• Por Felipe Goroso S.

La radicalización es un proceso que conlleva cam­bios a nivel de las cognicio­nes, emociones y comporta­mientos dirigidos a elevar la apuesta para aumentar la justificación para el con­flicto. Así, la radicalización demanda el compromiso personal, así como la inmo­lación de la imagen personal en defensa del grupo.

Los aspectos racionales se entienden como decisiones resultantes de un cálculo cos­to-beneficio. Entre los bene­ficios de pertenecer al grupo radical, está el de proporcio­nar un sentido de pertenencia al individuo, estado de ánimo y autoestima, buscando ser considerados víctimas, con el respaldo férreo y cada vez más alevoso de los grupos de medios que intentan darle el framing a la discusión en el debate público cumpliendo el papel de órganos de propa­ganda y vocería.

En cuanto a los aspectos emocionales, se considera a la actuación impulsada por las pasiones; en esta catego­ría se enmarcan sentimien­tos como frustración, rabia, deseos de venganza, rencor y otros. Al respecto, el aspecto más importante en la decisión de radicalizarse es apuntar al componente afectivo, debido a las emociones provocadas ante la presentación esceno­gráfica de un supuesto rompi­miento de las normas.

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Es un proceso hasta si se quiere entendible, pero que no sirve a un propósito cla­ramente definido y mucho menos sustentable en el tiempo. Estamos siendo tes­tigos de la ya excesivamente prolongada estela que dejó el resultado de las últimas elec­ciones donde le asignó a los candidatos y fuerzas políti­cas por fuera del Partido Colo­rado un porcentaje mínimo. La respuesta que han deci­dido dar al pueblo desde esas minorías es recorrer el camino de la radicaliza­ción azuzadas por grupos de medios los cuales hacen cada vez más propaganda y menos periodismo, arrojan al viento la credibilidad que alguna vez tuvieron y que hoy esta cada vez más distante proporcio­nal a su influencia e imagen.

Un episodio más de esto es lo que vimos durante todo el proceso de designación y juramento de la nueva representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, la doc­tora Alicia Pucheta.

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