La idea de comunicación política de “campaña permanente”, cuando se ejerce el poder y las elecciones han pasado, asociada con la divulgación constante y sistemática de los resultados de encuestas, también permanentes, como herramientas para forzar situaciones políticas montadas sobre la presunción de que lo muchas veces imposible, debe hacerse porque “es lo que quiere la gente”, una vez más, en la semana que pasó, estalló en millones de pedazos.

De hecho, el presidente Javier Milei se vio obligado a retroceder frente a un Parlamento que, hasta ahora, le impide pauperizar más al conjunto social para “ser como Estados Unidos” hoy, dentro de 35 años, cuando se inicie el año 2059. Inquietante.

Del proyecto de la aquí llamada “Ley ómnibus” para reformar el Estado a su imagen y semejanza que el Poder Ejecutivo envió semanas atrás al Parlamento, tuvo que retirar el capítulo llamado “paquete fiscal” (enormes recortes en el gasto público) que afectaba a los sectores sociales con mayores carencias incrustados en un conjunto social que exhibe a quien quiera verlo más de un 43 % de su población por debajo de la línea de pobreza; 62,9 % de los niños entre 12 y 17 años en esa situación; cerca del 11 % del total de la población urbana en condición de indigencia. La ristra de datos negativos podría seguir.

Claramente –el alarido de campaña mileista: “¡Viva la libertad, carajo!” para ir contra “la casta”– a la hora de gobernar o administrar en estado de carencia, no parece suficiente. Gritar no suele agigantar el poder. Algunos sectores sociales comienzan a sentir agobio discursivo. De hecho, algunas consultoras que investigan el estado actual de la opinión pública empiezan a ver que la valoración positiva de la gestión de gobierno comienza a decaer. Ninguna lo reporta formalmente aún. Sin embargo, una de ellas, Poliarquía, deja trascender que la merma ya es de dos dígitos.

Si el dato precedente se verifica y se hace público la realidad dará cuenta que sólo 50 días –que hoy se cumplen desde el pasado 10 de diciembre cuando asumió el cargo el presidente Milei– fueron suficientes para que el Congreso ratificara una vez más que “El espíritu de las leyes”, la obra basal para fundar la separación de poderes en un Estado democrático de derecho, que en 1755 escribiera y publicara Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu, está más vigente que nunca antes. Así sea.

Una segunda constatación, no menor, también emerge y es posible de probar en el inicio de la presente semana. El señor Javier Gerardo Milei ganó el segundo turno electoral con el 56 % de las voluntades electorales –enorme triunfo con la fortaleza de un copo de algodón– pero en línea con el diseño gubernamental argentino vigente a partir de las urnas, por lo menos, hasta las parlamentarias del 2025, claramente indica que el actual jefe de Estado, tanto en las primarias abiertas simultaneas y obligatorias (PASO) como en la primera vuelta se ubicó en el segundo lugar con el 29,99 % de los votos. Para que quede claro -una vez más- el 70 % de quienes votaron en la presidencial del pasado 24 de octubre no lo eligió.

Entre los gobernadores de las 24 provincias no hay ningún libertario; sólo cuenta con 37 diputados (menos del 15 %) en la Cámara Baja; y, 7 senadores (casi el 10 %) de la Cámara Alta. Se suele afirmar que, si bien la construcción de consensos es fundamental para un gobierno en minoría, gestionar los disensos es tan relevante o más que la afirmación precedente. La democracia, además de una forma de vida, es un preciso esquema de equilibrios a construir para consolidarla y fortalecerla.

Vale señalar y hacer memoria. No es este el primero de los gobiernos que padece una caída parlamentaria. En las últimas 4 décadas, los presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989); Fernando de la Rúa (1999-2001); Néstor Kirchner (2003-2007); Cristina Fernández (2007-2015); Mauricio Macri (2015-2019); Alberto Fernández (2019-2023), también supieron del sabor amargo de las derrotas parlamentarias. Pero es necesario superarlas desde la convicción de que son parte de la gestión que, además, debe proveer la gobernanza.

La idea de aplicar políticas económicas de shock –como las categoriza la periodista y académica Naomi Klein– para contener la crisis, especialmente cuando –como sucedió durante la más reciente campaña presidencial se responsabiliza de las carencias a “la corrupción” y a “la casta”– resulta discursivamente atractiva. Pero, a no dudarlo, con el correr de los días, las inhabilidades, las inexperiencias para gestionar la política y la administración del Estado, marcan límites a aquellas transitorias aprobaciones y ocurrencias verbales con fines proselitistas. La inevitabilidad del shock –como la única salida posible– comienza a conseguir rechazos.

Mucho más cuando la otrora –muy atrás en el tiempo– poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) –habida cuenta de ese dato empírico– quiso ocupar el centro de la arena política con un paro general de medio día que no movió el amperímetro social.

No faltan quienes apresuradamente sostienen que fracasaron. Tal vez, algunos dirigentes obreros procuran desconocer que los trabajadores informales (en negro, sin aportes jubilatorios, ni para obras sociales y sin acceso a servicios de salud) son mayoría respecto de los que se encuentran a derecho y esa circunstancia, en alguna medida, resta capacidad de movilización a los sindicatos que por varios años se mantuvieron inmóviles y tampoco evidenciaron sostener miradas críticas para ajustes que comenzaron antes que el gobierno del presidente Milei.

Por si algún otro síntoma faltara para marcar más debilidades que fortalezas en la CGT, 23 gobernadores y ningún intendente adhirieron al cese de tareas. El único jefe de Estado provincial adherente fue el bonaerense Axel Kicillof que se alineó con la dirigencia laboral. No es un dato menor.

Algunos peronistas críticos no kirchneristas -con el compromiso de mantener sus identidades en reserva- con ironía coinciden en señalar que “la columna vertebral del movimiento (peronista, como el general Juan Domingo Perón llamaba a la CGT) tiene síntomas claros de artrosis”. Habrá que ver.

Enero finalizará en la semana que se inicia. Febrero, pese a ser bisiesto, sólo tendrá un día más, como sucede cada cuatro años. No es tiempo lo que sobra para acomodar desde el gobierno el decir con el hacer con perspectiva democrática y profesional.

Este país, como en muchos otro del hemisferio sur, amplios sectores sociales están de vacaciones. En marzo próximo, junto con el otoño, el año real se pondrá en movimiento. El relax dará paso a las tensiones naturales que devendrán como resultado de una sociedad que se pondrá en funcionamiento. Hasta el primero de los días del tercer mes del año faltan 32 días. El almanaque suele ser impiadoso.

El presidente Milei sostiene que si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del presente mes de enero “está cerca del 25%, el éxito es tremendo”. Habrá que ver. No siempre deseo y realidad coinciden. ¿La sociedad, de ser finalmente así, también lo percibirá como un resultado exitoso cuando advierta que desde el primero de los días de febrero próximo pueda comprar bienes o servicios por el 80% de cada uno de sus devaluados pesos mensurado el valor de comprar respecto del último día de diciembre 2023?