Necesitamos con urgencia que el esquema administrativo y operativo actual del Gobierno nacional en las distintas instituciones sea transformado y modernizado para que la ciudadanía, quien es la que paga sus impuestos para recibir un servicio de calidad, pueda dejar de sufrir debido a la anquilosada burocracia, que se mantiene “tan campante” en casi todas ellas, y en donde se precisa de una reingeniería de los diversos procesos administrativos, que reduzcan los tiempos de ciclo y sean más eficientes, respondiendo a las necesidades actuales que reviertan en beneficio de todos, lo que paralelamente estaría coadyuvando a una mejor consecución de los requerimientos que exige el desarrollo económico y social de nuestro país en plena era de la tecnología y de los procesos digitales.

Si bien las entidades del Estado han dejado de usar las antiguas máquinas de escribir reemplazadas por las computadoras de escritorio y laptops; no obstante, triste resulta ver todavía a muchos funcionarios que siguen revisando vetustos libros negros para ver en qué situación se encuentran los trámites de los contribuyentes, lo cual en pleno siglo XXI resulta inadmisible.

El nuevo gobierno con buen criterio viene fusionando entidades que permitan ir reduciendo la odiosa burocracia, que, aparte de enlentecer los procesos, implica mayores erogaciones en costos y gastos rígido al Estado.

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Esperemos que el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, al igual que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, dé los resultados esperados y que estos tipos de reingenierías también puedan ser traslativas a otras instituciones para poder terminar de una vez por todas con este Estado paquidérmico, desfasado y obsoleto que sigue siendo un mal administrador, pues es inadmisible que G. 80 por cada G. 100 recaudado sigamos destinando mes a mes al pago de sueldos y otros beneficios a los servidores públicos, que ya superan los 406.000 a nivel país.

Esperemos que den los resultados esperados, que permitan una substancial disminución de la evasión impositiva que hará mucho bien a nuestro país en donde la informalidad en muchas empresas sigue a la orden del día.

Con la creación del Ministerio de Economía y Finanzas se pretende que se haga cargo de la planificación, coordinación y conducción de una política de desarrollo económico sostenible para el Estado.

Su fusión se espera que contribuya a una mejor organización de las políticas públicas, haciéndolas más eficientes, y que la burocracia del día a día muy pronto pase a ser “historia antigua”.

Necesitamos concienciarnos de una vez por todas que en las organizaciones, sean del sector privado o estatal, donde los paradigmas han cambiado, no queda otra más que aggiornarnos a los tiempos que nos toca vivir, que permitan tener un PGN equilibrado, donde quepan suficientemente rubros destinados a calidad educativa, salud pública y seguridad nacional, uno de nuestros mayores déficits históricos a nivel país.

Uno de los objetivos primarios de este nuevo gobierno es no aumentar los impuestos, buscando previsibilidad a los diversos emprendimientos que puedan ser desarrollados tanto por nuestros empresarios locales como por todos aquellos potenciales inversionistas extranjeros deseosos de venir a radicar sus capitales y que nos puedan ayudar a generar más fuentes de trabajo, que es lo que a gritos todos pedimos para que podamos vivir mejor y que nuestra gente vuelva a tener plata en sus bolsillos.

La reingeniería y depuración del capital humano que no aporta valor agregado alguno en nuestras instituciones no deberán tener vuelta atrás, dado que el Estado no es ninguna entidad de beneficencia para seguir solventando los gastos a gente que no produce absolutamente nada, y lo único que hace es crear perjuicios.

Es urgente actuar proactivamente, realizando una reestructuración general que requerirá adoptar más medidas que permitan volver a “calentar motores” luego de 5 desastrosos años de gobierno.

Sería difícil aún esperar resultados más allá de lo deseado y muy necesario durante los primeros 100 días, dada la desprolijidad con que se ha manejado el anterior gobierno caracterizado por la corrupción e ineptitud total.

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