Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES) y miembro del Foro de Madrid
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La política y la economía no son compartimientos estancos. Están íntimamente ligadas. La política es la organización de la sociedad que requiere de recursos para destinarlos a actividades regladas por la Constitución y las leyes.
La economía, por su parte, es la acción humana mediante la cooperación social de la libertad y la propiedad privada. De ella surgen los recursos para que la política asigne las partidas presupuestarias al Estado para que este cumpla con sus funciones.
El Estado como organización jurídica y política debe garantizar la seguridad y la predecibilidad mediante legislaciones que no molesten la creatividad e innovación del sector privado. Fue lamentablemente el socialismo el que desvinculó la política de la economía porque consideró desde sus inicios como teoría social que la economía debía regirse por medidas estatales apelando a la fuerza de la revolución, un error que costó muertes y hambre.
La razón por la que insisto sobre la teoría económica de la libertad relacionada con la Escuela Austríaca de Economía está en que la misma permite comprender mejor la realidad. La economía y la política merecen ser analizadas desde una perspectiva correcta.
En tal sentido, la función empresarial es la fuente de creación y distribución de riqueza, de mejores salarios, empleos y oportunidades para todos, mediante el ahorro, las inversiones, la creatividad y la innovación. La función empresarial provee satisfacción a los consumidores.
Son los consumidores los que deciden qué, cuándo y cuántos bienes y servicios se producirán y se comercializarán. Y los gobiernos mediante su intervención en los mercados deben bajar el costo del intercambio privado, no afectando la competitividad.
Y si la competitividad es la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias para aumentar su cuota de productos y servicios, entonces, esa tarea únicamente lo pueden hacer los individuos y las empresas privadas en el marco del libre mercado.
La economía, sin embargo, está expuesta a los “ruidos” ocasionados por los escenarios políticos nacionales como internacionales.
Los gobiernos deben hacerse a un lado en la economía y hacer lo que deben realizar, esto es, facilitar a las personas su seguridad personal como jurídica. Más allá de estas funciones sobrevienen tormentos para la gente. Las empresas como unidades de capital y trabajo requieren para su formación y sostenibilidad en el tiempo de un Estado garante del orden y la ley, entendido como la preservación de la libertad y la propiedad privada. No hoy otro modo.
Ello no significa dejar de lado la influencia del Estado. El gasto público y el mal gasto afecta a la competitividad empresarial puesto que desvía recursos hacia sectores ineficientes impidiendo a su vez la formación del ahorro y la inversión.
Cuando se interviene la función empresarial mediante más impuestos, deudas, trámites y burocracias asfixiantes se afecta al desarrollo de la nación. El Estado intervencionista es un enemigo para las personas de bien.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
Las solicitudes podrán presentarse del 8 de abril al 6 de mayo de 2026 con el objetivo de resolver disputas judiciales pendientes y generar ahorro para el Estado. Foto: Ilustrativa
MEF convoca a acreedores con sentencias firmes a presentar propuestas de acuerdo para cerrar litigios
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó a los titulares de créditos reconocidos mediante resoluciones judiciales firmes, notificadas a la institución hasta el 31 de diciembre de 2025, a presentar propuestas de acuerdo transaccional con el objetivo de poner fin a litigios y generar ahorro para el Estado.
La convocatoria es realizada a través de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (Code), dependiente de la Gerencia General del MEF. Las solicitudes deberán presentarse en la Mesa Central de Entradas de la institución entre el 8 de abril y el 6 de mayo de 2026, utilizando el formulario Anexo B-01-09 A disponible en el portal institucional. Cada propuesta ingresada recibirá un número de expediente para su correspondiente seguimiento.
El proceso se desarrollará conforme al calendario establecido en la Resolución MEF N.º 182, del 9 de marzo de 2026, que autoriza a la Code a iniciar los procedimientos internos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley N.º 7609/2025, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, y su reglamentación establecida en el Decreto N.º 5311/26.
