Autoridades nacio­nales e investiga­dores del Ministe­rio Público expusieron ayer la vida familiar de los miembros del grupo criminal autodeno­minado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Durante una conferencia de prensa presentaron pruebas como documentos, fotos, anota­ciones, audios y videos sobre los supuestos vínculos de la familia Villalba dentro del grupo criminal EPP y la pre­sencia de menores de edad que eran adoctrinados en el campamento.

Mediante estos documen­tos dieron a conocer a la opi­nión pública las evidencias de cómo niños y niñas fue­ron expuestos por sus pro­pios padres, miembros del grupo criminal, a estar en los montes. Estas evidencias fueron encontradas en el último campamento del EPP, sitio donde dos niñas fueron abatidas por los militares y policías. Indicaron que toda la evidencia será puesta a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisio­nada de Derechos Humanos y otros organismos interna­cionales.

Al respecto, el agente fiscal Federico Delfino indicó que se pudo comprobar que hubo nacimientos en los campa­mentos y que luego los bebés fueron trasladados de manera clandestina a Argentina para ser educados por otros familia­res. Tras ser inscriptos por sus tías (se hacían pasar por sus madres), los niños eran edu­cados por su abuela en la ciu­dad de Puerto Rico, provincia de Misiones, Argentina. Poste­riormente volvieron a ingresar al país, ya en la adolescencia, para ir al monte a ser utilizados como combatientes.

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En tanto, el Gral. Héctor Grau, asesor de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), men­cionó que en uno de los cua­dernos hallados en el lugar se observa que ambas niñas eran puestas para hacer guar­dia armada en horarios de la madrugada. Mientras que en uno de los videos se observa a Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba, líderes del EPP, donde se refieren sobre la presencia de menores de edad en los campamentos. “Cada criatura tiene que saber que su misión es luchar por su pueblo, que para eso ellos nacieron y se están for­mando”, dice Villalba, líder del EPP, en uno de los videos.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

“Todo este análisis comu­nicamos a algunos organis­mos de seguridad. Argen­tina tiene varias fuerzas de seguridad federales y pro­vinciales. Estamos haciendo un intercambio de informa­ción”, manifestó el comisa­rio Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecues­tro de la Policía Nacional.

Por su parte, el canciller Fede­rico González señaló que mantuvo conversaciones con su par argentino con respecto a esta situación. “Es el EPP el que secuestra, es el EPP el que asesina, no es el Estado para­guayo. Es el EPP el enemigo del pueblo”, afirmó el titu­lar de Relaciones Exteriores. Mientras que la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, manifestó que un juez de la Niñez dispon­drá la mejor medida para los menores afectados, teniendo en cuenta el entorno familiar.

SEPA MÁS

Claman por noticias de secuestrados

El padre Pablo Cáceres pidió a los integrantes del autodenominado EPP pistas sobre los secuestrados Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta. Hasta el momento nada se sabe del paradero de las víctimas del grupo armado.

“Acudimos de nuevo a la clemen­cia de ellos para que nos puedan ayudar y dar por lo menos alguna prueba de vida, si viven, de lo contrario dónde están los cadáve­res. Estamos haciendo un esfuerzo grande con los familiares de los secuestradores”, dijo el sacerdote en comunicación con la 1080 AM. Sostuvo que hasta el momento no hay novedad sobre el para­dero de los secuestrados, pero que la esperanza sigue intacta, por lo menos para recibir alguna prueba de vida o información sobre las víctimas.

Destacó que en la zona norte del país hay allegados de los secuestradores y la mediación inició con ellos. Cáceres indicó que, en su momento, habló con Carmen Villalba, una de las princi­pales cabecillas del autodenominado EPP, recluida en la cárcel del Buen Pastor desde el 2004. El padre también buscará dialogar con la hermana menor Laura Villalba, capturada hace unos días por los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona de Cerro Guasu, Amambay; y derivada a la prisión de Viñas Cué.

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