La situación económica, política y social se complica en la Argentina. Crecen las tensiones. Veamos algunas de las más relevantes. Dos días de continuas emergencias violentas en la puerta misma del edificio capitalino donde reside la vicepresidenta Cristina Fernández que transformaron la zona en un espacio público intransitable, fueron el foco informativo privilegiado por la totalidad de los sistemas de medios –públicos y/o privados– en forma ininterrumpida.
La ocupación espacial para ejercer la libertad de expresión a favor y en contra del oficialismo y de su lideresa, se disparó como consecuencia de una acusación fiscal que propone a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 condenar a la vicepresidenta Cristina F. a 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser la presunta jefa de una asociación ilícita para cometer, junto con algunos de sus funcionarios más destacados, entre 2008 y 2015, actos de corrupción sistémica en la asignación de obras públicas cuando era presidenta.
En ese contexto, destacados colaboradores y colaboradoras cercanas a Cristina organizaron con la militancia kirchnerista protestas que finalizaron con disturbios callejeros y enfrentamientos entre policías y manifestantes. “Si la tocan a Cristina qué quilombo se va armar”, es la consigna. Algunos agentes lesionados y un puñado de detenidos fue el saldo de ese par de días de furia política. Grave e irresponsable decisión de quienes, entre otras obligaciones constitucionales juraron “garantizar la paz interior”, como lo prescribe el mismísimo preámbulo de la Constitución Nacional.
Una eventual condena a la señora Fernández no aparece como inminente. ¿Apresuramientos, desesperación o una discutible forma violenta de hacer política? ¿Cómo saberlo? Son hipótesis probables. Para que quede claro, tanto la señora de Kirchner como el resto de los acusados –que aún no ejercieron el derecho procesal a expresarse antes de que los magistrados se expidan– una vez que se conozca el fallo podrán apelar ante la Cámara Nacional de Casación Penal y, aún más, podrían ir en “queja” o hasta con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
No son probables posibles condenas firmes antes del 2026. Vale aquí destacar que la acusación realizada por el fiscal Diego Luciani deberá ser evaluada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y, finalmente se conocerá la sentencia. Es preciso apuntar que, en ese contexto analítico, no es imaginable –en orden a la casuística penal argentina– que dichos camaristas coincidan con la tipificación realizada por el representante del Ministerio Público que califica a la vicepresidenta como lideresa de una “asociación ilícita”, tal como lo prescribe el Artículo 210 del Código Penal.
Para validar una tipificación, se debe probar que los integrantes de esa banda –como se la menciona popularmente a esa figura– así se constituyeron con la voluntad de delinquir. Es muy difícil –cuando no poco probable o hasta imposible– probar que un o una presidenta, parte de su gabinete y algunos otros actores sin cargos gubernamentales, se propusieron llegar al gobierno a través de la voluntad popular con el objeto de robar. En ese caso, si los jueces rechazaran esa tipificación, las posibles sanciones penales a aplicar a la y los acusados se reducen sustancialmente y hasta serían, por los montos máximos previstos en la ley en cada tipo, excarcelables.
Nada de lo sucedido y lo que todo hace pensar que sucederá en esa misma línea, sin embargo, resulta inesperado. Desde junio 2019, tanto desde esta columna semanal como desde las que publican otros medios, las contradicciones entre los integrantes del Frente de Todos (FdT) que, desde cuando finalizaba aquel año, se constituyó en la coalición de gobierno, se profundizan. La sociedad percibe los deterioros institucionales resultantes de esas diferencias, los rechaza y se expresa críticamente solo a través del voto, la herramienta privilegiada de todo sistema democrático.
De hecho, el año que pasó, el oficialismo fue derrotado por las oposiciones en las elecciones parlamentarias. Pero, pese a aquella derrota, nada ha mejorado. Los unos y los otros –oficialistas u opositores– en este año sin elecciones, parecen carecer de tiempos para el bien común y solo tienen ojos para el 2023 cuando habrá comicios presidenciales. En ese contexto, preocupan al oficialismo algunas mediciones de opinión pública.
El consultor Ricardo Rouvier –uno de los más prestigiosos en el orden local–, adherente del kirchnerismo y participante del tanque de ideas que se conoce como Carta Abierta, en su más reciente relevamiento, verifica que “en las elecciones presidenciales 2023″, las y los consultados telefónicamente –1.200 casos– responden que el triunfo se lo darán a un candidato de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC); luego al diputado libertario Javier Milei; y, después, al actual oficialista FdT.
El trabajo de Rouvier tiene un margen de error de +/- 2,8%. “Tanto la imagen del presidente como la de la gestión de Gobierno continúan en caída”, informa el investigador social en su reporte y precisa que “es evidente que Alberto Fernández no obtiene réditos ni de la economía (a pesar de mejoramiento de algunos indicadores), ni de sus disputas internas (porque) los índices de gestión continúan atados a la evolución de la inflación”.
Agrega que la opinión pública al ministro de Economía, Sergio Massa, “no lo recibió con grandes esperanzas” y que “no supera por estos días el 35% de evaluación positiva”. En lo que concierne a intención de voto para 2023, según el trabajo de Rouvier, aunque “muestra muchos indecisos (13,1%)”, Horacio Rodríguez Larreta lidera con 31%; seguido de Milei (Avanza Libertad), 20,9%; Massa, 19%. Cuando el consultor pregunta “intención de voto por espacio”, no por personas, el opositor frente JxC, encabeza con 32,9%; el oficialista FdT, secunda con 27,9%; y, Avanza Libertad, 23,1%. Quienes dicen que votarán “en blanco” alcanza el 5,5%; y, los indecisos, resultan ser el 4,6%”. Rouvier se excusó de continuar el diálogo con este corresponsal por “cuestiones de salud”.
La hipótesis de la derrota no es una buena noticia para el Frente de Todos ya que algunos de sus integrantes –como lo es la propia vicepresidenta y el diputado Máximo Kirchner, entre otros y otras– concluyen sus presentes mandatos el 10 de diciembre 2023. Atravesados por la actividad judicial que los tiene a varios y varias de ellas como acusados, la hipótesis de carecer de fueros legislativos para evitar ser detenidos, aunque no lo expresen o incluso lo rechacen, es inquietante. Las tensiones, sin dudas crecerán.
La sensatez, desde poco más de dos décadas, no parece ser parte de las hipótesis de trabajo de quienes legítimamente procuran gobernar. El voluntarismo aparece como transversal a todos y todas. Lo onírico con lo real no suelen llevarse.
Tal vez sea la hora de renunciar a las imposibilidades, de recuperar el sentido del deber, de volver a definir el ser y el deber ser y, recordar que Joseph Campbell, estupendo escritor, alguna vez sentenció que “debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que planeamos para poder vivir la vida que nos espera”.