- Por Jorge Torres Romero
- Comentarista
El origen del mayor operativo de tráfico de drogas arrancó en el gobierno de Mario Abdo Benítez. La Fiscalía describe que el uruguayo Sebastián Marset se instaló en Paraguay en coincidencia con el inicio del gobierno de Marito. La “industria” se fortaleció entre el 2020 y 2021.
En la acusación formulada contra Miguel Insfrán, alias Tío Rico, para elevar la causa a juicio oral, se revela un grave nexo entre el narco y un director de inteligencia de la Senad, designado por Arnaldo Giuzzio. Este vínculo se evidencia en una serie de conversaciones entre Tío Rico y Sebastián Marset, en las que Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para poder zafar de los operativos antidrogas.
Según el ministro del Interior, Enrique Riera, todo empieza a cerrar ahora, pues, desde la época en que se levantó el control en los puertos (una de las primeras medidas impuestas por Abdo) y se retiró el servicio de canes entrenados, la estructura ya estaba permeada, aliada y coordinada para no cumplir lo que manda la ley.
La famosa estrategia del “tero tero” (gritar fuera del nido, para desviar la atención), que también invocó el fiscal general del Estado con respecto a la investigación de la muerte del fiscal Marcelo Pecci, se dio en la era Abdo. El Gobierno y la prensa oficialista (Grupo Zuccolillo-Vierci y satélites) nos distrajeron con Horacio Cartes durante 5 años. Primero con la historia del caso Darío Messer y el montaje de la causa contra el expresidente, luego con las Comisiones Bicamerales de Investigación del Congreso (Messer-Denuncia de Giuzzio), luego con el tema del avión Iraní, y por último con la influencia del embajador de EE. UU., las designaciones y sanciones. Mientras toda la clase política, mediática y la opinión pública se distraían con estas historias, la gavilla de Abdo asaltaba el Estado y los narcotraficantes se apoderaron de los envíos de cocaína en los puertos privados. “Tenían el arco libre”, revela el ministro de la Senad, Jalil Rachid.
Para Riera, todo esto es gravísimo, pues implica que el Estado estaba más preocupado en perseguir a sus adversarios políticos que en cumplir sus propias funciones. “Esta es la punta del ovillo, hay que empezar a estirar el carretel para ver dónde está la punta”, afirmó el ministro, quien cree que, en cualquiera de los casos, hay responsabilidad por acción o por omisión. “Esto tenía vínculos hacia abajo, con funcionarios menores y hacia arriba, con protección política”, enfatizó, en alusión al entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez.
A esto se suma la investigación que podría abrirse contra el funcionario afín a Giuzzio por su colaboración con la mafia. Según Rachid, a simple vista, solamente mirando ese extracto de chats, salta un concurso de hechos punibles, entre ellos, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y violación de la confidencialidad del secreto profesional.
El otro elemento clave a no perder de vista es que la única institución que el gobierno anterior no pudo controlar y manejar a su antojo para sus ataques políticos y generar ventajas al narcotráfico fue la Fiscalía General del Estado, con Sandra Quiñonez. Intentaron 4 juicios políticos y algunos actores políticos como la exsenadora Desirée Masi, trataban de “fiscalucho” a Pecci y que sus tuits eran elaborados en Tabesa. Este ataque contra Pecci se daba porque públicamente el fiscal asesinado exteriorizó su apoyo a la labor de la fiscal general. Entonces, ¿quiénes mataron a Pecci? Claramente los narcos que tenían protección en el gobierno de Abdo. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.