- Jorge Torres Romero
Hoy gran parte del debate político y mediático gira en torno a una publicación periodística que revela que supuestamente desde el Gobierno se estaría impulsando una campaña sucia en redes sociales para erosionar y destruir el prestigio de periodistas y medios de comunicación.
La denuncia es grave, especialmente si –como sostienen quienes la impulsan– se habrían utilizado recursos públicos para financiar operaciones digitales de ataque y propaganda.
Pero en medio del escándalo selectivo y de la indignación televisada, conviene hacer memoria. Porque muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras guardaron un silencio cómplice cuando el gobierno anterior destinaba aproximadamente 11 millones de dólares por año a pauta y financiamiento de los dos conglomerados mediáticos más poderosos del país: el Grupo Zuccolillo, con Abc Color, y el Grupo Vierci, con Monumental, Telefuturo y Última Hora.
Hagamos números simples. Once millones de dólares anuales durante cuatro años equivalen a 44 millones de dólares. Sí, 44 millones de dólares del dinero público terminaron fortaleciendo a medios que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se transformaron prácticamente en una extensión política del oficialismo de turno.
¿Y qué hicieron muchos de esos medios con semejante respaldo económico? ¿Fiscalizaron con la misma dureza al gobierno de Marito? ¿Investigaron a fondo los escándalos de corrupción? ¿Persiguieron con igual intensidad los negociados, los privilegios y las internas palaciegas del abdismo? No.
Concentraron gran parte de su línea editorial en destruir la figura de Horacio Cartes, de su entorno político y de sus empresas.
Y lo más grave: varias de esas operaciones estuvieron sustentadas en filtraciones de documentos confidenciales provenientes de Seprelad, una institución del Estado cuya obligación legal era resguardar información sensible y no transformarse en una fábrica de filtraciones selectivas para operaciones políticas y mediáticas.
Se construyeron relatos, se instalaron sospechas, se publicaron informes reservados y se intentó ejecutar mediáticamente a un adversario político utilizando todo el aparato del Estado y buena parte del poder mediático concentrado.
Sin embargo, hoy quienes callaron ante esos 44 millones de dólares pretenden escandalizarse por supuestos 150 millones de guaraníes destinados a operaciones digitales.
La doble moral es obscena. Para algunos, el problema no es la utilización política de recursos públicos. El problema es quién los utiliza.
Ahora bien, si efectivamente desde el actual gobierno se está impulsando una campaña sucia digital, también corresponde decir algo con claridad: están equivocando el camino. La historia reciente demuestra que estas operaciones no sirven para conquistar legitimidad política ni para ganar elecciones.
Si las campañas de destrucción funcionaran, Efraín Alegre sería hoy presidente de la República y no Santiago Peña. Durante años se montó probablemente la mayor maquinaria mediática y política contra Horacio Cartes y el cartismo.
Lo acusaron de todo, intentaron convertirlo en el enemigo público número uno y, aun así, el oficialismo terminó ganando con contundencia las elecciones nacionales.
¿Por qué? Porque la ciudadanía termina votando en función de expectativas, liderazgo, gestión y resultados. No de hashtags ni de guerras digitales permanentes.
Por eso, el Gobierno haría mejor en concentrarse en comunicar sus obras, sus programas sociales, sus avances económicos y sus resultados concretos. Ahí está la verdadera fortaleza política. No en las cloacas de las redes sociales.
Las campañas sucias solo intoxican la democracia, degradan el debate público y profundizan el descrédito de la política y del periodismo. Y Paraguay ya tuvo suficiente de eso. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.