El Gobierno argentino avanza por sobre las dificultades que no son pocas, por cierto. La política económica y los alineamientos internacionales ocupan una buena parte de la gestión gubernamental del presidente Javier Milei. Frente a él los principales dirigentes sindicales, algunas organizaciones de la sociedad civil y, en distinto grado, los partidos políticos a los que la voluntad popular les otorgó la responsabilidad de ser opositores no encuentran aún las coincidencias que consideran necesarias para encarar acciones conjuntas.

Mientras, todas las encuestas de opinión marcan que la aprobación social del mandatario se encuentra en torno del 50 %. Al parecer, la sociedad –pasados poco más de 100 días de gestión– acompaña porque considera que “no hay plata”; entienden que “Milei hace lo que hay que hacer”; y, que “los que se fueron son los que nos dejaron así”.

En ese contexto nada pareciera generar mayores preocupaciones para la gestión gubernamental. Sin embargo y en línea con ello, los debates internos de la administración –según fuentes seguras con las que consultó La Nación– transitan por determinar “hasta dónde la gente está dispuesta a aguantar las medidas de shock con las que se ajusta la economía” y, en el plano internacional, ver qué pasa “si nos alineamos con Estados Unidos o con China, como lo hacía el gobierno anterior”. Así transcurrió la semana que pasó y así se perfila la que se inicia.

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Desde ese lugar es posible observar los movimientos del presidente Javier Milei, que desde el preciso momento en que la jefa del Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas, Laura Richardson, arribó una vez más a este país se mantuvo a su lado para acompañarla en las actividades más relevantes de su agenda local, que cumplió junto con el embajador estadounidense en Buenos Aires, Mark Stanley.

Ese diplomático, justamente, horas antes de recibir a la generala Richardson, llamó a la atención pública por la presencia de una base de la República Popular China en la patagónica provincia argentina de Neuquén donde “operan soldados” del ejército chino en este país, lo que motivó que, inmediatamente, voceros gubernamentales dejaran trascender –sin precisar detalles– que próximamente habrán de inspeccionar esas instalaciones en las que técnicos locales solo pueden ingresar 2,4 horas cada día porque así lo establece el acuerdo bilateral que la presidenta Cristina Fernández (2007-2015) firmara con su homólogo chino Xi Jinping en 2014.

El predio de 200 hectáreas donde se encuentran esas dependencias, que por ser parte del programa espacial de la República Popular, dependen del Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos Chinos –nombre formal de esa institución militar– por la legislación local le fue concedido a China por un plazo de 50 años, que pueden prolongarse por un lapso similar se encuentra bajo la soberanía ese país oriental.

De allí que la presencia de Richardson, que también recibida por la vicepresidenta Victoria Villarruel cobró singular importancia porque, además, se decidió impulsar la construcción de una base naval integrada polimodal en la ciudad de Ushuaia que, durante la administración del presidente Alberto Fernández (2019-2023), se planificaba desarrollar con aportes de China y de la Federación Rusa, lo que actualmente parece no será.

El tercero de los temas con la jefa Richardson tiene que ver, aunque muy poco trascendió, sobre ese punto con la hidrovía en el río Paraná que, desde hace pocos días, se sabe que contará también con asesoramiento de ingenieros militares estadounidenses aunque, según dejaron trascender voceros políticos opositores, esa presencia –regida por un contrato bilateral formal– es objetada porque el Parlamento que “no ha concedido autorización para el ingreso de tropas extranjeras en territorio argentino”. Por idénticas razones políticas también se complica que para la llegada en los últimos dos días del presente mes, el arribo aquí de una nave de la Guardia Costera norteamericana.

La situación es interesante porque, en las últimas dos décadas, la Argentina pasó de ser aliado extra-OTAN de los Estados Unidos como lo acordaron en 1998 los presidentes Carlos Menem (1989-1999) de Argentina y William Jefferson “Bill” Clinton a ser percibido en la comunidad internacional este país como funcional a China.

Según coincidentes analistas, pareciera que el señor Milei deseara regresar a aquel estatus de alineamiento con la Casa Blanca, aunque nada sobre ese tema posible comentan formalmente los ministerios de Defensa ni de Relaciones Exteriores. Habrá que esperar.

