• Nueva York, Estados Unidos. AFP.

Para la fiscalía, el exmagnate de la música Sean “Diddy” Combs es un “delincuente violento”, la otra cara del “icono cultural” y “hombre de negocios” exitoso. Para la defensa, el caso que lo ha sentado en el banquillo por tráfico sexual y asociación ilícita, se reduce a un problema de “amor, celos, infidelidad y dinero”.

Los 12 miembros y seis suplentes del jurado que sellarán la suerte del empresario de 55 años, también conocido como Puff Daddy y P Diddy, se enteraron de sus arrebatos explosivos y de su intento de preservar su reputación y del poder que le brindaba su celebridad a golpe de sobornos.

El equipo de defensa del fundador de la discográfica Bad Boy (Chico malo) insistió en que, aunque parte de su comportamiento era cuestionable -y en ocasiones suponía maltrato doméstico-, no llegaba a constituir una prueba de los delitos de chantaje y tráfico sexual de los que se le acusa.

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Combs se ha declarado inocente de todos los cargos, incluida la acusación de asociación ilícita que supuestamente dirigió para cometer delitos sexuales en los que no faltaban orgías con drogas mediante el uso de la fuerza, amenazas y violencia. La fiscal Emily Johnson alegó que Combs golpeó “brutalmente” a su expareja, la cantante Casandra “Cassie” Ventura, y la amenazó con publicar vídeos de ella participando en elaborados “delirios” sexuales si lo desafiaba.

Se espera que Ventura, cuyo testimonio es fundamental para el caso, suba al estrado el martes. Johnson también dijo que Combs había incendiado el auto de un hombre y colgado a una mujer de un balcón, y que había exigido cosas imposibles tanto a sus amantes como a sus empleados.

“Permítanme ser clara”, dijo la fiscal: “este caso no es sobre las preferencias sexuales privadas de una celebridad”, sino que es de “naturaleza coercitiva y criminal”, sostuvo mientras Combs escuchaba atentamente rodeado por sus abogados en una sala abarrotada de periodistas, personas influyentes y público.

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Para su abogada Teny Geragos, se trata de un caso “sobre amor, celos, infidelidad y dinero”. Geragos describió a las acusadoras de Combs de “mujeres capaces, fuertes y adultas” y describió su relación con Ventura de “tóxica”, aunque “entre dos personas que se amaban”.

“Ser un participante voluntario en tu propia vida sexual no es tráfico sexual”, dijo la abogada, antes de admitir que hubo violencia doméstica, aunque su defendido no está acusado por ello. Con pelo canoso, ya que están prohibidos los tintes en la cárcel donde aguarda el juicio desde septiembre pasado, Combs se vio arropado en la corte del Tribunal Federal del Distrito Sur en Manhattan por su madre, Janice, y varios de sus hijos.

El primer testigo en subir al estrado fue Israel Florez, un policía de Los Ángeles que respondió a la llamada de “una mujer en apuros” el 5 de marzo de 2016 en el Hotel InterContinental. Con el testimonio de Florez, la fiscalía presentó imágenes de una cámara de seguridad en las que se ve a Combs cubriéndose con una toalla, persiguiendo a Ventura por un pasillo del hotel y golpeándola.

Florez dijo que después de que acompañó al rapero a su habitación, Combs le ofreció un fajo de billetes. “Me decía: ‘no se lo digas a nadie”, confesó el agente que entendió que se trataba de un soborno. A Florez le siguió en el estrado un bailarín que mantuvo relaciones sexuales, a menudo a cambio de dinero, con Combs y Ventura desde 2012 hasta aproximadamente finales de 2013.

Daniel Phillip describió sus encuentros con la pareja, que generalmente implicaban sexo con Ventura mientras Combs miraba. Phillip contó que Combs abusó físicamente de Ventura delante de él. “¿Por qué hace esto, por qué se queda con este tipo?”, Phillip recuerda haber pensado. “Intenté explicarle que corría verdadero peligro si se quedaba con él”, dijo. De ser declarado culpable, el otrora productor de rap y superestrella mundial, a quien a menudo se le atribuye haber llevado el hip-hop a la cima de la música, podría pasar el resto de su vida en prisión.

El abogado Pedro Santacruz Acosta, representante legal del defensor del Pueblo Rafael Ávila, imputado por desacato a una orden judicial desacreditó y criticó la imputación presentada por el Ministerio Público. Esto, atendiendo a que sí se cumplió con la resolución del Tribunal de Cuentas que ordenó la reposición de la funcionaria Nidia Pintos como directora en una dependencia de la citada institución.

Santacruz Acosta indicó que le sorprende de sobremanera la imputación del Ministerio Público porque no existe fundamento legal, debido a que se “dio cumplimiento a la resolución judicial de medida cautelar que dispuso la reincorporación en el cargo y la Defensoría del Pueblo hizo lugar a dicha orden judicial”.

