La Unión Europea ha desplegado una Misión de Seguimiento Electoral (EFM) en Paraguay, cuya observación se desarrolla del 6 de abril al 3 de mayo de 2026. Este miércoles llevó adelante una mesa de trabajo en la que debatieron sobre las oportunidades para adoptar las recomendaciones de la UE antes del próximo ciclo electoral.

Esta misión, que está encabezada por Gabriel Mato, miembro del Parlamento Europeo y jefe de Observadores de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) en 2023, emitió un comunicado respecto a la observaciones que llevó adelante. Destacó que a pesar de algunos avances en materia electoral, queda camino por recorrer de cara a la implementación de las recomendaciones relacionadas con la reforma legal.

Agregó que el mandato de la EFM es evaluar los avances en las reformas electorales y el grado en que se implementaron las 20 recomendaciones formuladas por la MOE UE en 2023. Además de reuniones bilaterales con diversas partes interesadas.

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Entre las recomendaciones que aún faltan por avanzar, incluyen la armonización de la legislación electoral para abordar ambigüedades y vacíos, así como aumentar la transparencia en la financiación de campañas o reducir las posibilidades de financiación ilícita, incluido el adelanto de los subsidios de campaña a los candidatos.

“De igual manera, no se han adoptado medidas efectivas para garantizar la participación política equitativa de las mujeres en la vida pública. A pesar de la ausencia de reformas legales y antes de las próximas elecciones, aún existe margen para adoptar actualizaciones técnicas que requieren un proceso de toma de decisiones simplificado”, menciona parte del documento.

Por tanto, señalan que desde la EFM exhorta a las autoridades a revisar, por ejemplo, las condiciones del voto asistido, actualmente en consideración para su implementación.

Para garantizar un proceso electoral creíble, transparente e inclusivo en 2028, Gabriel Mato alentó a las autoridades “a llevar a cabo una campaña integral de educación electoral que permita a los votantes comprender la importancia de su participación política, al tiempo que se clarifique el uso de la tecnología electoral. Esta información debe difundirse ampliamente en todo el país y no limitarse a las zonas urbanas”, expresó.

No obstante, la EFM elogió las recientes iniciativas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que promueven la participación electoral de las comunidades indígenas, como su identificación en el padrón electoral y campañas específicas de educación electoral.

Por otra parte, señalan que dos proyectos de ley en materia de medios de comunicación, relativos a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se encuentran actualmente en consideración en el Congreso.

Al respecto, indicó que la EFM respalda la participación activa de los profesionales de los medios en este debate y subraya la importancia de garantizar la libertad de expresión y de prensa en la legislación.

Agregan que los interlocutores compartieron con la EFM sus preocupaciones sobre el posible impacto de la ley recientemente aprobada en la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos electorales, particularmente como observadores nacionales.

Al respecto, Gabriel Mato declaró ante los medios de prensa presentes, que “es importante garantizar un entorno electoral que fomente la participación de la sociedad civil, tanto agentes de educación cívica como observadores nacionales, en consonancia con las dos recomendaciones de la MOE UE 2023″, acotó.

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Establecimientos de salud de todo el país reforzaron medidas para garantizar la continuidad de la atención ante el fenómeno climático previsto para este miércoles.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, dispuso el refuerzo de medidas en los servicios de salud con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención y la seguridad de pacientes, personal sanitario y visitantes.

En ese sentido, hospitales y puestos de salud verificaron sus sistemas de respaldo, incluyendo provisión de energía, disponibilidad de agua y condiciones de funcionamiento de áreas críticas como terapia intensiva, quirófanos y laboratorios.

Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de coordinación interna y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias, priorizando la atención oportuna y segura de la población.

El plan contempla también la organización de equipos de respuesta, la revisión de protocolos de evacuación y la preparación ante un posible aumento de la demanda de servicios de urgencia.

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El Ministerio de Salud recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. En ese sentido, recomienda medidas de protección como no usar paraguas con punta de metal.

No acercarse a postes o cables de electricidad. Evitar el contacto con herramientas y objetos de metal. Apagar el celular, desconectar electrodomésticos, no usar la ducha eléctrica.

Ante un accidente por rayo o descarga eléctrica, la persona afectada debe ser trasladada inmediatamente al hospital cubierta con una manta para evitar hipotermia.

Aunque aparente estar bien, debe acudir al médico para monitorear el área cardíaca y respiratoria. Permanecer en un lugar seguro, dentro de la casa, en un edificio, o bajo techo.

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Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay anunció una movilización nacional frente a las sedes del Instituto de Previsión Social (IPS) para pedir la destitución del presidente Jorge Brítez y todos los consejeros, a fin de que se puedan incorporar mejoras en los servicios del ente previsional.

El docente criticó las condiciones lamentables en que se encuentra la infraestructura edilicia en varias filiales del instituto.

“También los hechos de negligencia que se han cometido en la atención a los asegurados y los llamados a licitaciones que según publicaciones periodísticas tienen olor a negociado”, manifestó Piris en conferencia de prensa.

Ante estos hechos exigió la “remoción de Jorge Brítez, presidente del consejo de administración y también de los cinco miembros del consejo”.

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“Consideramos que ya pasaron dos años y medio y prácticamente no hemos tenido resultados. Y no creemos que en poco tiempo esto se pueda solucionar”, manifestó.

Con respecto a la gran movilización que organizan los gremios docentes, Piris dijo que el gobierno pide postergar por diez días, pero la medida sigue firme e inclusive ya cuenta con el apoyo de la Unión Nacional de Jubilados del IPS, que se congregará frente a la Caja Central (Pettirossi y Herrera) el sábado 18 de abril a partir de las 8:30.

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Los gremios de la construcción mantuvieron su primera reunión oficial con el nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, junto a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, en un encuentro marcado por la urgencia de avanzar en la regularización de deudas que el Estado mantiene con el sector.

Participaron la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), dos de los principales gremios del rubro, que vienen reclamando una solución a los atrasos en pagos de certificados de obra, situación que ha impactado en la liquidez de las empresas y en la continuidad de proyectos.

Desde Capaco valoraron el interés del nuevo titular del Ministerio de Economía en abordar el problema y avanzar en un plan que contemple tanto las deudas pasadas como los compromisos actuales. Según señalaron, existe una expectativa positiva de que se puedan establecer mecanismos concretos para restablecer la cadena de pagos.

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El contexto de esta reunión responde a una coyuntura fiscal ajustada, donde el gobierno busca ordenar sus cuentas en medio de menores ingresos, especialmente vinculados al tipo de cambio. Esta situación derivó en atrasos en pagos al sector de la construcción, uno de los más sensibles por su impacto directo en el empleo y la actividad económica.

En este escenario, el Ministerio de Economía trabaja en alternativas de financiamiento que permitan hacer frente a las obligaciones sin comprometer la estabilidad fiscal.

Entre las opciones analizadas se encuentran mecanismos como el factoring o cesión de deuda, que permitirían a las empresas acceder a liquidez mientras el Estado cumple sus compromisos en el tiempo. La deuda total obligada ronda los USD 350 millones.

Durante el encuentro, Lovera transmitió la intención del gobierno de avanzar en una solución ordenada y sostenible, priorizando la recuperación de la confianza con el sector privado. Por su parte, la ministra Centurión reafirmó la necesidad de coordinar esfuerzos para garantizar la continuidad de las obras públicas.

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