El gran negociado de las compras de alimentos covid en Ciudad del Este, que pasa desapercibido para las noti­cias que difunden los medios tra­dicionales de comunicación, así como en los discursos de aquellos políticos que fungen de patriotas y luchadores contra la corrupción, fue ratificado días pasados por la Contraloría General de la República (CGR).

Contra la corriente mediática y de ciertos sec­tores políticos negacionistas de la corrupción imperante en partidos opositores, nuestro equipo de investigación había hilado fino y con­firmado en detalles la forma en que la adminis­tración de Miguel Prieto aprovechó la pande­mia del coronavirus para así, en nombre de los más vulnerables, armar licitaciones en bene­ficio de los amigos, transgrediendo la Ley de Contrataciones Públicas.

Es así que, de entrada, al inicio de la pandemia, con el argumento de la “urgencia imposterga­ble”, Prieto y los suyos aceleraron una compra de alimentos por vía de la excepción por valor de G. 2.949 millones que, por los documentos hallados, en realidad fue pensada para el bolsi­llo de los amigos.

No hubo la urgencia, según Contraloría y la auditoría del proceso licitatorio reconfirmó lo que nuestro medio había develado: ama­ñaron la compra, falsearon procedimientos y además no existen notas de remisión que ava­len la entrega de los 25.000 kilos de alimentos que debían consignarse para respaldar que los insumos llegaron a la población beneficiaria.

El apuro era llenar el bolsillo de los amigos que, si cumplieran requisitos, estaban de aquí a la luna de adjudicarse los contratos con los que se los premió. Esta maniobra usando la desgracia de los pobres es algo que Prieto y los suyos car­garán sobre sus espaldas hasta que el peso de la ley les pase la factura.

Muchos omiten hablar del tema, pero con el último dictamen de la Contraloría quedó firme la denuncia que en Ciudad del Este fraguaron una licitación en la que, para blanquear el pro­ceso, invitaron a papá e hijo y completaron la cantidad de tres invitaciones con el negocio de una amiga a quien Prieto le acababa de dar un jugoso contrato. Lo más alevoso es que los con­vidados no tenían la capacidad financiera ni técnica para cumplir con el contrato, ya que son pequeñas despensas sin el movimiento finan­ciero requerido para el volumen de la compra.

De esta maniobra había surgido la despen­sita Tía Chela, en el ojo de la tormenta por su minúsculo movimiento, sin stock para lo que se había comprometido con la Municipalidad del Este y que se pasó comprando facturas con una cadena interminable de intermediarios para tratar de justificar lo que no tiene, la cantidad de mercaderías que en teoría proveyó.

Contraloría ya avisó de esto a la Fiscalía, que por cierto el fiscal Juan Ledezma sigue dando vueltas sin avances en más de un año y medio de investigación. Ahora el agente del Minis­terio Público tiene sobrados elementos para hacer cumplir la ley y resarcir el daño si lo cuantifica.

Pero el caso Tía Chela no es el único caso tram­poso descubierto. Hay un patrón de conducta de Prieto y su administración en la ejecución de licitaciones amañadas.

Así es el caso del humilde constructor de pozo artesiano que figura como proveedor de 50 mil kilos de harina y miles de kilos de otros insu­mos; sin embargo, él no está enterado, según había confirmado. De vuelta en el esquema aparecen los amigos de Prieto.

Vanessa Florentín, dueña de Vanemi SA, dedi­cada al negocio inmobiliario y la construcción, la misma firma utilizada para respaldar la pro­visión de alimentos en el contrato Tía Chela figura como invitada en la otra licitación covid de insumos de la canasta familiar, adjudicada al humilde constructor de pozo artesiano de nombre Buena Ventura Morínigo.

Vanessa es sobrina de don Morínigo y junto con ellos aparece como invitado un disc-jockey, hermano del padre del hijo de Vanessa. Otra licitación covid armada en familia.

En medio de esta comilona también está otra compra adjudicada por urgencia impostergable a la familia de los amigos, como es el caso de la clínica móvil, contrato que favoreció al cuñado de la concejala Valeria Romero, muy cercana a Prieto. La Contraloría también terminó confir­mando que es un vehículo mau, que las invita­ciones consignadas a grandes concesionarias no existen y, además, que lo ofertado es dife­rente a lo entregado.

No se puede tapar el sol con un dedo; los dic­támenes de la gran tragada son contunden­tes, el interés en estos vergonzosos actos en Ciudad del Este debe ser de interés público y dejar de especular con argumentos ya desacre­ditados como la persecución política. Este es el momento en que el fiscal a cargo debe pro­ceder con firmeza y compromiso para que los que jugaron con el dinero público y amañaron licitaciones asuman las consecuencias de sus actos.