• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

En esta misma columna habíamos adelantado hace un par de meses que las negociaciones con el Brasil sobre Itaipú debían ser encaradas con un criterio de soberanía, de igualdad, de respeto y de reciprocidad entre los Estados, donde el objetivo de las tratativas sea el ganar-ganar.

Como nunca antes, podemos afirmar que Paraguay está sentado en la mesa de negociaciones en igualdad de condiciones y esto no solo a juzgar por las publicaciones recientes de la prensa brasileña que hablaban de un supuesto enojo por parte del mandatario brasileño Lula da Silva debido a la falta de preparación de su equipo, algo impensado hasta hace poco, puesto que la diplomacia brasileña siempre se ha caracterizado por tener una agenda bien definida para mantener su hegemonía en las relaciones internacionales y sobre todo para consolidar un liderazgo en la región.

Es que, desde la misma conformación del Consejo de Administración de Itaipú que propuso el gobierno de Santiago Peña, se pudo observar una intención clara de no dejar nada al azar, teniendo como interlocutores a los mismos secretarios de las carteras más importantes del Ejecutivo como lo son los ministros de Economía, de Industria y Comercio, el canciller nacional, la jefa de Gabinete y el asesor jurídico de la Presidencia, una verdadera selección nacional. Por eso, no sorprende que en el país vecino también se hayan encendido las alarmas, sobre todo por parte de los sectores más conservadores y los que siempre han visto al Paraguay como un hermano “menor” del que pueden sacar ventajas a cambio de las famosas “migajas”.

Lo que lamentablemente ya no sorprende es que, en nuestro país, algunos medios de comunicación y referentes del sector energético salgan a opinar sobre el tema con total irresponsabilidad, inexactitud y desconocimiento. Me refiero a los que se tragaron la supuesta amenaza que hizo Lula de “romper” el acuerdo que le obliga a Brasil a comprar la energía que Paraguay no utiliza en la hidroeléctrica binacional.

Pues, si hay algo que siempre han defendido los representantes brasileños en Itaipú desde hace más de 50 años es el famoso principio jurídico “Pacta sunt servanda”, que es base del derecho internacional y se traduce como “lo pactado obliga”, ya que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes. Además, debemos tener presente que, conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cualquier acuerdo puede ser modificado siempre y cuando exista consentimiento de los Estados en cuestión.

Acá la cuestión es muy sencilla, luego del tiempo transcurrido –nada menos que medio siglo– se cierra un capítulo de la historia y se abre otro, con la posibilidad de estudiar y consensuar un nuevo acuerdo, bajo nuevas condiciones referentes a la explotación del emprendimiento binacional.

Si bien no podemos dejar de señalar los beneficios del Tratado para el Paraguay y Brasil en términos del desarrollo de sus economías y la prosperidad en los últimos 50 años, también sabemos que hubiese sido mayor el beneficio si ya desde la década de los 80 o 90 hubiésemos pensado en paralelamente obtener la infraestructura necesaria para utilizar toda esa energía para nuestro desarrollo económico, social e industrial, situación que recién hoy en día es una realidad para nuestro país.

Obviamente, las circunstancias políticas, sociales y económicas de hace 50 años eran muy distintas, pero ahora, esas condiciones han cambiado y podemos afirmar que, gracias al aporte de Itaipú, nuestro país ha dado pasos agigantados hacia su desarrollo.

En este nuevo contexto social, político, económico y también ambiental, se presenta un nuevo escenario, mucho más favorable, en el cual deberán sentarse los representantes de Paraguay y Brasil, en igualdad de condiciones, para diseñar los nuevos términos del futuro acuerdo, teniendo en el horizonte el mismo objetivo que es alcanzar el bienestar de ambos pueblos hermanos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.