La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”. La iniciativa busca fortalecer la protección de la administración de Justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.

Esta audiencia estuvo presidida por el titular de la comisión el diputado, Yamil Esgaib, junto con sus colegas Jorge Ávalos Mariño que preside la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Gremio de Abogados de Caaguazú, la Asociación de Defensores, entre otros estamentos.

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En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.

“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.

En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.

Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa. Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.

Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.

Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.

En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.

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La corte suprema de Brasil prohibió el jueves pasado al sistema judicial cuestionar las experiencias sexuales o el modo de vida de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. En una votación unánime en el plenario, el Supremo Tribunal Federal (STF) determinó “inconstitucional” las consideraciones sobre las conductas privadas de las víctimas para descalificarlas.

“Es inconstitucional la práctica de cuestionar la vida sexual o el modo de vida de la víctima en la investigación o el juicio de crímenes de violencia contra mujeres”, dijo el STF en una nota. “Preguntas de ese tipo perpetúan la discriminación y la violencia de género y victimizan doblemente a la mujer, especialmente la que sufre agresiones sexuales”, añadió el máximo tribunal que respondió a una acción presentada por la Fiscalía General.

La máxima corte brasileña prohibió esa práctica no solo en los casos de crímenes sexuales sino en todos los relacionados a crímenes de violencia contra la mujer. Si llegan a ocurrir, los casos serán anulados y los jueces que las permitan podrán ser responsabilizados penalmente.

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Para los magistrados, la estrategia de descalificación de mujeres es una práctica “común” de policías, testigos, abogados, fiscales y jueces en investigaciones o procesos sobre violación o acoso sexual en Brasil. “Preguntan, por ejemplo, el tipo de ropa que la mujer llevaba, si bebía alcohol, si era virgen o con quien se relacionaba”, señalaron en otro comunicado.

“Esa práctica hace que se tienda a culpar a la víctima por el crimen y no al agresor”, escribió la jueza relatora Carmen Lucia al fundamentar su voto. El magistrado Alexandre de Moraes acusó a un “machismo estructural” imperante incluso en el sistema judicial. Brasil registró en promedio cuatro feminicidios por día en 2023, es decir un récord de 1.463, según un estudio publicado en marzo por la oenegé Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).

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Fuente: AFP.

Este lunes 4 de diciembre, el abogado y exconcejal de Asunción Enrique Berni sesionará por primera vez en el Consejo de la Magistratura (CM) en representación del gremio de abogados. El consejero manifestó su intención de hacer un aporte al órgano en pos de lograr procesos de selección más transparentes que redunden en una justicia más accesible a todos los ciudadanos.

“Esperamos renovar el sistema judicial, que sea una justicia sólida, transparente, accesible para todos y sin distinción. El rol que asumimos lo hacemos convencidos de que juntos podemos construir un entorno judicial que refleje los más altos estándares éticos”, expresó Berni en diálogo con La Nación/Nación Media.

El representante de los abogados recibió 7.978 votos de parte de sus colegas en las elecciones del pasado 28 de octubre, convirtiéndose en el más votado en la historia del Consejo de la Magistratura. Esta legitimidad brindada por sus pares será sostenida a través de una buena gestión, explicó el exconcejal capitalino, al tiempo que ratificó que desde el cargo apuntará por una justicia más transparente.

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“Vamos a tratar de imponer el hacer bien las cosas y que sea rentable para la institucionalidad del consejo, la legitimidad que tenemos nos da fortaleza, pero con la gestión debemos ratificarla”, indicó. A las 11:30 de este lunes Berni sesionará por primera vez y señaló que recién a partir de ahí podrá tener una visión de primera mano sobre la realidad de la institución.

No obstante, está convencido de que en el Paraguay existe muy buenos profesionales, por lo que desde la institución se debe hacer el máximo esfuerzo posible para que las personas más idóneas puedan formar parte de las ternas y sobre todo, dar seguridad a la ciudadanía de que las personas seleccionadas por el consejo realmente cumplen con los requisitos.

Existen tres líneas de trabajo claro sobre las cuales trabajará Berni, la primera de ella apunta a que el sistema judicial sea de fácil acceso a la ciudadanía, que realmente sea transparente y que cuente con alta calidad técnica, elementos que coadyuvarán la conformación de ternas de alto nivel, para todo esto es clave el rol de la Escuela Judicial, según explicó.

“Vamos a poner todo nuestro empeño y trabajo en tener una Escuela Judicial con mayor capacidad de recursos, con más ofertas académicas, con más cupos, es lo que queremos aportar, porque estamos convencidos de que por ahí pasa mejorar el nivel de los magistrados”, detalló. El consejo es la puerta de entrada al sistema judicial, por esta razón son importantes todas las decisiones que se tomen en este órgano, manifestó.