De acuerdo con la normativa vigente, el monto máximo que podrá percibir cada acreedor durante el presente ejercicio fiscal no podrá superar los G. 4.000 millones, independientemente de que las acreencias provengan de diferentes juicios con resoluciones firmes. En los casos en que las obligaciones superen ese límite, los pagos serán programados para ejercicios fiscales posteriores, según la disponibilidad presupuestaria.
El MEF también informó que las obligaciones derivadas de resoluciones y sentencias judiciales que cuentan con prioridad de pago establecida por la Resolución MEF N.º 370/2025, cuyos procesos no hayan sido concluidos, serán atendidas con cargo al presupuesto del presente ejercicio fiscal y de los siguientes, conforme a la disponibilidad de recursos.
Asimismo, cada desembolso quedará supeditado a la presentación de la homologación judicial del acuerdo transaccional correspondiente, requisito necesario para proceder con la ejecución de los pagos.
Los pagos se realizarán entre hoy y mañana a través del Tesoro Público y corresponden a compromisos financiados con Recursos del Tesoro (Fuente 10). Foto: Archivo
MEF desembolsa G. 96.620 millones para pagar a proveedores y acreedores del Estado
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desembolsará entre hoy lunes y mañana un total de G.96.620 millones para el pago a proveedores y acreedores del Estado, a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), según informó la cartera económica.
Los pagos corresponden a Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) financiadas con Fuente 10 “Recursos del Tesoro Público”, y abarcan compromisos ingresados a la DGTP entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo.
Desde el MEF señalaron que en la fecha se procesará la totalidad de las solicitudes presentadas durante ese periodo, en línea con el mecanismo habitual de transferencias que realiza el Tesoro, el cual se ejecuta de manera continua y conforme a la fecha de presentación de las STR por parte de las instituciones públicas.
La cartera económica indicó que este proceso forma parte de la gestión regular de pagos del Estado, mediante la cual se canalizan los recursos para cumplir con compromisos asumidos con proveedores y otros acreedores del sector público.
El calendario detallado de pagos puede ser consultado a través del portal del MEF, en la sección Servicios en Línea, dentro del apartado “Calendario de pagos a proveedores”.
Asimismo, la información también se encuentra disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en el menú Compras Públicas, submenú Pagos, así como en la sección Enlaces de Interés del portal del Sistema de Proveedores del Estado (SIPE).
El MEF prepara paquete de reformas económicas y disciplina fiscal sin subir impuestos
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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que el Gobierno nacional impulsará un paquete de medidas orientadas a fortalecer la disciplina fiscal y ordenar las cuentas públicas, en un contexto de mayores compromisos financieros del Estado. Las acciones priorizarán el ordenamiento del gasto, el pago de deudas pendientes y la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin contemplar aumentos de impuestos.
En ese marco, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el país enfrenta un escenario de presión sobre las cuentas fiscales debido a inversiones en hospitales, obras públicas y diversos programas estatales.
“Estamos en un escenario de compromisos crecientes, pero avanzaremos en la regularización de deudas con proveedores”, afirmó el ministro, al tiempo de anunciar que el Gobierno convocará a sectores clave para definir mecanismos que permitan honrar las obligaciones asumidas.
Sector privado y financiamientos
Fernández Valdovinos destacó además que Paraguay continúa generando confianza en los mercados internacionales, lo que se refleja en acuerdos de financiamiento con organismos multilaterales y el sector privado.
Entre los proyectos mencionados figuran iniciativas vinculadas a Paracel, la Ruta PY02, el proyecto de fertilizantes Atome y una entidad bancaria, todos con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ese contexto, el ministro explicó que el Ejecutivo impulsa un nuevo esquema de financiamiento denominado “3 a 1”, mediante el cual por cada dólar destinado al sector público se buscará movilizar tres dólares hacia el sector privado.
“Este modelo fue bien recibido por los gobernadores del BID y busca movilizar inversión privada para fortalecer el crecimiento económico”, indicó.
Como parte de la estrategia, el Gobierno mantendrá un proceso de ordenamiento del gasto público y las instituciones del Estado deberán ajustar sus compromisos al margen fiscal disponible, priorizando el cumplimiento de obligaciones y una administración responsable de los recursos.