Asimismo, el referido profesional del derecho señaló que “desde octubre del 2024 se cumplió con la orden judicial de reincorporación de la funcionaria y de esa determinación se comunicó al Ministerio Público vía nota”.

Agregó que la Fiscalía pidió informes en noviembre y diciembre del 2024. Y, en febrero y abril de este año se dio cumplimiento a la reposición y la respuesta de la Defensoría del Pueblo mediante escrito donde se dejó constancia que se cumplió con la orden judicial, “por eso sorprende la imputación porque no existe incumplimiento de ninguna determinación judicial”.

Añadió que el defensor del Pueblo, de inmediato acató la resolución judicial y por ende “no existe hecho punible porque al respetar la determinación del Tribunal de Cuentas no existe hecho punible”.

Agregó que esperan que la jueza penal de garantía de la capital Diana Carvallo devuelva nuevamente la imputación a la fiscala Mercedes Vera para que analice objetivamente el caso.

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La Comisión Especial conformada para investigar el caso conocido como “mafia de los pagarés”, estableció una nueva fecha para reunirse con los ministros de la Corte Suprema Justicia. El encuentro entre los legisladores y las autoridades del Poder Judicial o ha podido darse hasta la fecha por la incompatibilidad entre sus agendas.

“La Corte Suprema de Justicia hoy no pudo concurrir porque tenían su pleno, pero vamos a reagendar la reunión con ellos”, expresó el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión. En comunicación con varios medios de prensa, informó que la nueva invitación a los ministros es para el próximo lunes 19 de mayo.

No obstante, manifestó que está abierta la posibilidad de que se dé una reunión antes de la fecha mencionada, esto en caso de que los ministros soliciten puntualmente un día, de acuerdo a sus posibilidades de horario. Es de mencionar que también está pendiente la reunión entre la comisión y el Ministerio Público.

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“Hay que recordar que hubo un caso en el 2015, vamos a pedir una reunión con el equipo de fiscales que trabajó en ese momento y con los agentes que están trabajando en este momento y lo más importante, vamos a tener una conversación con el ministro de la Defensa Pública, que eso probablemente ya va a ser mañana”, indicó.

El parlamentario señaló que una de las cuestiones principales a resolver es la cuestión de que las denuncias, en su mayoría, están en Asunción, sin embargo, los afectados son de diferentes puntos del país, por lo que se debe encontrar una alternativa para que las víctimas puedan hacer el seguimiento de sus casos, sin trasladarse, en lo posible, a la capital.

“Vamos a formar equipos que hagan este trabajo en cada uno de los departamentos donde hay denuncias”, refirió y añadió, “hay casos donde las personas deben gastar mucho dinero para trasladarse desde Alto Paraguay por ejemplo, y todo eso implica mucho para ellos como perder una jornada laboral, por eso todas esas cuestiones debemos ver cómo solucionar y apoyar a estas personas”, afirmó.

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Personal del Departamento de Investigaciones de Amambay continúa trabajando para dar con los autores del asesinato del abogado Gustavo Medina, ocurrido el pasado jueves, cuando el mismo retiraba a sus hijos de su colegio ubicado en el centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Con el acompañamiento de una comitiva fiscal, los investigadores llevaron adelante dos allanamientos en diferentes barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Una de las intervenciones se realizó en una vivienda que habría sido alquilada por Carolina Candia León, quien sería pareja de Arnaldo Barrios Alvarenga, oriundo de Capitán Bado.

Estas dos personas están siendo buscadas porque la mujer sería el nexo logístico de la operación, mientras que su pareja habría sido uno de los ejecutores del atentado. En la vivienda donde aparentemente se hospedaba, fueron hallados varios elementos que apuntan hacia el hecho investigado.

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Gracias a los documentos hallados en el lugar, también se logró conectar con un local comercial alquilado por Candia León, pero se encontró vacío, aún así se recogieron algunos documentos que guardaban relación con la pareja buscada.

En cuanto a la tercera persona buscada por los investigadores, se trata de Shirley Bordón, a quien identificaron como el enlace que abastecía de comida e insumos a los perpetradores del atentado, por lo que también sería una pieza clave dentro de la investigación.

Informes revelan que Gustavo Medina Carneiro fue acusado por los fiscales Omar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres de ser el responsable de realizar lavado de dinero del narco Jarvis Chimenes Pavao, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad del Brasil.

El profesional del derecho fue acribillado por dos sicarios frente a sus dos hijos menores de edad. Los criminales utilizaron potentes pistolas automáticas calibre 9 milímetros para cometer la ejecución. En su momento, el abogado estuvo prófugo y luego se presentó ante la justicia, logrando ser beneficiado con la prisión domiciliaria.