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El desarrollo de mecanismos para garantizar la transparencia en los procesos de selección de magistrados también es uno de los objetivos, para esto se debe trabajar en los criterios de selección y otros puntos más de modo que no queden dudas sobre las decisiones del órgano y se gane institucionalidad.

“Hubo hechos importantes como la transmisión en vivo de las sesiones, creo que eso colabora un poco, pero existen todavía algunas cuestiones que pueden traer todavía mayor transparencia y sobre eso vamos a trabajar. Hay algunos ajustes que queremos hacer tanto en los exámenes, criterios de selección que vamos a estar proponiendo oportunamente ya desde una gestión activa”, refirió.

El CM debe estar abierto a los abogados, conocer las problemáticas que atraviesan y estar en un contacto permanente de modo de defender sus intereses. Enrique Berni mencionó su intención de tener un “consejo a puertas abiertas” a todos los oficiales de justicia.

“Vamos a responder a los intereses de los abogados, vamos a resignificar la profesión que es una que tiene muchos problemas en el ejercicio diario, vamos a pelear para solucionar todas esas cuestiones y más allá de hablar, tenemos que saber escuchar, abrir las puertas, entender y estar presente con todo el gremio para fortalecer la profesión”, sostuvo.

Lo importante a partir de ahora es impulsar una gestión para redituar el voto de sus pares y así cumplir con todas las metas propuestas, expuso y afirmó que trabajará incansablemente para devolver la tranquilidad a la ciudadanía en general. “Con un enfoque profesional para que la comunidad jurídica recupere la confianza y redunde en beneficio para todos”, concluyó Berni.

Casi por unanimidad, lo cual nunca se dio hasta este momento, Gustavo Santander fue seleccionado como el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el próximo lunes está previsto el acto de juramento para el cargo. Hablando de la importancia de enfocar sus funciones sobre prioridades específicas, el magistrado manifestó que posee la responsabilidad de iniciar una lucha directa sobre la corrupción, la impunidad y la falta de resolución de determinados procesos judiciales.

“Mi promesa y mi compromiso ante la audiencia pública, y también ante el pleno del Senado, fue el mantenimiento de la transparencia de los actos administrativos como jurisdiccionales porque la gente debe tener acceso a las decisiones de la Corte y de todo el Poder Judicial, de ser posible. Necesitamos dar a conocer cuáles son los jueces que no resuelven los procesos en el plazo correspondiente”, remarcó Santander para el programa “El péndulo”, por Unicanal.

Así, subrayó que la Corte no puede desentenderse de la corrupción de cualquier funcionario, sea fiscal o juez, debido a que cuenta con una herramienta primordial como lo es la “confirmación”. Es decir, para volver a confirmar en sus funciones a determinado colaborador judicial, desde la CSJ deben estudiar sus funciones de manera detallada y evitarlo, si en su comunidad permitió el desarrollo de la impunidad.

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Sobre el peligro de nepotismo en sectores relacionados a la justicia, el magistrado manifestó que la única fórmula para resolver ese problema recae en la realización de los concursos públicos, apuntando además a que accedan funcionarios judiciales brillantes, pese a tratarse del hijo de un magistrado. Expresó que el grado de consanguineidad no puede privar a alguien de desempeñarse en el área judicial, pero los concursos brindarán más transparencia a su labor.

“En cuanto a la morosidad, considero que la mayor cantidad de casos se observa en la CSJ porque allí prácticamente se represa el proceso judicial tanto en la Sala Penal como en la Constitucional. Los juicios tienden a paralizarse, quedando así cuatro o cinco años hasta su prescripción o extinción”, expresó, agregando que para evitar eso se necesita recurrir a las publicaciones de las auditorías, en las que se estipula cuáles son los funcionarios que evitan la continuidad de los procesos.

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Con respecto a la posibilidad de consolidar la institucionalidad del Poder Judicial, el nuevo ministro de la CSJ puntualizó que será posible a través de la independencia, preservando al sector judicial de los sectores políticos, para que no se observen respuestas únicamente hacia ciertos grupos del Estado. Remarcó que desde hace tiempo viene lidiando con la clase política, por lo cual aseguró que no caerá bajo ningún tipo de presiones.

“No obstante, la Corte es un órgano político y tiene la responsabilidad de actuar políticamente para administrar la justicia y cogobierna con el Estado”, recordó Santander, enfatizando que resulta necesario reiterar la diferenciación entre mantener las acciones políticas, sin confundirla con mantenerse bajo los intereses de la clase política-partidaria.