Según el ministro, estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a garantizar la estabilidad fiscal y sentar bases para un crecimiento económico sostenible.
Continuidad en el cargo
Consultado sobre versiones relacionadas con su eventual salida del cargo, Fernández Valdovinos sostuvo que actualmente se encuentra abocado a la implementación de un plan económico que se desarrollará durante varios meses.
En ese sentido, afirmó que no sería coherente apartarse en este momento, considerando que el programa implica un proceso de “ajuste de cinturones” que requiere consistencia en su ejecución.
“Estamos presentando un plan que llevará varios meses y no sería coherente hablar de una eventual salida en medio de este proceso”, expresó.
Inclusión financiera en Paraguay avanza, pero enfrenta aún retos en ahorro e inversión
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Por Sara Valenzuela
Paraguay viene dando pasos firmes hacia la inclusión financiera de su población. Esto demuestra, a su vez, la evolución de los servicios bancarios y una mayor accesibilidad que se ha desarrollado en los últimos años, ofreciendo productos financieros variados pensados para distintos sectores. Sin embargo, aunque hay avances en cuanto a bancarización, afirman que uno de los retos está en ampliar la inclusión al ahorro y la inversión.
A partir del 2017, en la segunda semana de marzo, se recuerda en Paraguay la Semana Nacional de la Inclusión Financiera. El país implementó en 2014 la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (Enif), que es un plan que establece lineamientos estratégicos nacionales sobre la inclusión, con la finalidad de reducir la pobreza e impulsar la expansión de la economía.
Según el análisis de indicadores y datos de Inclusión Financiera del Banco Central del Paraguay (BCP) en materia de depósitos, entre 2016 y 2025 la cantidad de cuentas registró un crecimiento promedio anual del 20 %. En términos absolutos, pasaron de 2,4 millones en diciembre de 2016 a 12,12 millones en diciembre de 2025, lo que implica un aumento de aproximadamente cinco veces en el período analizado.
El número de titulares, tanto personas físicas como jurídicas, con al menos una cuenta de depósito pasó de 1,6 millones a 4,1 millones, lo que representa un crecimiento del 155 % en la base de clientes bancarizados y la incorporación promedio de cerca de 290.000 personas por año al sistema financiero formal.
Esta formalización también impacta directamente a la economía nacional, ya que se cuenta, por un lado, con un mayor flujo de dinero y, por otro, la tecnología permite que la trazabilidad sea mayor y pueda contarse con datos más precisos sobre consumo, inversión y flujo de dinero por sectores.
Créditos
En cuanto al crédito, la cantidad de operaciones creció a una tasa promedio anual del 12 % entre 2016 y 2025, pasando de 2,6 millones a 6,4 millones de operaciones, lo que equivale a más del doble con respecto al nivel inicial.
De manera consistente, el número de personas con al menos una operación de crédito aumentó de 1,09 millones en diciembre de 2016 a 2,19 millones en diciembre de 2025, incorporando en promedio alrededor de 122.000 personas adicionales por año.
Al considerar el número de personas que cuenta con al menos un producto de depósito o de crédito, se duplica la cantidad, pasando de 1,8 millones a 4,2 millones de personas en el período analizado.
Billeteras
La habilitación de productos como las billeteras electrónicas también ha colaborado en zanjar una brecha entre las entidades bancarias, financieras y los clientes, ya que la facilidad de acceso y los bajos costos de estas herramientas permiten que cada vez más personas y pequeñas empresas prefieran su utilización, además de generar mayor confianza y seguridad.
A diciembre de 2025, se registraban más de 7,6 millones de cuentas de billeteras electrónicas, de las cuales el 77 % se encontraban activas. A través de estas cuentas se realizaron 5,3 millones de transacciones.
Es importante destacar que, a través de la digitalización y los avances de los sistemas de pagos, se ha propiciado la apertura de las cuentas básicas de ahorro con un notable crecimiento, ya que entre diciembre de 2016 y diciembre de 2025 registraron una expansión promedio anual del 53 %, pasando de 1,4 millones a 2,7 millones de cuentas en el período analizado.
