“Para muestra basta un botón”, dice la expresión popular que denota que no resulta necesario mostrarlo o enseñarlo todo, ya que de un ejemplo se puede deducir fácilmente todo lo que falta por descubrir.

Es lo que inmediatamente viene a la cabeza luego de escuchar el informe de gestión del presidente Mario Abdo Benítez, quien al concluir su cuarto año al frente del Ejecutivo demostró una vez más su incapacidad y en vez de rendir cuentas a la ciudadanía –que es lo que se espera de un estadista– se pasó atacando a sus adversarios políticos, dejando en evidencia su falta de carácter para enfrentar las dificultades al frente del Ejecutivo.

Por más que se empeñe en querer maquillar los pésimos resultados de su mandato, no puede ocultar los escandalosos casos de corrupción que empañaron su gestión a lo largo de estos cuatro años; y, en ese sentido, lo acontecido en la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas (Dimabel), es solo un ejemplo más de un Gobierno que siempre estuvo a la deriva.

En su carácter de Comandante en Jefe, en vez de tomar cartas en el asunto, una vez más Abdo se desentendió de la situación, a pesar de las evidencias que hablaban de una alevosa entrega de la soberanía en favor de una empresa brasileña. Si bien desde un principio el presidente, Mario Abdo Benítez, había manifestado que en su gobierno él no se iba a meter en el trabajo de los ministros ni de los directores de entes, su desidia convirtió la administración pública en “tierra de nadie”, donde cada uno hace lo que quiere, sin ninguna coordinación ni planificación.

Por si fuera poco, ahora salta a la luz el hecho de que nada menos el director financiero de la Dimabel, coronel Justo Araújo, acérrimo defensor del acuerdo entreguista de la Dimabel a una empresa brasileña y brazo derecho del general Aldo Ozuna, director de la institución castrense, tiene a su esposa Cynthia Huespe, propietaria de la firma Star & Company, como proveedora. Es más, en el portal de Contrataciones Públicas figura el nombre del coronel Araújo como el administrador de los contratos en la institución castrense y su pareja como proveedora de repuestos.

Ante esto, el propio director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, se mostró sorprendido y señaló que constituye un hecho grave, que viola lo establecido en el artículo 40° de la Ley 2091, que expresamente habla de que no podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en dicha ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades “los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación (…) incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses”.

Seitz fue más allá y explicó incluso que las sanciones en el ámbito de las contrataciones públicas podrían ir desde apercibimiento hasta la inhabilitación, además de dar participación a la Contraloría y el Ministerio Público, al tratarse de una conducta de mala fe puesto que se omite en las declaraciones juradas el vínculo existente.

Este tipo de casos fue la constante en estos cuatro años de gestión de Abdo, solo basta observar lo que aconteció en otras instituciones como Petropar, Dinac, Indert, Senavitat, etc. Y nos quedamos cortos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.