El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villama­yor, dijo que recomendará al mandatario Abdo Bení­tez recurrir ante la Corte Suprema de Justicia en caso de que el Congreso rechace el veto total al proyecto de ley que pretende la incorpora­ción de los fondos destina­dos a los gastos socioambien­tales de las hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, al Presu­puesto General de Gastos de la Nación.

El funcionario de Estado sostuvo también que actual­mente no escuchó por parte de algún proyectista del documento refutar la pos­tura del Ejecutivo en torno a la inconstitucionalidad, más allá de las posturas políticas.

“Yo veo que hay una gran adjetivación porque natural­mente hay un sumo interés en un debate político, pero no escuché a nadie rebatir el argumento de la inconstitu­cionalidad de la ley, eso no lo escuché”, mencionó a través de una entrevista por la radio 1020 AM.

El diputado Walter Harms, del Partido Colorado, cues­tionó el discurso de la oposi­ción al plantear que formaría parte de un entreguismo el no rechazar el veto total del Ejecutivo a la iniciativa que pretende la incorporación de los recursos económicos des­tinados a los gastos socioam­bientales de las hidroeléctri­cas al PGN.

“También se puede llegar al extremo o al radicalismo de algunos colegas que dicen que esto es entreguismo. Mi concepto es que el dinero de las binacionales no es dinero público, y que es dinero de las entidades. El Tratado, en el Anexo A, dice en alguna parte que el costo de la energía está estable­cido por el costo de la producción más el costo de los gastos sociales”, mencionó el legislador.

Las declaraciones de Harms surgieron ante el planteamiento de los sec­tores opositores en alegar que los gastos sociales no figuran en los tratados ni de Itaipú ni de Yacyretá, por lo que no se necesita un acuerdo de la otra parte para incluirlos en el PGN.

“Tengo una postura cohe­rente. Los royalties son pago a cada una de las par­tes por los derechos que correspondan. No tienen nada que ver con gastos sociales. Los gastos socia­les deben ser aprobados en el presupuesto anual de las binacionales. El tratado en ninguna parte prohíbe, pero sí el tratado determina que los recursos deben ser administrados por el Consejo de Adminis­tración”, indicó.