin­cuencia brasileña. No solo eso, un general que ejerció la Comandancia de la Fuerza Aérea fue señalado como uno de los prin­cipales responsables del tráfico de armas. Esto aparte de otros altos jefes militares que desde la Dirección de Material Bélico (Dimabel) contribuían con la organiza­ción delictiva.

La investigación encontró que en tres años la empresa paraguaya involucrada importó de Turquía y de otros tres países que antes pertenecían a la Unión Soviética (República Checa, Croacia y Eslovenia) 43.000 armas de fuego, por valor de 420 millones de dólares americanos, que luego se distribuyeron de manera ilegal. La empresa ingresaba legalmente las armas al país, las remarcaba, borrando su pro­cedencia y otros datos, y luego las enviaba fuera del régimen legal al Brasil para las organizaciones delictivas de ese país.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dijo que realizarán un tra­bajo para depurar las filas de las Fuerzas Armadas y sanear de manera profunda la institución. Reconoció que lo aconte­cido impacta muy fuerte a la institución. “Vamos a tomar las medidas, se realiza­rán intervenciones en el momento opor­tuno teniendo en cuenta que la Fiscalía realiza sus procedimientos. Vamos a acti­var todos los mecanismos de control para impedir que haya más funcionarios des­honestos”, manifestó a la prensa.

Aunque los militares involucrados per­tenecían a círculos muy cercanos al gobierno anterior, incluso uno es pariente de Abdo, no se puede dejar de realizar actualmente una limpieza profunda en las filas de los uniformados. En ese sentido, la postura del gobierno actual es muy clara, ya que sus exponentes han manifestado que aparte de las investigaciones fisca­les en curso, harán su propia tarea para indagar, descubrir, apartar y castigar a los involucrados. Todo con el fin de sanear las instituciones y no permitir que cosas parecidas puedan suceder en el futuro.

En la gestión del gobierno anterior era muy difícil lograr que no se produjeran ciertas irregularidades en las institu­ciones del Estado, porque no había una política de control efectivo. La adminis­tración que asumió en agosto, en cambio, está dirigida por gente que no va a nego­ciar con los delincuentes y, en consecuen­cia, obtendrá mejores resultados contra el crimen organizado.