Los nombres de considerados capos del narcotráfico, los infor­mes de inteligencia minados con observaciones de filtracio­nes de datos a los investigados desde los propios organismos de seguridad como las últimas revelaciones mediáticas del trato personal del ex ministro del inte­rior Arnaldo Giuzzio con supuesto narco en medio de graves fallas en los procedi­mientos, son indicadores de malos des­empeños y sospechas de intereses ocultos por encima de los del Estado. Es inconce­bible que un organismo de seguridad como la Secretaría Nacional Antidrogas esté a cargo de una persona leal a su antecesor Arnaldo Giuzzio, destituido del Ejecutivo por sus conexiones con sindicado de narcotraficante. Desde los inicios, según los mismos informes oficiales de inteligencia, hubo filtraciones en las investigaciones narco.

Se filtraron datos desde el Ministerio del Inte­rior y desde la propia secretaría antidrogas por lo que es innegable que hubo boicot en las tareas del Estado en riesgo de la integridad de los agentes inmiscuidos. Esta es la razón de ser de las intenciones de algunos políticos que, tras destaparse el guiño de las autoridades de seguridad a las estructuras criminales buscan desviar la atención confundiendo de vuelta estos alevosos complots con la guerra que declararon al Ministerio Público. Para recor­dar y subrayar la serie de maniobras se puede mencionar la gran exclusión de las investiga­ciones narcóticas en el operativo A Ultranza Py a dos de los capos más buscados por el Bra­sil, uno de ellos hizo favor nada menos que al ex ministro de seguridad y chateaba con el mismo hasta altas horas de la noche, en vís­pera del procedimiento Turf, activado en coo­peración internacional.

Alertaron de pesquisas que se hacían de avio­nes con cargamento de estupefacientes, de investigaciones que se iban iniciando como el famoso caso del Comando Tripartito que luego quedó en el camino, para dar lugar al operativo denominado A Ultranza Py. Infor­mación y estructura del Estado se disponían de manera eficiente a merced del crimen orga­nizado. En un mismo día el Departamento de Identificaciones expedía cédulas para toda la familia de Sebastián Marset, uno de los con­siderados traficantes narcos de mayor inte­rés, y que según escuchas se enteraba del paso a paso de las investigaciones narcóticas del Estado, gracias a los datos que le servían desde el Ministerio del Interior. Los recientes desta­pes de las burdas dilaciones y omisiones en el caso Turf, que se hizo muy conocido con aque­lla fallida intervención en el Paraná Country Club, en la que dejaron escapar a uno de los jefes buscados en medio de una notoria cons­piración de los comisionados de la Senad que comprometen seriamente al Estado. Resultó que este bochornoso procedimiento de la Senad es nada comparado a las maniobras que hicieron para llegar tarde a los objetivos. En los informes de inteligencia compartidos entre la justicia brasileña y la Senad figuran todos los datos de los dos hombres buscados por el vecino país. En los mismos se incluyen las direcciones y un bosquejo detallado de los movimientos de los investigados, gracias a tareas de campo de los agentes tácticos.

Sin embargo, en la nota que Senad remitió a la Fiscalía el día anterior al operativo Turf en el Paraná Country Club solamente pidió ingre­sar a la vivienda de uno de los buscados y a la empresa Black Eagle, propiedad de Marcus Vinicius, el amigo de Giuzzio, quien en ese momento era ministro del Interior y su leal Zully Rolón, ministra de la Senad. Olímpica­mente, la Senad evadió intervenciones en la residencia del amigo de Giuzzio, pese a que los informes de cooperación contenían una guía sobre los movimientos de ambos sindicados narcos brasileños. Para peor, en una suerte de parodia de procedimientos, en la tarde de ese frustrado allanamiento en el Paraná, la Senad en otra burda maniobra pidió a la Fiscalía la verificación de la casa de Vinicius, pero la refe­rencia que proveyó no era la residencia indi­cada por Brasil e ingresaron a una vivienda vacía ubicada a casi dos kilómetros del inmue­ble que se debía verificar. El Ministerio Público abrió una investigación de las filtra­ciones y omisiones en el caso A Ultranza Py, uno de los mayores operativos antinarcos que se contaminó desde el inicio desde los mismos organismos de seguridad que, de no ser por la cooperación internacional, capaz hubiera sido solo un intento. Por ello es que la Fiscalía más que nunca debe avanzar en las pesquisas, no podemos seguir arriesgando nuestra segu­ridad con funcionarios desleales que solo de fachada fungen ser misionarios contra el cri­men organizado.

Es evidente que el destape de estas filtracio­nes y omisiones no dejan dormir a los padri­nos políticos de los dos amigos mencionados, impresentables que se ubicaron en las insti­tuciones más sensibles de seguridad. Y están como de costumbre operando para amedren­tar con denuncias penales, mediáticas contra algunos fiscales que les caen con las pruebas y el peso de la ley. Los agentes fiscales deben extremar esfuerzos para llegar a los boicotea­dores que desde puestos clave de seguridad están sirviendo de elemento al crimen orga­nizado. La tarea es más que difícil, pero urge para que no se siga utilizando las estructuras del Estado para el negocio ilícito que lastimo­samente nos ubica ante el mundo como un país líder en la narcoexportación desde el 2019.