El contralor general de la Repú­blica dio a conocer el resultado de una investigación realizada en la Itaipú Binacional en la que se determinó que debido a manejos cues­tionables desde el punto de vista legal se generó una deuda de 4.193,5 millones de dólares en la que salió beneficiada la parte brasileña, Eletrobras. Esta empresa, que es la equivalente a la Ande paraguaya en Brasil, es la principal acreedora de la bina­cional, por ser la prestamista, y también la beneficiaria de las tarifas reducidas que se determinaron y que, por estar debajo del costo de producción, causaron perjuicios a la entidad generadora de energía.

De acuerdo con la interpretación de la Contraloría, las medidas adoptadas tanto por el Comité Ejecutivo como por el Con­sejo de Administración de la binacional al aplicar las tarifas por debajo del costo de generación, transgrediendo las disposicio­nes del Tratado de Itaipú, permitieron un “aumento indebido e ilegal” del monto de su deuda.

Según la investigación de la Contraloría, Eletrobras al principio pasó su déficit finan­ciero a la Itaipú, que tuvo que absorberlo al permitir la aplicación de una tarifa inferior al costo de la energía eléctrica. El hecho de permitir esta absorción, que estaría en con­tra de lo establecido en el Tratado, hizo que el perjuicio fuera para la binacional, que al mismo tiempo prestaba dinero de Eletro­bras para costear sus gastos por los meno­res ingresos, según el contralor.

En consecuencia, al tiempo que el ente bra­sileño trasladaba su déficit a la binacional, aumentaba sus ganancias como acreedor de Itaipú, ocasionado por la deuda impaga, ya que con la tarifa rebajada era imposible que pudiera pagar sus débitos en los tiempos establecidos.

El estudio indica que, si se hace la compara­ción de las clases de tarifas aplicadas, una de 1985 a 1997 y otra de 1998 al 2020, hay una diferencia adicional de 940,7 millo­nes de dólares a favor de Ande, y de 9.465,7 millones de dólares en beneficio de Ele­trobras. La entidad brasileña pagó demás 11.178,9 millones de dólares, pero recibió como prestamista 18.222,4 millones de dólares, por lo que al final salió beneficiada con 9.465,7 millones de la misma moneda.

La conclusión que extrae el organismo con­tralor de nuestro país es que todo el sistema de operaciones que se aplicaba “era muy conveniente financieramente para Eletro­bras, y lo sigue siendo hasta la actualidad”.

El contralor afirmó que la diferencia de fac­turación aplicada por Itaipú en contra de sus intereses y contraviniendo el Tratado “benefició generosamente a las entidades brasileñas, considerando la amplia diferen­cia de potencia por ellas adquiridas, en rela­ción a la potencia adquirida por la Ande”.

Hay que considerar que el Tratado de Itaipú, como toda norma de ese rango, está por encima de las leyes de nuestro país, excepto la Constitución Nacional, de acuerdo con la prelación legal vigente. Queda por dilucidar si las contravencio­nes que se producen en un ente binacio­nal, que no está en jurisdicción paraguaya, son punibles o no en el país de acuerdo con las normativas vigentes. Porque el derecho tiene muchas normas que prevén distincio­nes de diversa índole y que dan pie a dife­rentes tipos de interpretaciones, según los puntos de vista.

Pero, al margen de la hermenéutica jurí­dica y de las opiniones a las que pueden dar lugar, la denuncia realizada por el contra­lor sobre la deuda ilegal de Itaipú es muy grave, y no debe quedar sin la corrección de rigor. Los especialistas determinarán si hubo delito o no, ya que fueron las máximas autoridades del ente las que decidieron las medidas cuestionadas. Corresponde a las instancias pertinentes como el Ministerio Público y afines realizar una investigación exhaustiva para determinar qué y cómo se pueden dirimir los hechos y castigar a los responsables, si corresponde.

A través de la Cancillería, la Ande y sus representantes en el organismo binacional, el Gobierno debe iniciar medidas para la rectificación de las irregularidades encon­tradas por la Contraloría. Aunque hayan obedecido a disposiciones de un ente bina­cional, el Paraguay tiene ahí sus delegados que deben velar más que nada por los bene­ficios de la nación paraguaya.

En Itaipú, como en cualquier otra entidad, por encima de cualquier otra consideración administrativa u operacional, deben pri­mar siempre los intereses nacionales.