Este diario ha venido denun­ciando el peligroso auge del contrabando de diversos artí­culos, en especial de combusti­bles provenientes de la Argentina, ante la vista gorda de las autoridades que deben reprimirlo. Se han publicado varios casos con fotografías e imágenes mostrando el hecho y consignando los lugares donde se produce. Lo mismo que las acusaciones de los productores frutihortícolas por el ingreso y comercialización de alimentos entrados de países vecinos, además de las denuncias de la Unión Industrial Para­guaya (UIP) contra el ilícito, en especial sobre el contrabando alevoso de produc­tos avícolas.

Pero nadie imaginaba lo que se denunció el miércoles último en una reunión de sena­dores con la Comisión Especial de Segui­miento y Combate al Contrabando: que los camiones que transportaban contrabando eran protegidos en las rutas nacionales por patrulleras de la Policía Nacional. Las imá­genes que proyectaron en la ocasión mues­tran que la policía escoltaba un convoy de vehículos que acarreaba artículos ilegales. Los cuadros que revelan el hecho vergon­zoso son un escándalo y deben servir para que de una buena vez el Gobierno y sus ins­tituciones se encarguen en serio de la lucha contra el ilícito. Porque está visto que algu­nas instituciones estatales no solo no com­baten el contrabando, sino que lo custodian y protegen con total descaro e impunidad.

No es que sea una novedad que funciona­rios aduaneros, policías y militares de la frontera hacen la vista gorda frente al paso ilegal de mercaderías. Lastimosamente, es un hecho corriente en los sitios fronte­rizos. Pero que salgan a cuidarlas cuando se transportan por las rutas es el colmo de la corrupción y un bochorno descomu­nal. Aparte de escandalizar, la publici­dad de este lamentable hecho debe servir, para adquirir conciencia de la necesidad de denunciar, perseguir y no aceptar de nin­gún modo este ilícito. Como se dijo en la aludida reunión, el contrabando genera la pérdida de empleos formales, causa gran­des perjuicios a empresas de nuestro país, aumenta la economía en negro, aparte de causar fuertes pérdidas al Estado que necesita más ingresos para sostener la salud pública, la educación, la seguridad y su estructura.

Uno de los sectores más golpeados por el ilícito que nos ocupa es el industrial, y en ese campo la que está recibiendo el más duro impacto, es la producción avícola. Se calcula que solo en este renglón las empre­sas del sector están perdiendo 3.000 millo­nes de guaraníes por semana. Justamente porque desde el Brasil ingresan todos los días camionadas de carne de pollo que luego se comercializan en distintos puntos, sin ningún cuidado higiénico ni sanitario.

Los sectores económicos afectados por el contrabando son numerosos y su tamaño se calcula que sería el 45% de la economía nacional, de acuerdo con la entidad InSight Crime, que se dedica a estudiar la seguri­dad nacional y ciudadana. Por todo ello el Estado paraguayo, sus instituciones, los gremios empresariales y la ciudadanía deben ponerse de acuerdo para contener y, si es posible, eliminar este crimen. Sin darle tregua ni ventajas de ninguna índole.

Hay que hacer una campaña de concien­ciación para que cada ciudadano rechace productos ilegales y prefiera solo los de ori­gen legítimo. El Estado tiene que dejar de complicarse e iniciar una profunda trans­formación para combatir la corrupción en sus organismos, en especial en las institu­ciones que deben controlar el ilícito, por­que en ellas están los cómplices y encubri­dores que no solo permiten sino colaboran con esta ilegalidad.

Debe realizar la depuración necesaria, apartar a los transgresores de sus filas y castigarlos duramente. Con funcionarios aduaneros, policías y militares íntegros, el contrabando difícilmente ingresará al país y circulará por sus rutas y ciudades en tan grandes cantidades, como ocurre actual­mente. Se debe hacer un estricto control del ingreso de mercaderías en toda la zona fronteriza, perseguir y denunciar a los con­trabandistas.

Los fiscales deben actuar con severi­dad contra los delincuentes de frontera y tomar todas las medidas necesarias para que los malhechores finalmente paguen su culpa en las cárceles. El Gobierno no puede continuar con su actual proceder, en que sus funcionarios no actúan contra los car­gamentos ilícitos que circulan por muchos puntos del país. Es hora de que deje de ser complaciente y combata contra el delito.