Por su parte, China desmiente que se trate de una base militar las instalaciones espaciales en Neuquén. Reafirma sí la embajada de ese país en Buenos Aires que la base solo se dedica a cuestiones pacíficas como lo es la observación y monitoreo de las actividades en el espacio exterior de ese país y, en particular el relevamiento del lado oscuro de la Luna.

No obstante, tanto esas cuestiones como algunas manifestaciones públicas del presidente Javier Milei acerca de su mirada y opinión sobre el comunismo y el socialismo, a la vez que decir públicamente que su gobierno “no” desarrollará acciones comerciales con países de esas ideologías, podrían complicar el relacionamiento futuro con la República Popular China, segundo socio comercial argentino.

Otro espacio para la duda se plantea, asimismo, respecto de un SWAP de monedas que los dos países tienen desde 2011, que les permite a ambos Estados comerciar sus productos en yuanes y pesos. En algunas semanas más por ese relacionamiento será necesario que la Argentina honre con sus pagos el equivalente a unos 5.000 millones de dólares en yuanes con los que se reforzaron las reservas argentinas en el Banco Central (BCRA), durante el último cuatrimestre 2023.

La relevancia de esos pagos –en especial un vencimiento que habrá de operar en junio venidero– tiene directa vinculación con la relación de este país con el FMI (Fondo Monetario Internacional) dado que China es el tercero de los socios de ese organismo en orden de aportes e influencia política global.

Ante ello y previendo eventuales fricciones chino-argentinas, fuentes empresariales privadas locales dejaron trascender ante este corresponsal que “en Brasil, algunos frigoríficos se preparan para un eventual mayor intercambio de productos cárnicos vacunos con el gigante asiático”.

En el orden interno, también emergen diferencias operativas y conceptuales respecto del programa económico del Gobierno argentino, que se aplica desde el inicio de la gestión.

El ministro de Economía Luis Caputo asimismo destaca el superávit que alcanzan las cuentas fiscales desde el pasado mes de enero. En ese sentido, vale puntualizar que se trata de superávit primario y fiscal contrastados contra ingresos públicos.

Aquí –al igual que en algunos centros financieros en el exterior– un fuerte debate se plantea sobre el precio del dólar que tanto en el valor oficial (unos $ 905 por unidad) como el del blue (en torno de los $ 985) son observados con especial atención.

Para no pocos analistas –aquí y en el exterior– el precio del blue debiera ubicarse cerca de los 1.370. Como esto no sucede, crece la inflación en dólares. El presidente Milei disiente con esa observación y la niega.

“Están absolutamente equivocados”, dice el mandatario ante la consulta puntual en ese sentido que le realiza la cadena Bloomberg. Los operadores descreen. Se genera un enorme debate.

Desde ese lugar –el retraso en la cotización del dólar en el mercado oficial– también los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) discrepan con Javier Milei. Coincidentes portavoces del FMI con el compromiso de no revelar sus identidades sostienen que el crawling peg debe ubicarse en el 8 % mensual, pero aseguran que el staff del Fondo “deja hacer porque se trata de una decisión soberana” de la Argentina.

El dos veces exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, de buena relación con el presidente Milei, afirma que el dólar blue levemente por debajo de los $ 1.000 por unidad, “no representa el tipo de cambio real”. Enfatiza en que “está atrasado” y se muestra crítico porque el cepo cambiario todavía no se levanta.

Operadores gubernamentales confidencian que las reservas del BCRA, si bien “han crecido, todavía son negativas en unos 3.000 millones de dólares” y, admiten que “con ese nivel es insuficiente para terminar con el cepo”.

Cuando promediaba la semana anterior, el economista y consultor Roberto Cachanosky, en uno de sus periódicos reportes, confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y el mismo mes de 2024 se ubica en 254 %. Detalla luego que en el sector privado los salarios de los trabajadores formales crecieron en el mismo lapso de tiempo 205 %.

En el mismo sector, para los asalariados informales, la mejora solo alcanzó a 124 %. El trabajo informal (en negro), no registrado o como quieran llamarlo en este país alcanza al 40 % de los trabajadores. En lo que tiene que ver con los empleados públicos, el informe de Cachanosky da cuenta de que las remuneraciones crecieron 168 %. En los bolsillos de la población el 254 % de inflación es mucho más sencillo de percibir que los aumentos de los sueldos que –en el promedio entre públicos y privados– apenas incrementaron 181 %.

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