Una de las preocupaciones prin­cipales de los países pobres del mundo es que no están consi­guiendo las vacunas contra el covid-19 que necesitan a pesar de haberlas solicitado y comprado. Está demostrado que mientras los países más ricos acapa­ran las dosis, el resto está a la espera de los envíos, sin que se consideren sus necesi­dades ni sus legítimos derechos de salud. Se estaría así ante una grave situación de falta de equidad y hasta de desprecio de los más débiles del mundo que puede ser un escándalo mundial.

Estas reflexiones no son las protestas de algún líder de la izquierda, sino de las prin­cipales autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sin tapu­jos están criticando el comportamiento de las naciones más poderosas del mundo que prefieren acaparar los elementos para inmunizar a su gente antes que permitir que otras también los tengan.

El propio director de la OMS, Tedros Adha­nom Ghebreyesus, cuestionó la situación resaltando que cada día que pasa las des­igualdades en el acceso a las vacunas con­tra el covid-19 se acentúan y se hacen más grotescas.

El directivo de la entidad mundial había declarado en enero que el mundo estaba al borde de un catastrófico fracaso moral si no se adoptaban medidas urgentes para garan­tizar una distribución justa de las vacunas anticovid. “Tenemos los medios para evitar este fracaso, pero es sorprendente lo poco que se ha hecho para evitarlo”, había dicho a los medios de comunicación.

“La diferencia entre el número de vacu­nas administradas en los países ricos y el número de vacunas administradas a través de Covax aumenta y se vuelve cada día más grotesca”, resaltó el funcionario. Covax es el sistema de distribución organizado por la OMS al que también está suscrito el Paraguay. Con este sistema se busca abas­tecer en el 2021 con el fármaco al 20% de la población de casi 200 países y territorios. El mecanismo contempla la financiación para ayudar a 92 países desfavorecidos.

Las comparaciones que hizo Tedros y las cifras que proporcionó sobre el uso de los inmunizantes entre diversas naciones indi­can cuánta inequidad se está produciendo. Solamente un 0,1% de las dosis entregadas en el mundo fue a parar a países pobres, mientras que los ricos (el 16% de la pobla­ción mundial) han concentrado más de la mitad de las dosis inyectadas.

El representante de la OMS señaló: “Los países más pobres se preguntan si los paí­ses ricos piensan realmente lo que dicen cuando hablan de solidaridad. La distri­bución no equitativa de las vacunas no es solo un escándalo moral, sino también es autodestructiva económica y epidemioló­gicamente”. Y agregó que algunos países se apresuran en vacunar a toda la pobla­ción cuando otros países no tienen nada. “Esto puede dar seguridad a corto plazo, pero es un falso sentimiento de seguridad”, observó, teniendo en cuenta que hay peli­gros por el contacto con otros países.

Según la agencia noticiosa AFP, más de 430 millones de dosis se han administrado en el mundo, entre ellas más de un cuarto en los Estados Unidos. Las diferencias que hay en la provisión del inmunizante entre los países ricos y pobres son escandalosas y no se tendrían que admitir en un mundo civi­lizado. La situación no solo es injusta sino también inmoral y tendría que propiciar una acción de parte de las naciones afecta­das negativamente.

La inequidad denunciada por el director general de la OMS no se puede dejar sin una reacción contraria y proporcional al per­juicio que ocasionan los más poderosos. Aunque en los discursos y según las normas jurídicas, todos los países tienen los mis­mos derechos, está visto que la realidad es muy diferente. Lo que no se puede aceptar y debe ocasionar una postura de condena y, si es posible, de penalización.

El Paraguay, como uno de los países afecta­dos, tendría que realizar negociaciones con las naciones productoras para recibir su parte de las vacunas exigiendo equidad en el trato. Aparte de apurar la entrega de los medicamentos, debe presionar por medios legales y diplomáticos para que las indus­trias cumplan con rapidez sus compromi­sos. Es no solo el derecho de los paraguayos el que está en juego, sino la salud y la vida de miles de compatriotas.

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