Sociedad de pediatría exige condiciones seguras para vuelta a clases presenciales
“La Sociedad Paraguaya de Pediatría acompaña plenamente al que retorna a clases, supeditado a que se reúnan las condiciones básicas dentro de las aulas. Eso sí ya es competencia del Ministerio de Educación con las autoridades sanitarias”, dijo la pediatra Lissa Samudio, al afirmar que las instituciones educativas deben estar en condiciones para un retorno seguro a las clases presenciales. Mencionó que también se debe cuidar el uso de mascarillas, situación que puede afectar a las familias de escasos recursos, ya que representa otro gasto para los padres y las cooperadoras escolares.
Comerciantes fronterizos aguardan apoyo de Abdo Benítez
La presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise), Mirta Montiel, manifestó que esperan que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pueda entender el trabajo que ya realizaron de censar a los comerciantes afectados por el cierre de fronteras con la Argentina, que son cerca de 3.200, y acompañe con la promulgación el proyecto de ley que establece un subsidio para el sector.
Dejanos tu comentario
Caso Atome: la inversión no puede construirse sobre un subsidio
- Jorge Torres Romero
Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.
Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?
El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.
Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.
Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.
Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.
Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.
Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.
No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.
Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.
Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.
Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.
Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.
Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
Dejanos tu comentario
Argentina, con Messi suplente
Solo el arquero Emiliano “Dibu” Martínez arrancaría desde el vamos. Ya espera por su rival en la otra ronda.
El actual campeón del Mundo y puntero del Grupo J, Argentina, arrancaría hoy con un equipo casi en su totalidad alternativo ante Jordania, ya eliminada. El hecho de haber asegurado el primer lugar del grupo, hizo que el técnico Lionel Scaloni recurra a sus habituales suplentes en el último entrenamiento del equipo, antes del duelo a jugarse hoy, en el Dallas Stadium.
La posibilidad de rotar el equipo en la última fecha de la primera fase, es algo que tiene un beneficio doble: darle minutos a aquellos que todavía no jugaron en este Mundial y preservar a los habituales titulares de cara al duelo de dieciseisavos de final que tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 en Miami.
Aunque Emiliano Martínez será titular, hoy atajó Juan Musso. La defensa estuvo conformada por Gonzalo Montiel, junto a Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.
Pese a haber sido amonestado ante Austria y estar en riesgo para el partido de dieciseisavos de final, Leandro Paredes sería el volante central y estaría acompañado por Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. Valentín Barco, otro de los que aún no vio minutos en la Copa del Mundo, también tiene chances de ir de arranque.
Enlazando el mediocampo y la delantera estuvo Nico Paz, mientras que el único atacante fue Julián Álvarez, relegando a Lionel Messi al banco. Igualmente, el capitán argentino podría disputar la segunda etapa.
En el otro partido del grupo, Argelia y Austria se juegan la clasificación en el Arrowhead Stadium, en Kansas City. Con un empate, el seleccionado austriaco pasará de ronda como segundo, mientras que los argelinos buscarán meterse como uno de los mejores terceros.
Dejanos tu comentario
MEC intervendrá facultades tras detectar casos de títulos falsos
Tras una revisión, más de 500 casos de presuntas irregularidades en títulos y posgrados fueron detectados.
- HOY.COM.PY
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que existen más de 500 casos denunciados relacionados con presuntas irregularidades en títulos, certificaciones académicas y programas de posgrado, durante una reunión con la Comisión Especial del Senado que investiga la emisión y comercialización de documentos educativos presuntamente falsos.
El dato fue dado a conocer por el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien además señaló que fueron detectadas irregularidades en algunas universidades que ofrecían programas de posgrado sin contar con la habilitación correspondiente.
Según explicó, ciertas instituciones promocionaban carreras no autorizadas y posteriormente establecían acuerdos con otras entidades para desarrollar las clases, emitiendo finalmente títulos a nombre de universidades que carecían de la habilitación legal requerida.
Ante esta situación, el MEC indicó que trabaja en mecanismos para brindar una solución a los estudiantes afectados, considerando que muchos cursaron sus estudios actuando de buena fe.
Por otro lado, Ramírez informó que auditorías internas realizadas por la cartera educativa permitieron detectar cerca de 500 usuarios ajenos a las funciones correspondientes con acceso a procesos de inscripción de títulos. Asimismo, fueron identificadas inscripciones efectuadas fuera de los plazos establecidos.
Los funcionarios presuntamente involucrados fueron apartados de sus cargos y sometidos a sumarios administrativos mientras avanzan las investigaciones.
Como resultado del encuentro, se resolvió conformar una mesa de trabajo integrada por técnicos del MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la comisión especial del Senado, con el objetivo de profundizar la recopilación de información y elaborar propuestas para combatir estas prácticas.
Dejanos tu comentario
Revés judicial para el gobierno de Milei por recortes a fondos para universidades
La Corte Suprema de Argentina dejó firme este jueves una medida preventiva que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir la ley de financiamiento universitario, norma que el presidente había vetado al aducir que iba en contra de su política de austeridad fiscal.
El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la aplicación de la ley, de acuerdo al documento judicial.
El fallo de la Corte implica la actualización salarial a docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de becas estudiantiles que habían sido discontinuadas.
La ley, aprobada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y ratificada después por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca la aplicó.
La decisión de la Corte busca zanjar un conflicto que lleva más de dos años entre el gobierno y las universidades públicas, y que dio lugar a masivas manifestaciones en defensa de una mayor financiación para la educación superior.
“Fue un camino largo y difícil”, dijo en X Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al celebrar que la sociedad “nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social”.
El gobierno se mantuvo en silencio. El Poder Ejecutivo había condicionado, por decreto, que el cumplimiento de la ley dependa de que el Congreso garantice cómo financiarla.
Un tribunal mantiene una causa abierta para resolver si ese decreto es constitucional, según un amparo colectivo presentado por las universidades.
El fallo de la Corte Suprema de este jueves obliga al Ejecutivo a cumplir la ley hasta tanto se resuelva esa cuestión de fondo.
A principios de junio la secretaría de Educación había propuesto un aumento salarial del 24,33 % a los docentes y la reposición de algunas partidas para gastos de funcionamiento.
Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos dos años los salarios cayeron 40 % y se produjo la renuncia de cientos de profesores.
La última de cuatro marchas federales en defensa de la ley de financiamiento universitario tuvo lugar el 13 de mayo pasado, cuando una multitud se congregó frente a la Casa de Gobierno bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”.
- Fuente: AFP
Lea más: La economía argentina mantiene ritmo de crecimiento en el primer trimestre