- Jorge Torres Romero
La condena al narcotraficante brasileño Lindomar Reyes Furtado no es un hecho aislado. Es una pieza más de un rompecabezas oscuro que desnuda cómo el crimen organizado penetró estructuras sensibles del poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Y también expone, con crudeza, las peligrosas conexiones que existieron entre operadores del narcotráfico y figuras que ocuparon cargos estratégicos en la seguridad nacional.
El caso adquiere una dimensión todavía más grave cuando aparece el nombre de Arnaldo Giuzzio. No se trata solamente de sospechas políticas o de discursos partidarios. Existen elementos concretos que fueron investigados por autoridades brasileñas: el uso de la camioneta de Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua por parte del exministro para viajar al Brasil, además de intercambios de mensajes corroborados por la Fiscalía brasileña entre Giuzzio y Marcus Vinicius, socio comercial de Lindomar Reyes Furtado.
La pregunta ya no es si hubo cercanía. La pregunta es hasta dónde llegó esa relación y cuánto daño provocó al Paraguay. Durante el gobierno abdista, Paraguay terminó consolidándose como un gigantesco centro logístico del narcotráfico regional. La cocaína ingresaba, se acopiaba y salía rumbo a Europa utilizando puertos nacionales prácticamente liberados.
Mientras el discurso oficial hablaba de combate al crimen organizado, los hechos mostraban otra realidad: toneladas de droga saliendo del país, organizaciones criminales operando con comodidad y estructuras estatales debilitadas o infiltradas.
Por eso resulta imposible no recordar el cinismo político con el que hoy algunos sectores vinculados a Mario Abdo Benítez hablan de volver al poder. Sería una tragedia para el Paraguay. Sería volver a extender la alfombra roja al narcotráfico. Porque el narcotráfico no solamente corrompe instituciones: destruye familias, condena a miles de jóvenes a la adicción y convierte al país en rehén de mafias que luego penetran la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La condena a Lindomar Reyes Furtado debería tener repercusiones más allá de las fronteras del Brasil. Paraguay no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. La ciudadanía merece saber quiénes protegieron, quiénes facilitaron y quiénes miraron hacia otro lado mientras el crimen organizado se expandía peligrosamente.
Y hay un episodio particularmente escandaloso que todavía deja más dudas que respuestas: la fuga de Lindomar Reyes Furtado del Paraná Country Club. Aquel operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas, entonces conducida por Zully Rolón, terminó convertido en una vergüenza institucional.
¿Fue incompetencia o complicidad? Porque resulta inadmisible que un objetivo de semejante nivel haya logrado escapar en una zona perfectamente controlable, con accesos delimitados y posibilidades tecnológicas suficientes para monitorear hoteles, movimientos y rutas de salida. La fuga no solamente fue un fracaso operativo: pareció una advertencia anticipada.
Y esa sospecha se vuelve todavía más inquietante cuando aparecen los vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinícius. La hipótesis de una filtración o alerta previa jamás podrá disiparse mientras no exista una investigación profunda, independiente y transparente.
Paraguay enfrenta una disyuntiva histórica: o limpia sus instituciones o termina definitivamente capturado por el crimen organizado. La condena de Lindomar Reyes Furtado debe ser entendida como una alarma regional y la justicia paraguaya debe castigar a sus cómplices. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.