Las varias denuncias que van desde direccionamiento, requisitos ajustados al perfil de amigos, familiares de altos funcionarios como la admisión de empleados ya incorporados para ascensos, en el polémico concurso de la Itaipú y que ya llegó a los estrados judiciales, debe ser revisado, de ser posible rectificado.Todos los trascendidos de cómo clanes de los jefes heredaron cargos a mansalva no puede quedar en la impunidad.

Recordemos que, los primeros días de mayo, apenas fracasaba en las elecciones presidenciales generales la coalición oficialista–opositora, se había gestado un acelerado trámite para llenar 220 vacancias en una de las entidades más apetecibles del Estado. Esto, en medio también de una vorágine de licitaciones que se levantaban en el portal de Contrataciones Públicas, como una suerte de fuerte devora antes de la salida de este gobierno.

Itaipú entonces comenzó el llamado a un concurso ofreciendo puestos para nuevos funcionarios. Detrás de la atractiva pero sospechosa iniciativa saltaba el nombre de Gerardo Soria a quien se lo vio en intensas promociones de la competencia que generó expectativa en miles de paraguayos y paraguayas, principalmente jóvenes con potencial y aspiración laboral.

El Proceso Selectivo Externo (PSE), modalidad de contratación fomentó un intenso tráfico en el portal de la Itaipú con la masiva postulación para los diferentes cargos y a la par se originaban los primeros descontentos, denuncias de parentela de altos funcionarios a la pesca, como empleados ya vinculados que buscaban un ascenso en una competencia que se creía era para nuevas contrataciones. El límite de edad que aplicaron a los requisitos intensificó el escrache, puesto que muchos profesionales de larga trayectoria en el rubro de la ingeniería, el derecho, administración, etc., quedaban de entrada fuera del concurso.

A partir de allí, nuestro diario y otros medios que se sumaron fueron destapando la olla y aparecieron los hijos, hermanos, clanes enteros de altos jefes que estaban involucrados de alguna manera al proceso de selección. Los cuestionamientos a los exámenes escritos, sin posibilidades de revisión, muchos se quejaban de desapariciones de sus puntajes, sus nombres y las denuncias de confusas preguntas en las pruebas de admisión intensificaron los reclamos, pero todo esto quedó en el limbo, al menos hasta el momento.

La transparencia fue un elemento muy relegado, los interesados como la prensa tenían escaso acceso a los datos y conseguir la versión institucional que generalmente tardan en responder y lo hacen con evasivas.

Una medida de amparo, pidiendo auxilio a la Justicia surgió de todo este laberinto que lastimosamente hizo perder la esencia de un valioso recurso como es el concurso de méritos y aptitudes para ingreso al Estado. Los jueces, como penosamente nos tienen acostumbrados en el ámbito judicial, dieron más tiempo con inhibiciones entre otros trámites burocráticos y esto hace que la espera de una resolución que acabe con el festín y rectifique lo distorsionado sea más larga.

Sin embargo, la Justicia deberá pronunciarse tarde o temprano y deberá hacerlo en favor del interés colectivo, la transparencia y la objetividad del concurso. Las autoridades entrantes deberán tener suficientes agallas para corregir lo distorsionado y reencauzar los procesos con imparcialidad.

Los concursos son las herramientas más eficientes para el principio de igualdad en acceder a un cargo público y la mejor garantía de que los que ingresen sean los más aptos. Como Estado no podemos desentendernos del camino de la capacitación como los requerimientos actitudinales en estas competencias, de lo contrario seguiremos lamentando rifada de sueldos en la función pública.

La Justicia debe anular el amañado concurso de manera que la binacional incorpore los mejores profesionales a su staff. Los 18 mil aspirantes iniciales merecen respeto y la ciudadanía el respeto de que el patrimonio público sea bien administrado.