Cada semana que transcurre en la Argentina genera en las élites la idea -no siempre cierta- de que la siguiente será peor. El antiquísimo dicho popular que asegura que “todo tiempo pasado fue mejor”, en esta etapa cobra fuerza y tiene más actualidad que nunca. Las emergencias económicas y de seguridad ciudadana se aceleran y foguean el descontento popular.

El presidente Alberto Fernández y la segunda al mando, la vicepresidenta Cristina Fernández, según coincidentes trascendidos que se verifican en sus cercanías, “están preocupados”, “procuran no exponerse públicamente” y, en esa línea, cancelan sus participaciones en actos públicos cuando faltan 125 días para que se concreten las elecciones primarias simultáneas y obligatorias (PASO) con las que habrán de definirse quiénes serán las candidatas y candidatos que el venidero 22 de octubre (195 días) se someterán al veredicto de las urnas para saber quiénes habrán de gestionar el Estado dentro de 244 amaneceres, el 10 de diciembre, cuando Alberto y Cristina finalicen sus mandatos.

Antes de ello y “muy probablemente hasta hoy”, según todas las encuestas que circulan, el 19 de noviembre (223 días), podría tener lugar un balotaje para elegir solo quiénes serán presidente y vice. Nada ni nadie puede detener el tiempo. Veamos.

En el transcurrir económico dos situaciones alteran y habrán de alterar sin descanso el pulso del presidente Alberto F., el de la vicepresidenta Cristina F. y el del ministro de Economía Sergio Massa. 1) Se conocerá en la semana que se inicia la variación que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el pasado marzo respecto del precedente febrero y esa novedad, no será buena.

Tanto las empresas de consultoría privada como portavoces seguros del gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) coinciden en que se ubicará entre 5,8% y 7%. De confirmarse el dato, el incremento interanual del IPC se acercará hasta no menos del 109%. Por ello, los salarios volverán a perder poder de compra y el clima social (las broncas, en este caso) también irán en aumento y en extensión.

2) Después de la imposición de cepos y múltiples restricciones para operar con dólares lo que altera significativamente el sistema financiero y el desarrollo del aparato productivo, se conoció que, en los primeros tres meses del 2023, el Banco Central (BCRA), la autoridad monetaria, perdió unos 3.000 mil millones de dólares lo que debilita marcadamente sus magras reservas.

De allí que tanto el presidente Fernández como el ministro Massa -fervorosos militantes de la contradicción permanente y, como dicen que decía Juan Domingo Perón “tímidos para el coraje”- medran ante la Casa Blanca y el Fondo Monetario Internacional (FMI) les adelanten fondos frescos para gestionar en tiempos electorales y, por lo menos, llegar hasta diciembre sin más sobresaltos que los que supieron conseguir.

“El mayor de los problemas de la presente administración es la pobre gestión política y la falta de confianza que genera”, coincidieron en señalar a este corresponsal un grupo de relevantes hombres de negocios e inversores pymes comprometidos con la producción al momento de consultarlos sobre la coyuntura y el corto plazo durante el fin de semana largo que concluyó ayer en una ciudad balnearia de la costa bonaerense.

En ese contexto, una analista y consultora muy respetada entre los operadores locales, fue más allá que sus colegas. Sostuvo que “con las elecciones a la vista -especialmente las PASO- y los posibles resultados adversos al oficialismo que adelantan las más relevantes encuestas de opinión que circulan, hechas con seriedad y con diseños muestrales muy amplios, la gestión política de la economía será muy compleja a partir del 14 de agosto”.

Con el compromiso de no revelar sus identidades los consultados y la consultada -desde una perspectiva técnica- “no” dicen estar preocupados por el nivel de endeudamiento argentino que, según ellos y ella, “es cercano al 25% del PBI (Producto Bruto Interno)” sino por “las sucesivas malas prácticas que complejizan la proyección financiera en el corto y mediano plazo”. Añade que “claramente, una administración derrotada electoralmente, sin confianza ni legitimidad popular se vería muy comprometida en sus posibilidades para gestionar la economía durante 118 días hasta el 10 de diciembre cuando asuma la próxima gestión”. ¿Entonces? “Será relevante el rol de las actuales oposiciones para generar algún grado de certeza de corto plazo y que la sociedad esté dispuesta para confiar y esperar el recambio”, añadió otro de los consultados. Complejo, por cierto.

En lo que respecta a la seguridad ciudadana, el panorama no solo no es mejor, sino que parecería ser tan complejo o más que el anterior. Con el 40% de la población en situación de pobreza, poco más del 8% en indigencia y el avance en algunos sectores geográficos (especialmente Rosario en la provincia de Santa Fe y el Área Metropolitana Buenos Aires - AMBA) de organizaciones delictivas transnacionales de alta complejidad -entre las que se destacan las que operan el narcotráfico al parecer con algunos puntos de contacto con la política- las tensiones se profundizan porque amplios sectores sociales se perciben en riesgo y vulnerabilidad sin que el Estado provea a la seguridad a la que tienen derecho.

En lo que hace a la posible vinculación de la política con el narcotráfico, es relevante destacar que el pasado 13 de marzo, los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, miembros de la Cámara Nacional Electoral y a cargo del control en todo el país de los próximos comicios, se reunieron formalmente con una cuarentena de organizaciones políticas a las que advirtieron para que tomen recaudos y precauciones para evitar el financiamiento de los gastos electorales con fondos provenientes de operaciones de lavado de dinero proveniente del tráfico y comercialización ilegal de drogas. Corcuera y Dalla Vía están preocupados. ¿La política, también?

Pero sin dudas el hecho criminal que mayor trascendencia tuvo en los últimos días fue la severa golpiza -al borde del linchamiento- de la que fue blanco el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, que fue victimizado por un grupo de trabajadores del transporte horas después del asesinato a balazos de un compañero chofer que conducía en la madrugada un colectivo con pocos pasajeros en su interior por dos asaltantes.

La acción criminal de la que el alto funcionario fue damnificado fue ampliamente transmitida en vivo y luego grabada por los sistemas de comunicación públicos y privados. Lo sucedido tuvo fuerte impacto social y político, porque dio cuenta clara de las dificultades que los agentes del Estado tienen para hacer cumplir la ley y proteger a la ciudadanía.

Es preciso señalar que Berni, teniente coronel del ejército, médico, abogado e instructor de artes marciales, muy afecto a la utilización como herramienta de construcción política de los recursos audiovisuales, es un controvertido funcionario, reiterado constructor de polémicas, que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández desde varias décadas cuando se conocieron en la patagónica provincia de Santa Cruz.

Justamente por el vínculo señalado es que lo sucedido inmediatamente tuvo impacto negativo en las encuestas de opinión y en las reacciones callejeras que, en algunos casos, remitieron en la memoria colectiva a la grave crisis política, social y económica que en este país se produjo en el 2021 y de la que aún no ha logrado recuperarse.