Esta semana asumieron los nuevos intendentes y otros reelectos en los 261 distritos de nuestro país. La asunción de cargos se da en un contexto sensi­ble por la serie de carencias en cada rincón de nuestra República, producto de malas administraciones a las que se suman los efectos muy perjudiciales de la pandemia del covid-19 reforzada con altos índices de corrupción. Esta situa­ción exige aún más la mejora de gestión en cada municipalidad y una herra­mienta imprescindible que por nada puede ser descartada en ninguna admi­nistración: la transparencia.

Terminaron las elecciones, por ende el proselitismo, y cada autoridad muni­cipal electa o reelecta debe abocarse a servir a la ciudadanía, no a los operado­res. Es inminente la necesidad de ges­tiones eficientes, cautelosas en el uso del dinero público para no repetir los mis­mos vicios de siempre de repartir suel­dos a hurreros y planilleros.

A diario saltan denuncias de heren­cias desastrosas en la construcción de infraestructuras, merienda y almuerzo escolar, déficit sanitario y pobreza por malos manejos de fondos sociales. Deben acabarse los negociados detrás de licitaciones, el manoseo de dinero para ayuda social, la repartija de puestos, etc.; ya que los intendentes manejan recursos demasiado importantes para las necesi­dades primarias de la ciudadanía.

Las autoridades comunales deben ser conscientes de que los contribuyen­tes están más atentos que nunca al uso de los recursos, de hecho, este rol más activo dio lecciones a varios intenden­tes que desafiaron la paciencia del elec­torado con sus malas prácticas. Rendir cuentas del gasto público es una obliga­ción, el autoritarismo como el secre­tismo perdieron vigencia. Todavía hay intendentes que se creen dueños de los recursos públicos, se desentienden de sus obligaciones de transparentar los gastos de sus respectivas administracio­nes y esto no es solo una mala costum­bre de colorados como quieren instalar algunos medios de comunicación.

En estos días salieron en la prensa infor­mes oficiales de la falta de rendición de cuentas del uso de Fonacide de la época de Miguel Prieto, intendente reelecto en Ciudad del Este, con alta popularidad, pero con una deprimente administra­ción por la serie de denuncias de corrup­ción que pasa desapercibida para los entes de control.

Las administraciones municipales que no rinden cuentas del uso que le dieron al dinero público, principalmente los provenientes de fondos bien reglamen­tados en su ejecución como Fonacide y royalties privan a sus ciudades de recibir los recursos en tiempo y forma. La falta de transparencia debe terminar para que las transferencias corran con agili­dad, lleguen a destino y se traduzcan en calidad de vida para los contribuyentes.

Es inconcebible que, a regañadientes, por presión de la prensa los intendentes reporten sus rendiciones de cuentas a la Contraloría General de la República. Culmina el año y sigue habiendo media docena de intendentes en falta con la transparencia en la ejecución de Fona­cide y royalties.

La ciudadanía debe monitorear a los gobiernos de sus comunidades para blo­quear a tiempo los posibles robos. La Contraloría como la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públicas también deben encontrar la manera para no lle­gar demasiado tarde a las intervencio­nes de malas administraciones.

Hay intendentes y políticos muy bur­dos en sus manejos administrativos que gozan de impunidad. Cocinadas de grandes licitaciones, el caso de Ciudad del Este es alevoso cómo repartieron fondos para el combate al covid-19 entre los amigos que de manera tramposa se alzaron con millonarias licitaciones. Existen varios otros casos en los que lla­mativamente los intendentes “se casan” con un mismo contratista o proveedor generando un monopolio que atenta contra los intereses del Estado al elimi­nar la cantidad de oferentes y, por ende, se pierden precios competitivos.

Un nuevo período municipal debe dejar atrás las mañas, apuntar a la eficiencia optimizando los recursos y rindiendo el desempeño a la ciudadanía, que en derecho es la beneficiaria de los servi­cios provenientes de las instituciones públicas.