Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) cuestionan el acuerdo firmado entre el Gobierno y las organizacio­nes campesinas, que permi­tió que los labriegos volvieran a sus distritos tras protago­nizar una movilización en la capital, exigiendo la condona­ción de sus deudas y sostienen que no se puede despenali­zar la invasión de tierras. El abogado Diego Torales, pre­sidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Pri­vada de la ARP, sostuvo que las invasiones a las propieda­des privadas constituyen un mal endémico en Paraguay. Afirmó que el impacto del compromiso recientemente asumido por las autoridades será peor que el protocolo aplicado para los desalojos.

“En primer término, noso­tros creemos que en realidad el acuerdo sería peor que lo que fue en su momento el pro­tocolo para los casos de des­alojo, porque directamente somete a una acción civil pre­via antes de que se tenga que cumplir un mandato judicial, por ejemplo, de desalojo”, sos­tuvo Torales en entrevista en Unicanal.

Dijo que independiente­mente al problema de tenen­cia de tierras y las carencias existentes en el campo, no se puede despenalizar el tema de las invasiones. “Nosotros sabemos las carencias que existen, pero no se puede no penar o no procesar a gente que cuando con actos vio­lentos han quemado estan­cias, han quemado camione­tas, han secuestrado incluso a administrador de peones. Y decir que eso va a depen­der de una acción civil pre­viamente”, puntualizó.

A criterio del abogado, el Código Penal establece que estas acciones son conside­radas delito o crimen. “Noso­tros creemos que lo que está establecido en el Código Penal es delito o es crimen y por un acuerdo firmado entre el ministro del Interior, el senador Óscar Salomón y otras personas, no pueden legislar al respecto o preten­der dejar de hacer crimen de algo que es naturalmente un problema endémico en Para­guay, donde se han tomado estancias y después se pro­cede a recurrir a las institu­ciones que tienen, por ejem­plo, como el Indert o el INDI”, significó.

Ratificó que el acuerdo con­cretado entre las autorida­des nacionales y los líderes campesinos “va a terminar siendo peor que el protocolo, que ya mucho tiempo sometió a los productores, pequeños, medianos y grandes, no sola­mente a los grandes”.

Torales aseguró que hasta los propietarios de fincas de 15 hectáreas son víctimas de invasiones en el departa­mento de Caaguazú, de donde provienen algunos dirigentes campesinos. “Hay que tener en cuenta que hay muchos productores, incluso, en el departamento de Caaguazú, donde a productores de 20 a 30 hectáreas, de 15 hectáreas le entran violentamente a sus establecimientos, le destro­zan las maquinarias y dónde va a quedar todo eso si es que se toma en cuenta lo que dice hoy el acuerdo, de que no se va a proceder a ningún des­alojo sin antes previamente una acción civil. Y ahí puede pasar seis años fácilmente solamente en el proceso civil”, concluyó.

Recordemos que la semana pasada, la manifestación campesina llegó a su fin tras el acuerdo firmado con el Gobierno, que destinará US$ 30 millones (US$ 25 millo­nes son del MOPC del plan Ñapu'ã) a la reactivación de la agricultura familiar. También se prevé la habili­tación de créditos por parte del BNF y la reestructura­ción de deudas.

El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) dijo que es preocupante el acuerdo firmado por el presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, con los sectores campe­sinos y advirtió que los labriegos están nuevamente amenazando con invasiones de tierra. Afirmó que el Congreso no tiene atribu­ciones para mediar en desalojos.

“Me preocupa la iniciativa que tuvo el senador Óscar Salomón con algunos otros colegas, que en nom­bre del Congreso, ambas cámaras, firmaron un acuerdo con diri­gentes de pueblos originarios que estuvieron en Asunción toda la semana. La Fiscalía y el juez ordenan los desalojos o las deten­ciones y en ningún lado de nuestra legislación se establece que una mesa de trabajo del Poder Legislativo puede parar el derecho soberano que tiene el propietario, eso es una barbaridad. El Poder Judicial es independiente”, señaló Silva Facetti a los medios de comunicación.

La firma del acuerdo con campesinos por parte del presidente del Senado, sigue siendo cuestionada por los senadores que reclaman la falta de participación en esa decisión.