El número de personas que cuenta con al menos un producto de depósito o de crédito pasó de 1,8 millones a 4,2 millones de 2016 al 2025. Foto: Archivo
Pagos instantáneos
Desde el BCP también destacaron que el fortalecimiento del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) impulsó significativamente el uso de pagos digitales y la apertura de nuevas cuentas en el sistema financiero formal, haciendo hincapié en el hecho de que uno de los logros más relevantes en este sentido fue mantener un sistema de pagos totalmente gratuito para los usuarios.
Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025, la cantidad de transferencias entre clientes de entidades financieras aumentó de 4,8 millones a 46,1 millones, mientras que el valor total transferido pasó de G. 3.169 millones a G. 16.805 millones, 5 veces el valor inicial. Este crecimiento se vio acompañado por la creación de alias para transferencias entre cuentas, que pasaron de 1 millón a 4,2 millones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.
Inclusión real
La economista y especialista en finanzas personales, Gloria Ayala Person, en conversación con La Nación/Nación Media, consideró que la inclusión financiera en el país ha progresado, pero señaló que la verdadera inclusión es aquella que transforma vidas y genera oportunidades de crecimiento económico y social, y depende de dos pilares fundamentales: el acceso real y el uso de servicios financieros útiles.
“Hoy el nivel de inclusión financiera en Paraguay ha avanzado de manera significativa en la última década, aunque con desafíos pendientes. Según informes del Banco Central y análisis de mercado, más del 75 % de los adultos paraguayos ya accede a al menos un producto financiero formal, lo que representa un crecimiento muy importante respecto a años anteriores y es un indicador de que la bancarización se ha ampliado en el país”, indicó.
La economista explicó además que este progreso es consecuencia de diversos factores: regulación fintech, expansión de servicios digitales y mayor oferta de productos, pero que aún hay segmentos de la población con acceso limitado, especialmente en zonas rurales o con bajos ingresos.
Remarcó además que, aunque los indicadores muestren avances reales, desde su punto de vista, la inclusión debe medirse no solo por el acceso, sino por el uso efectivo y el empoderamiento económico que las personas desarrollen. Enfatizó en el hecho de que actualmente el avance de la bancarización se debe principalmente al acceso a tarjetas de crédito y que el desafío está en la inclusión al ahorro y la inversión.
Educación
“La educación financiera es absolutamente determinante en el proceso de inclusión financiera. Tener acceso a productos financieros no garantiza que las personas sepan utilizarlos de forma beneficiosa. Las herramientas por sí mismas son inútiles si no vienen acompañadas de capacidad de comprensión y uso responsable”, aseguró Ayala.
Reflexionó sobre la evidencia regional que muestra que los programas de educación financiera generan impacto en la reducción de la morosidad, influyen en la mejor toma de decisiones sobre el ahorro, generan mayor capacidad de planificación a largo plazo e impulsan a gestionar las deudas con mayor prudencia.
Cuando hablamos del crédito, la cantidad de operaciones creció a una tasa promedio anual del 12 % entre 2016 y 2025, pasando de 2,6 millones a 6,4 millones de operaciones, según el BCP. Foto: Ilustrativa
Desafíos
En cuanto a los desafíos estructurales que enfrenta hoy Paraguay en materia de inclusión financiera, la economista remarcó dos: por un lado, cerrar las brechas de uso y calidad del acceso y la integración de la educación financiera como política pública sostenida.
Argumentó sobre el primer punto que, pese a los avances en bancarización y productos digitales, todavía hay segmentos, zonas rurales, mujeres rurales, emprendedores informales, con barreras para participar plenamente en el sistema financiero.
Mientras que sobre la educación financiera resaltó que la inclusión no será sostenible si no se acompaña de educación continua, para que las personas no solo tengan productos, sino herramientas para entenderlos y usarlos para construir prosperidad, no deuda.
Gloria Ayala Person, economista especializada en finanzas personales. Foto: Gentileza