El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.

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De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.

El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.

Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.

Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.

Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.

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El primer ministro chino, Li Qiang, instó este sábado a conciliar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y los riesgos de seguridad, y pidió un “consenso urgente” pese a la intensa carrera tecnológica entre Pekín y Washington.

Este llamamiento se produce días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara una agresiva estrategia de baja regulación para impulsar la hegemonía estadounidense en este campo.

Al abrir en Shanghái la Conferencia Mundial de IA (WAIC en inglés), Li enfatizó la necesidad de gobernanza y desarrollo de fuentes abiertas, al anunciar el establecimiento de un organismo de cooperación internacional en IA.

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“Los riesgos y desafíos que trae la inteligencia artificial han llamado mucho la atención (...) Encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la seguridad requiere urgentemente más consenso de toda la sociedad”, declaró Li.

En ese sentido, indicó que su país “promoverá activamente” el desarrollo de la IA en código abierto, además de estar dispuesto a compartir los avances con otras naciones, especialmente aquellas en desarrollo. “Si nos dedicamos a monopolizar, controlar y bloquear la tecnología, la inteligencia artificial pasará a ser cosa de unos pocos países y de unas pocas empresas”, afirmó.

“Solo si se respetan los principios de apertura, intercambio y equidad en el acceso a la inteligencia, más países y grupos podrán beneficiarse [de la IA]”, sentenció. El dirigente subrayó el “suministro insuficiente de potencia de cálculo y chips” como un cuello de botella.

En los últimos años, Washington redobló sus esfuerzos para frenar la exportación de chips de última generación a China, preocupado por la posibilidad de que estos puedan usarse para impulsar los sistemas militares de Pekín y erosionar el dominio tecnológico estadounidense.

China, en tanto, hizo de la IA un pilar de sus planes para lograr la autosuficiencia tecnológica, al prometer el gobierno una serie de medidas para impulsar el sector. En enero, la empresa china DeepSeek presentó un modelo de IA que funcionaba igual de bien que los mejores sistemas estadounidenses, pese a utilizar chips menos potentes.

En momentos que la IA se integra a prácticamente todas las industrias, su uso ha provocado grandes cuestionamientos éticos, desde la propagación de la desinformación hasta su impacto en el empleo o la potencial pérdida de control tecnológico.

El ganador del Nobel de Física, Geoffrey Hinton, comparó este sábado la situación con tener “un cachorro de tigre muy tierno como mascota”. “Para sobrevivir” debemos asegurarnos de que podemos entrenarlo para que no nos mate cuando crezca, sostuvo durante su discurso en el WAIC.

En un video presentado en la ceremonia inaugural de la WAIC, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la gobernanza de la IA sería “una prueba definitoria de la cooperación internacional”.

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El evento también contó con la emisaria de IA de la Presidencia francesa, Anne Bouverot, quien destacó “la urgente necesidad” de una acción global. Durante cumbre de IA en París en febrero, 58 países -incluidos China, Francia e India, así como la Unión Europea y la Comisión de la Unión Africana- instaron a una mejor coordinación en la gobernanza de la IA.

Pero Estados Unidos se manifestó contra las “regulaciones excesivas”, y junto con Reino Unido, rechazaron firmar la petición de la cumbre a favor de una IA “abierta, inclusiva y ética”.

Fuente: AFP

La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, tiene en agenda para este lunes 21 de julio, la visita de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Además, al viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez.

Esta mesa asesora, que está presidida por el diputado colorado Héctor Figueredo, estará analizando los proyectos “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República” y “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”.

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La iniciativa referente a un registro nacional de pagarés fue presentada por los diputados colorados José Rodríguez; Rocío Abed; Derlis Rodríguez; Cristina Villalba y Fabiana Souto. Además, acompaña como proyectista el diputado liberal Rodrigo Blanco.

El primer proyecto a ser analizado busca establecer el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales, en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República. La propuesta contempla la modificación de varios artículos del Código Procesal Civil.

De acuerdo a la exposición de motivos, uno de los puntos centrales apunta a que los títulos de crédito ejecutables, como pagarés o letras de cambio, deban ser depositados ante el juzgado competente al inicio del juicio.

De esta manera, los legisladores plantean garantizar que dichos documentos no puedan ser utilizados en múltiples demandas.

La propuesta también impone la obligación de que el juez determine el destino final del documento al dictar sentencia, lo que impedirá que sea utilizado en un nuevo proceso sin control.

Mientras que en la propuesta que plantea crear el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito, es una iniciativa que podría traer cambios importantes al mercado financiero y comercial del país, según señalan sus impulsores.

Al respecto, explican que este sistema busca ofrecer mayor seguridad jurídica y transparencia en la emisión y circulación de documentos como pagarés, letras de cambio y otros títulos que representan obligaciones de pago.

Asimismo, explican que el proyecto de ley pretende establecer un registro público, digital y accesible, donde se inscriban todos estos documentos, permitiendo así que los titulares puedan acreditar la existencia y titularidad de sus créditos con mayor facilidad.

La normativa pretende facilitar las transacciones comerciales, reducir los fraudes y fortalecer la confianza entre las partes involucradas.

Ambos proyectos están en etapa de discusión en comisiones, donde se espera que se analicen los detalles técnicos y se incorporen observaciones para garantizar la correcta implementación.

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Margareth Chacón Zúñiga y los hermanos Andres y Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenados por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fueron sacados del sistema penitenciario ordinario en Colombia y trasladados a guarniciones militares, por razones de seguridad, en un operativo secreto, reportó el medio colombiano Caracol Radio.

Este traslado, que no ha sido confirmado oficialmente por voceros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni del Ministerio de Defensa, fue realizado bajo un esquema de alta confidencialidad, con el objetivo de garantizar la integridad física de los condenados y preservar el orden en los centros penitenciarios, indicó el portal noticioso.

Caracol Radio refiere que el operativo estaría vinculado con la reciente advertencia que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 3 de julio, durante la posesión de un magistrado de la Corte Constitucional; ocasión en que reiteró su señalamiento al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como uno de los principales autores intelectuales del crimen de Pecci, el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena).

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“Los presos materiales como pasa con el senador Miguel Uribe, están presos, condenados. Una pareja de hermanos que, compañeros de gobierno, deben ser salvados de inmediato de la cárcel donde están, porque los quieren matar. Y los señores hermanos le dijeron a un fiscal, al fiscal del caso que hablaban quiénes eran los intelectuales si las esposas de ellos eran protegidas, las esposas de ellos fueron condenadas a la máxima y ellos se quedaron en silencio, eso ustedes saben, se llama, silenciar un proceso”, dijo Petro.

La medida de seguridad también se relaciona con el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, considerado como el articulador del asesinato y uno de los testigos claves en la investigación. Este sicario fue asesinado en la cárcel La Picota de Bogotá el 3 de enero de 2025, tras recibir múltiples heridas con arma blanca en un presunto ataque perpetrado por otro interno.

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