- Víctor Pavón (*)
La informalidad mueve 15 mil millones de dólares anuales equivalentes al monto de la deuda externa descontando la deuda interna. Estamos ante un colosal movimiento de dinero y de actividades que alcanza el 35 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Los 15 mil millones de dólares y el 35 por ciento del PIB son todavía más altos. Es difícil medir al sector informal; pero da cuenta acerca de la onda expansiva de los numerosos negocios en Paraguay y de gente con talento emprendedor. La informalidad lamentablemente es estigmatizada. Se la hace ver como algo malo relacionado incluso con el crimen. Y no es así.
Lo correcto es analizar que las actividades en este sector surgen de la demanda de bienes y servicios que el mercado les requiere y, por tanto, la oferta informal aparece para satisfacer gustos y necesidades de cada vez más gente.
La informalidad no es ilegítima. En todo caso es ilegal dadas las leyes que tenemos. Es absolutamente legítima porque la informalidad produce, comercia, compra y vende para personas que a diario requieren bienes y servicios.
Es ilegal por cuanto que la informalidad se halla fuera del control estatal. No obstante, la pregunta es: ¿qué control y para qué? Si el control consiste en identificar al futuro obligado contribuyente de impuestos para que destine su dinero al erario disponiendo de malos servicios públicos o no contar con los mismos, entonces la informalidad es un gesto de rebeldía.
La realidad es que la informalidad existe por un efecto que las más de las veces no se toma en cuenta. Adrede se ignora que el Estado demasiadas veces se equivoca al establecer leyes y regulaciones. La informalidad existe como efecto de las malas políticas que deben ser modificadas con el propósito de reducir los costos de acceso a la formalidad.
El costo en el mercado laboral en la contratación y despido, por ejemplo, son una imposición que provoca desempleo e informalidad especialmente entre los jóvenes por la anacrónica legislación del trabajo que tenemos.
El gobierno actual al respecto hizo una reforma interesante. La Ley 7444/24 también conocida como de mipymes, pretende fomentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Se redujeron los costos y la burocracia para la formalización. Se puede pagar el 80 % del salario mínimo con un contrato por tiempo definido sin necesidad de indemnización ni previo aviso.
Esto me parece bien, pero hay que mantenerlo como la respuesta a un tema sistémico y no como una modalidad transitoria y sectorial. De igual importancia, los servicios que realiza el Estado, motivo por el cual se pagan los impuestos, deben ser ciertos, conocidos y de calidad. Mientras esto último no suceda, la informalidad crecerá y seguirá movilizando más dinero que toda la deuda externa del país.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.