Con la corrupción imperante, las denuncias de despilfarro e inte­reses proselitistas detrás del presupuesto de Estado resulta inadmisible que las instituciones públi­cas sigan ninguneando a quienes piden información concerniente al manejo de los gastos y demás gestiones de importan­cia social.

Mal que le pese a muchos políticos y adversa­rios, uno de los mejores legados del anterior gobierno es la Ley de Acceso a la Informa­ción Pública, también conocida como Ley de Transparencia, y que principalmente tiene por objetivo poner a disposición de la ciuda­danía todos los datos de interés público. Esta herramienta con que cuenta Paraguay es reconocida a nivel internacional y es clave en el combate a la corrupción dentro de las dife­rentes reparticiones del Estado.

Sin embargo, el cumplimiento pleno de la normativa sigue siendo muy resistido en varias instituciones. No solo al ciudadano común le cuesta acceder a información pública de interés colectivo, la prensa y hasta altas autoridades siguen quejándose de la ausencia de una línea firme por parte del Ejecutivo para que todas las administracio­nes del Estado transparenten sus gestiones.

Días pasados, el senador liberal Blas Llano lamentaba al tiempo de advertir sobre las sanciones que indefectiblemente deben apli­carse ante incumplimientos de las solicitu­des de informes. Señaló que la Cámara de Senadores viene siendo burlada en sus pedi­dos y detalló que desde el mes de marzo del 2021 hasta la fecha se tiene un total de 38 entidades del Estado en falta, lo que se tra­duce en 101 pedidos de informes y reiteracio­nes que no fueron respondidos.

Los altos funcionarios del Estado se expo­nen al voto de censura y posterior recomen­dación de destitución al no cumplir con la obligación constitucional de responder al Legislativo los requerimientos de informes. El parlamentario manifestó que la Cámara Alta está siendo avasallada por los ministros y directores de las entidades binacionales. Si bien las atribuciones del Congreso obligan a los afectados a responder los pedidos de informes dentro del plazo que se establezca, también es bueno subrayar la exigencia de la Ley de Transparencia, vigente para todos los casos.

El legislador se había referido a algunas ins­tituciones morosas en el cumplimiento de la provisión de informes y mencionó al Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que evitó responder 20 pedidos de informes, Itaipú con 18 pedidos, Yacyretá, el Ministerio del Ambiente y Desa­rrollo Sostenible (Mades) y la Administra­ción Nacional de Electricidad (Ande).

“¿Cómo es posible que nuestra Cámara no se inmute o no haga nada ante estas situa­ciones?”, cuestionó en estos días el senador Llano.

La provisión de la información general­mente sufre estos desentendimientos en el cumplimiento por parte de las instituciones, que generan todo tipo de sospechas. Perio­distas de diversos medios suelen difundir frecuentemente evasivas de provisión de datos, que suelen tener final feliz tras tomar estado público los casos.

Nuestro medio había entrado en una pelea judicial hace un tiempo cuando el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, se negó a proveer gastos realizados en concepto de publicidad en distintos medios de comu­nicación. Tras perder la demanda y luego de varias chicanas, procedió a facilitar los datos.

Hace poco, un pedido realizado al Instituto de Previsión Social (IPS) por la sección de investigación de nuestro medio también fue rechazado. Se había requerido infor­mes sobre empleados vinculados al servi­cio de limpieza tercerizado que, tras una serie de denuncias periodísticas, final­mente fueron liberados por el presidente de esta institución y remitieron los datos. Es increíble cómo las cosas cambian cuando toman estado público. La opinión pública sigue siendo el juez más temido por aque­llos que todavía quieren seguir evadiendo el control.

Evidentemente la Ley de Transparencia es un elemento letal para los oscuros mane­jos administrativos, por ello es importante insistir en el pleno respeto del cumplimiento de esta normativa. Es sabido que las máxi­mas autoridades demandadas por no pro­veer información pública pagan una multa simbólica, pero esto no es suficiente conside­rando el interés colectivo detrás de un dato que se niega revelar.

Deben haber sanciones más dolorosas para quienes boicoteen el acceso a la información pública, ya que al parecer la transparencia no es mucha preocupación por la mayoría de las instituciones administradas por este gobierno.