El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley de la Función Pública y Servicio Civil, que busca reordenar el marco jurídico existente entre los funcionarios del Estado. La novedad principal es que, en esta norma, se otorga el papel de árbitro de la función pública al Ministerio de Hacienda. Con ello el Gobierno pretende que desde el área económica se manejen las erogaciones salariales y las relaciones del personal para tener el control del número de funcionarios y los gastos públicos.
La propuesta pretende unificar las normas y aplicar la carrera del servicio civil con base en la integridad, la idoneidad, la meritocracia, la imparcialidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la gestión del Estado, según explica la presentación liderada por el Ministerio de Hacienda. Durante la entrega del proyecto de ley a los miembros de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, aparte del vicepresidente de la República, estuvieron el ministro de Hacienda y altos funcionarios de esta cartera.
Los altos empleados explicaron que lo que se pretende con el proyecto es darle más eficiencia al funcionamiento del sector público y establecer reglas claras sobre las remuneraciones, así como mejorar la calidad del gasto público y la productividad de los empleados estatales. Por ello, se pretende reordenar el sistema de la función pública para más transparencia y eficiencia. Se buscará la creación de una escala salarial armónica que permita que los empleados estatales puedan ir ascendiendo según sus méritos. Por ello, los técnicos insistieron en que la meritocracia será el factor determinante para ir avanzando en la función pública, no solo la antigüedad, como se estila hoy.
El proyecto de ley también hace hincapié en que habrá reglas generales sobre las remuneraciones, tales como topes salariales de acuerdo con los cargos y responsabilidades previendo una escala de pagos unificada, estableciendo los niveles de sueldo de acuerdo con la responsabilidad y los cargos. No se permitirá que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República, que es uno de los cuestionamientos actualmente existentes.
Los ministerios y organizaciones estatales no podrán incorporar nuevo personal sin antes haberlo planificado y acordado con el Ministerio de Hacienda. Para ello, cada institución deberá identificar sus necesidades de personal para el quinquenio siguiente y estudiar con dicha cartera la incorporación gradual de nuevos empleados, de acuerdo con la capacidad financiera del fisco. La cartera fiscal tendrá competencia para fijar las bases salariales de las instituciones públicas con base en los criterios de equidad, competitividad, capacidad fiscal, topes de remuneraciones y reducción de beneficios adicionales.
El documento crea una única autoridad que regirá el sistema de la función pública, que será la Subsecretaría de Estado de la Función Pública (Ssefp) que dependerá de Hacienda. La norma le atribuirá funciones que hoy tiene la Secretaría de la Función Pública (SFP), creada por la Ley 1626/2000. Establece esa sola dirección normativa del sistema de la función pública fusionando las competencias relacionadas a la gestión pública y a la gestión de remuneraciones, que corresponde al Ministerio de Hacienda. Por consiguiente, esta cartera tendrá la conducción de los empleados públicos. La ley obligará a que la única manera de trabajar en una oficina estatal de servicio civil será mediante concurso público de oposición, por lo que los nombramientos realizados sin este requisito serán nulos. Para que un funcionario adquiera estabilidad deberá cumplir 4 años de trabajo, en lugar de los 2 vigentes. Las personas que hayan cometido actos de corrupción no podrán ingresar y permanecer en una función del Estado.
La nueva ley se aplicará a todos los organismos de la administración central del Gobierno, a entidades de administración descentralizada y municipalidades. Es decir, a todos los poderes del Estado, entes autónomos y autárquicos, universidades públicas, entidades financieras estatales y de seguridad social. El personal de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria quedará excluido de su ámbito de aplicación
Poner el manejo de los empleados estatales y sus remuneraciones bajo el mando del ministerio fiscal que depende del Ejecutivo puede causar roncha en los otros poderes. Pero tendrá la ventaja de centralizar, desde el ámbito de las finanzas públicas, la administración del gasto económico estatal más importante, que son los sueldos oficiales.