En el mismo discurso en que reconocía su fracaso al frente de la cartera de Educación y Ciencias para invertir más, el ministro Ricardo Zárate realizó una insólita propuesta para solucionar, según él, el problema educativo del país: aumentar los impuestos para recau­dar más, y con esos fondos auxiliar a la educación paraguaya para que salga de la situación en que está. Aunque el titu­lar de Hacienda salió a decir que no se aumentarán los impuestos, nadie de la Presidencia de la República, que es la máxima autoridad del Poder Ejecu­tivo, se ocupó de desmentir al ministro de Educación ni a desautorizar oficial­mente la posibilidad de que se incre­menten las tasas impositivas que rigen en el país. En todo caso, fue la opinión de otro ministro, que tiene el mismo rango que el de Educación, el que trató de rebatirlo para no asustar a la ciuda­danía. Pero teniendo en cuenta aquello de “quien calla, otorga”, el silencio del más alto rango del Gobierno, el presi­dente de la República, podría inducir que la idea no desagrada en la cumbre del poder político.

En la inauguración del año escolar, el lunes último, en un colegio de Zeba­llos Cué, el responsable de Educación y Ciencias dijo textualmente: “Tene­mos que hablar. No se puede imponer, pero yo creo que tenemos que duplicar el presupuesto. Tenemos que poner por lo menos 1% más de IVA. Eso significa­ría 500 millones de dólares más para Educación”. Agregó que si se paga más impuesto, se tendrá mejor educación. “Vamos a crear un fondo específico que sea para educación, como fue el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI)”, comentó.

La propuesta de incrementar la tasa impositiva del IVA, el impuesto más rendidor, no cayó muy bien en la ciuda­danía, aunque el propósito pueda ser plausible. Por la simple razón de que será un nuevo castigo para el ciudadano común que es el que está recibiendo el peso de la carga impositiva cuando rea­liza sus compras y pagos de servicios, aunque no lo acrediten como contribu­yente oficial.

El otro motivo por el que fue muy mal recibida la idea del ministro es porque existe en el país una tasa muy alta de evasión tributaria, más del 45%, según algunos estudios, con el contrabando y la economía subterránea, que está total­mente fuera del control del Estado y sus dependencias. Esa situación hace que el Gobierno deje de cobrar impuestos aduaneros, el impuesto selectivo al con­sumo (ISC) y especialmente el IVA, que corresponde a todas las transacciones, que es el principal perjuicio económico y jurídico de que es víctima el país.

El titular de Educación demostró su alto grado de ignorancia al no tener en cuenta algo que como miembro del Poder Ejecutivo está obligado a saber, la fuerte incidencia de la economía infor­mal en los menores ingresos del Estado. Y mostró no tener el sentido de la ubi­cación necesario al querer cobrar más impuestos a los que ya los están pagando y dejando en paz a los que desde la delin­cuencia están evadiendo miles de millo­nes de guaraníes por la inutilidad del Gobierno de hacer cumplir las leyes tri­butarias.

Es fundamental perseguir el contra­bando y la economía informal para eli­minar la evasión y recaudar más fondos para financiar la educación y otras nece­sidades del país. En esa tarea el ministro de Educación y todos los miembros del Gobierno tienen mucho que hacer.

El candidato colorado a la Presidencia, Santiago Peña, salió al paso diciendo que rechaza el aumento de impues­tos, ya que se pueden conseguir fondos para la educación cobrando a los que no tributan, disminuyendo la evasión y mejorando el gasto público. “Es muy simplista decir que vamos a pedir más plata a los que ya están pagando. Es más, si podemos disminuir algún impuesto para darle mayor competitividad a la economía, así lo haremos”, fueron las palabras del político con más chances de alcanzar la Presidencia. Por su lado, los sectores empresariales, como la Feprinco y la UIP, acaban de reclamar una mayor acción del Gobierno para fre­nar el contrabando y la informalidad, que constituyen una competencia des­leal para los que trabajan y pagan los tri­butos que corresponden, trabajo en que la administración actual está aplazada.